Desafíos de la era digital en Latinoamérica

Se han de aprovechar los beneficios digitales y hacer frente a la ciberdelincuencia global, que estará más presente en función de la penetración que logren los ciudadanos en la incorporación de las tecnologías digitales.

La permanente digitalización de la información, tanto en los niveles gubernamentales como en el sector privado, y la globalización han permitido el acceso a equipos informáticos, ya sea de escritorio o móviles. Esta es una constante que crece en Latinoamérica, llegando a todos los niveles y comprometiendo a los diferentes actores de estos avances para garantizar la confiabilidad, disponibilidad e integridad de la información.

A tenor de la diversidad de culturas, el crecimiento económico, la inclusión tecnológica, el apoyo gubernamental, los costes de la tecnología y de los planes de acceso a Internet, etc., el comportamiento en Latinoamérica es disímil, ya que algunos países presentan altos niveles de digitalización y otros tienen atrasos importantes en su uso cotidiano. En ambos casos, se definen una serie de factores de análisis que exponemos a continuación.

Distintas generaciones

En primer lugar, se ha de valorar la edad. Al menos, existen tres generaciones interactuando con la información. En primer lugar se encuentran los baby boomers, personas de entre 50 y 68 años a las que han impactado los grandes desarrollos tecnológicos, especialmente en los últimos tres lustros, y a quienes, en muchos casos, no les ha sido fácil asimilar sus usos y beneficios. En definitiva, miran a las nuevas tecnologías con desconfianza.

A continuación figuran los millennials, ciudadanos de entre 36 y 49 años que han incorporado la tecnología a su vida con mayor facilidad. Y por último, podemos establecer un tercer grupo, denominado la generación X, conformado por personas de entre 18 y 35 años que ven la tecnología como algo cotidiano e inherente. Tal y como refleja Mabel Cajal, experta en marketing digital, en uno de sus artículos, diríase que es una extensión de su comportamiento.

Niveles de educación

Otro factor son los niveles de educación. Sobre este indicador es preciso hacer varias segmentaciones, ya que Latinoamérica tiene índices de educación más bajos en comparación con los países con indicativos de desarrollo humano superiores. Los niveles de educación están altamente relacionados con la utilización de las tecnologías, estableciéndose una relación entre la adopción y uso de las tecnologías por parte de las clases más educadas y la menor tasa de utilización por parte de las que poseen bajos niveles educativos.

Ingresos económicos

Los ingresos económicos tienen un comportamiento similar a los educativos. Pero con ellos deben ponderarse los esfuerzos de promoción gubernamentales en materia de inclusión digital al eximir de impuestos a los equipos digitales de escritorio y móviles con el fin de promover su adquisición, ya que las cargas impositivas han influido en la asequibilidad y en el número de usuarios que utilizan los dispositivos. Según el estudio Connected Society. Inclusión digital en América Latina y el Caribe, de GSMA, estas regiones presentan el nivel más bajo del mundo en lo que a la desigualdad de ingresos se refiere. Para las personas que se encuentran en la base de la pirámide económica, la asequibilidad es una de las principales barreras para conectarse a Internet.

Aspectos fundamentales

El ancho de banda, la cobertura y los costes económicos son, sin duda, aspectos fundamentales relacionados con la digitalización. Ello se traduce en la relevancia de incrementar o proveer la capacidad suficiente de las redes físicas e inalámbricas, así como de regular el coste del consumo por ancho de banda por cada giga. Y también son trascendentes las áreas de cobertura de cada país, pues son disímiles. Así, encontramos países, como Argentina, donde la penetración de Internet es del 65 por ciento, cifra que contrasta con el 39 por ciento de Bolivia.

Del mismo modo, los costes varían sustancialmente. En este sentido, es útil traer a colación una investigación realizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en relación al comportamiento de los precios. En ella, se observa que las tarifas de bolsas de datos prepago de banda ancha móvil con vigencia de 30 días –con capacidad de transferencia de datos próxima a un giga– tienen diferentes precios y capacidades a lo largo de la parte austral del continente. En Uruguay se cobran cuatro dólares de media, un precio razonable frente a los 17 dólares de Costa Rica.

Por lo tanto, reluce un comportamiento irregular en la región en lo referente a los aspectos de la adopción de tendencias a la digitalización. Pese a ello, es innegable su crecimiento, como lo demuestra un estudio realizado por World Stats. El informe muestra a América Latina y el Caribe como la tercera zona del planeta que más usuarios de Internet ha registrado desde el año 2000 hasta el presente, con un crecimiento del 1.672,7 por ciento y contabilizando a más de 320 millones de usuarios, lo que equivale al 52,3 por ciento de su población actual.

