Comienzan juicios a paramilitares colombianos por crímenes de lesa humanidad
Bogotá.- Los juicios a unos 2.695 ex paramilitares acusados de crímenes contra la humanidad comienzan este jueves en Colombia con expectativa por la confesión a que están obligados los irregulares para beneficiarse de una pena máxima de ocho años de cárcel pactada en el plan de desarme.
El proceso se inicia con la comparecencia de Wilson Salazar, alias «El Loro», ante una unidad especial de la Fiscalía en la ciudad caribeña de Barranquilla (norte), donde rendirá testimonio por cargos de homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, reseñó AFP.
Salazar fue condenado en ausencia a 19 años de prisión por un asesinato, pero con su sometimiento a la ley de Justicia y Paz -marco jurídico del diálogo entre los grupos de ultraderecha y el gobierno- podrá recibir una pena de entre cinco y ocho años siempre que confiese el delito y repare a las víctimas.
Si el acusado oculta información perderá los beneficios y será procesado por la justicia ordinaria, según establece la norma, que prevé la participación de las víctimas en las audiencias.
Esta es la primera vez en más de cuatro décadas de conflicto que ex combatientes de un grupo ilegal comparecen ante la justicia para someterse a este tipo de procesos.
Se estima que antes de que concluya el año se iniciarán los juicios contra otros tres ex jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre ellos Salvatore Mancuso, sindicado de varias matanzas de civiles y pedido en extradición por Estados Unidos acusado de narcotráfico.
Salazar era un mando medio de un grupo paramilitar que operaba en el norte del país y que se desmovilizó en el marco de un proceso de paz que sacó de la guerra a unos 31.000 combatientes, la mayoría de los cuales será indultado al no estar acusados de crímenes de lesa humanidad.
«Quienes acceden a los beneficios deben tener en cuenta que la sociedad ha sido extremadamente generosa, pues en vez de 40 de años de cárcel pueden pagar siete si colaboran con lo que está previsto en la ley», dijo este jueves Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión gubernamental de Reparación, que debe velar por los afectados.
«Ello incluye la devolución de bienes a las víctimas, su reparación, la confesión de la verdad, las garantías de no repetición de actos criminales, el abandono del narcotráfico y pedirle perdón a los afectados», añadió.
Los juicios comenzaron una semana después de que los ex líderes de las AUC rompieran la interlocución con el gobierno en rechazo a su traslado a una cárcel de alta seguridad, luego de que el presidente Álvaro Uribe denunciara un plan de fuga, desmentido por los irregulares.
