El presidente de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional (AN), diputado William Fariñas, calcula que en dos semanas concluirá la segunda discusión de la ley desarme. «En dos semanas se la estaremos enviando al presidente Nicolás Maduro para su promulgación», declaró.
Fariñas atribuyó el retraso en aprobar la ley «a lo técnico del tema», situación que requiere realizar muchas consultas a la Fuerza Armada y demás entes involucrados.
«Esto (el desarme) es un problema apremiante, complejo, pero debemos entender que la ley por sí sola no es una panacea», aclaró el diputado Fariñas, quien sostuvo que a nivel mundial hay una reflexión sobre el desarme.
«Toda esa situación tiene que ver con la producción despiadada de armas cortas a nivel mundial», acotó.
El diputado Juan Carlos Caldera también sostiene que es por problemas netamente operativos que se ha alargado la aprobación de la ley desarme.
«Primero hubo un año de consultas; algo necesario. Después tuvimos la iniciativa del Gobierno que presentó un proyecto de ley, situación que ameritó el nombramiento de una comisión para ensamblar los dos proyectos», detalló el parlamentario opositor. A todo esto Caldera le agregó las dos sesiones interrumpidas después de las últimas elecciones presidenciales.
Caldera dijo que se está trabajando a un ritmo de 20 artículos aprobados en cada sesión. Admite que hubo dos grandes debates a nivel de comisiones, uno de los cuales es el relativo a las «alcabalas administrativas» que desde el Ministerio de Interiores y Justicia se le imponían a la Fuerza Armada para el control de las armas.
Y la segunda discusión fuerte fue si se eliminaba o no el porte de armas para personas naturales, recordó Caldera. «La visión que mayoritariamente se acogió fue mantener el porte de armas pero con restricciones», destacó.
En cuanto a las políticas de desarme, tanto Caldera como Fariñas coinciden en que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) es el órgano rector en esa materia, porque así lo dice el artículo 324 de la Carta Magna.
Sin embargo, Fariñas aclara que el Ministerio de Interiores tendrá su participación en cuanto a la información sobre armas y municiones decomisadas para efectos de la investigación criminal.
De hecho hay un informe de la ya extinta Comisión Presidencial para el Desarme donde se indica que sus investigaciones «encontraron fuertes debilidades de registro y control por parte de los órganos militares que llevan esta tarea, por lo cual se hace fundamental para la política de control de armas orientado a la reducción de la violencia y abordaje de la criminalidad, que estos registros se cualifiquen, tecnifiquen, auditen y compartan».
Un poco de historia. Desde hace tres años la AN debate una ley desarme. Originalmente se pensó en una reforma de la vigente ley desarme que data del año 2002, pero después plantearon la redacción de un nuevo proyecto. Veamos.
El 27 de enero del año 2010, el entonces diputado Juan José Mendoza, presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, le envió a la plenaria el proyecto de ley desarme para su primera discusión.
Al día siguiente, 28 de enero, por unanimidad los diputados aprobaron en primera discusión aquel proyecto y lo remitieron de vuelta a la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa para que realizase las consultas pertinentes y emitiera un informe para la segunda discusión. Esto se produjo en junio de ese año.
Pero fue en septiembre de 2010, concretamente el jueves 16, cuando la AN comenzó la segunda discusión del proyecto de ley desarme. Ese día aprobaron sólo dos artículos.
Vinieron las elecciones parlamentarias, se eligió una nueva AN y tres años después (el pasado martes 9 de abril) se retoma la segunda discusión de la ley desarme. Pero el proyecto que debaten no es el mismo considerado en septiembre de 2010. Es uno nuevo que surgió de dos proyectos: uno enviado desde el Gobierno y otro de la propia AN. Hasta ahora llevan 60 artículos aprobados. Faltan 66 por aprobar.