Aspectos legales

En cuanto a los aspectos legales, los países latinoamericanos tienen posiciones comunes y versiones similares; de hecho, se observan tendencias para alinear sus esfuerzos. En Latinoamérica, la adaptación de las políticas públicas y los ordenamientos jurídicos a los nuevos retos digitales se ha manifestado en poner especial atención a los países que son líderes tecnológicos en el continente, como EEUU, pero también se mira a Europa, donde se han aprobado directivas en dicha materia.

Igualmente, de manera progresiva, se han ido adaptando acuerdos internacionales como el de Budapest –tratado internacional que busca hacer frente a los delitos informáticos y en Internet mediante la armonización de leyes nacionales, la mejora de las técnicas de investigación y el aumento de la cooperación entre naciones–. No hay que olvidar que los aspectos legales son especialmente relevantes entre Gobiernos, ya que muchos de los cibercrímenes son transnacionales y se requiere apoyo, diálogo abierto e instrumentos jurídicos que permitan a los Estados interactuar de manera rápida y eficiente.

Privacidad versus seguridad

Por lo que respecta a la privacidad de los ciudadanos y la seguridad gubernamental, existe un proceso de sensibilización común en la región. Los Gobiernos y sus ciudadanos tienen clara la importancia de las bases de datos y dónde se almacena información personal en cualquiera de sus formas. Ambos actores concuerdan en la importancia de abordar políticas, procedimientos y normas que regulen la captura de información, su almacenamiento y divulgación.

En este orden de ideas, se han realizado esfuerzos que han permitido definir y promover regulaciones que obligan a las entidades públicas y privadas a preservar y administrar las bases de datos; de no ser así, una divulgación inadecuada conlleva importantes sanciones económicas. En este sentido, los factores diferenciales para el tratamiento de información radican en los datos que cada país considera sensibles y la forma de aceptación e incorporación en bases de datos de terceros.

Seguridad de la información

Este apartado es uno de los más sensibles en la región tanto por su impacto económico como social. Cada vez que los ciberdelincuentes logran vulnerar su objetivo y comprometer la actividad o el patrimonio de los usuarios, estos últimos comienzan a considerar que Internet y las operaciones comerciales realizadas a través de la Red son un riesgo. Así, se hacen imprescindibles los esfuerzos en materia de seguridad por parte de la banca y de las grandes superficies.

Como ejemplo, merece la pena citar el informe Ciberseguridad. ¿Estamos preparados en América Latina y el Caribe?, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de los Estados Americanos (OEA). Según el estudio, muchos países de la región son vulnerables a ataques cibernéticos potencialmente devastadores. Cuatro de cada cinco países no tienen estrategias de ciberseguridad o planes de protección de infraestructuras críticas. Dos de cada tres no cuentan con un centro de mando y control de seguridad cibernética. Y la gran mayoría de fiscalías carecen de capacidad para perseguir delitos cibernéticos. Estos datos ponen de manifiesto que los Gobiernos, el sector privado y los ciudadanos deben incrementar los esfuerzos en el fortalecimiento de la seguridad de la información.

Las entidades bancarias y el comercio digital son los grandes promotores de la digitalización y quienes, a través de Internet, más encuentran beneficios en la promoción de sus productos, así como una reducción de gastos operacionales. Estos actores invierten en la promoción de sus servicios, transmitiendo confianza a los usuarios y demostrando fácilmente los beneficios del manejo de sus billeteras digitales al hacer transferencias y compras. Y todo ello bajo una expectativa de seguridad. Las entidades bancarias suelen contar con una estructura sólida de la que se sirven los usuarios para llevar a cabo transacciones seguras.

Por último, es importante mencionar que en la región se han implementado los denominados CSIRT, equipos de respuesta a incidentes informáticos donde se reúnen los más destacados profesionales de cada país para monitorizar los comportamientos y tendencias criminales. Del mismo modo, las autoridades gubernamentales cuentan con el apoyo permanente de la OEA y del BID, así como de instituciones privadas que lideran el mercado digital.

Cada país tiene diferencias en la madurez de la organización de las tecnologías que emplea. Pero, al ser información de orden técnico, el lenguaje es común y de fácil divulgación e interpretación por los profesionales de la seguridad. Al respecto, el idioma universal es el inglés, una pequeña barrera a superar por algunos.

Conclusión

En definitiva, Latinoamérica se encuentra en la senda del crecimiento digital, lo cual acarrea desafíos que los Gobiernos, el sector privado e incluso la ciudadanía deben aceptar. Se han de aprovechar los beneficios digitales y hacer frente a la ciberdelincuencia global, que estará más presente en función de la penetración que logren los ciudadanos en la incorporación de las tecnologías digitales. Por ello, el gran reto es la seguridad de la información, la preservación y el respeto de la privacidad dentro de los niveles permisibles de convivencia legal de las sociedades digitales.

Fuente: segurilatam.com