Corrupción y seguridad en América Latina

La corrupción para algunos es un fenómeno cultural que está subyacente en el comportamiento de ciertos pueblos que lo consideran normal y hasta necesaria en su quehacer diario. Para otros, tiene como caldo de cultivo exclusivamente las instituciones públicas y hay quienes lo identifican como un mal propio del sector privado.
Si buscamos en el diccionario de la Real Academia Española conseguiremos como definición «Acción y efecto de corromper» y «En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores». Para la organización Transparencia Internacional es «el abuso del poder para el beneficio privado».
La corrupción es una acción o situación de carácter universal que corroe las instituciones,  destruye la confianza en los gobiernos, afecta el normal desenvolvimiento de la sociedad y le endosa elevados costos.
En lo que respecta a la seguridad, los costos se ven representados en múltiples formas que van más allá de simplemente dinero. Es así como por ejemplo en el área penal previo pago, se agilizan retardos procesales provocados afectando  al resto de una población o se permite el acceso de objetos normalmente prohibidos a centros penitenciarios. Se puede distorsionar lo que debe ser una transparente y técnica evaluación de equipos para instituciones de seguridad del Estado, adquiriendo bienes de baja calidad o innecesarios. Funcionarios policiales se prestan a realizar actividades de protección a entes privados en sus horas de labores, disminuyendo el margen de seguridad que debería estar orientada hacia la seguridad pública. Licencias de conducir son vendidas y revisiones de vehículos de transporte son realizadas sólo en el papel, poniendo en riesgo la seguridad de personas y bienes de quienes viajan.
Pero el sector privado no se escapa de este tipo de casos. El blanqueo de capitales principalmente en paraísos financieros distorsiona la economía de los países. El espionaje industrial se vale de la corrupción para facilitar el acceso a información que de otra forma no sería posible. La venta de productos falsificados de todo tipo es una industria que maneja millones de dólares en la región gracias entre otros, a la participación cómplice de una cadena de comercialización privada.
El estudio Corruption perceptions index 2014 elaborado por Transparencia Internacional, nos da una idea de cómo está Latinoamérica en cuanto al nivel de percepción de corrupción del sector público en 174 países. Si buscamos entre los primeros 15 países con mejores resultados, no ubicaremos ningún país latinoamericano. Pero si por el contrario revisamos los que reflejan mayor percepción de corrupción en la región encontramos a Venezuela en el puesto 12 y a Haití en el 13.
Aunque a primera vista pareciera que el abordaje al tema de la corrupción es un asunto exclusivo del Estado, no es así. A finales de los años 80 tuve la oportunidad de participar en una serie de ponencias organizadas por la Japan External Trade Organization, que es el organismo oficial de Japón para el comercio exterior. Allí explicaron que cuando a un individuo se le comprobaba su participación en hechos de corrupción, las espontáneas manifestaciones de rechazo de la sociedad en su conjunto eran de tal magnitud, que la persona solicitaba perdón a sus faltas en público en medio de llantos y otras manifestaciones de arrepentimiento. De lo contrario, se le expulsaba de clubes y organizaciones gremiales entre otros, además de ser «marcado» en todo su entorno haciendo prácticamente imposible la interacción con el resto de la población.
Como particulares tenemos las posibilidades y el deber de asumir conductas que permitan combatir la corrupción en sus diversas manifestaciones. Ante candidatos políticos no aceptar las frases «roba pero poco» o «roba pero lo hace bien»; ya que con ello premiamos la deshonestidad y favorecemos distorsionados modelos de lo que debe ser un servidor público. No participar en actividades donde la corrupción forma parte, ya que igual de corrupto es quien paga para favorecerse como quien recibe el dinero. Hacer de la honestidad un valor que desde los hogares y escuelas se siembre en la cultura de los niños, y que forme parte de los decálogos de conducta de las instituciones públicas y privadas.
Los estados, las empresa privadas y la sociedad civil deben trabajar en conjunto para desarrollar y llevar a cabo estrategias de combate a la corrupción.
La inacción es la tácita negación a aceptar y generar cambios positivos y a ser modelos de conducta honesta.  En esos momentos se abren las puertas a quienes no tienen reparos en distorsionar su vida y la de los suyos para obtener beneficios a cualquier costo, incluyendo su seguridad.
@alfredoyuncoza