El gobierno de Venezuela ha alentado un enfoque de «mano dura» en materia de seguridad ciudadana. Según organizaciones no gubernamentales, las operaciones llamadas «Liberación del Pueblo» han arrojado más de 800 muertes en 2016.
La movilización se llevó a cabo en el vertedero de basura de La Bonanza, en los Valles del Tuy, al suroeste de Caracas. De acuerdo con la policía allí opera la banda de secuestradores liderada por alias «Buitre». En la primera fase del rescate fueron ultimados tres hombres, uno de ellos un adolescente de 16 años de edad, apodado «El Fresa».
Poco después, los agentes regresaron al mismo terreno, y fue entonces que pudieron hallar al cautivo en el interior de una camioneta. Los secuestradores supuestamente volvieron al basurero y se enfrentaron al grupo policial. Todos murieron.
En las redes sociales fue celebrada la eliminación de una parte de la banda. De acuerdo con versiones periodísticas, en el botadero de basura había un «búnker» donde metían a las personas secuestradas. Pero hasta el momento no hay constatación fotográfica sobre la existencia de esa instalación.
Una década atrás, estas ocho muertes hubiesen ocasionado escándalo en la opinión pública. Ahora, según Inti Rodríguez, Coordinador de Investigaciones de la organización de Derechos Humanos Provea, no existe ningún reproche. Por el contrario, «hay mucho consenso entre el gobierno y la oposición en cuanto a que es necesaria la mano dura para afrontar la crisis de seguridad ciudadana».
Las cifras del Ministerio de Relaciones Interiores (MRI) conocidas extraoficialmente reflejan un acentuado incremento en las muertes por supuestos enfrentamientos con efectivos policiales o militares, conocidas en términos técnicos como «resistencia a la autoridad». Durante los primeros nueve meses de 2016 han sido reportadas 4.156 personas fallecidas en estas condiciones.
En otros términos, en Venezuela este año los cuerpos de seguridad han abatido a quince personas en promedio diario, o una persona cada hora y media.
No todos los casos de resistencia a la autoridad terminan con la muerte de una persona. Según el director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño León, este año han ocurrido muertes en siete de cada diez casos que entran en esta categoría. En 2015 la proporción era de cuatro por cada diez casos.
A toda hora
Las ocho muertes en La Bonanza ocurrieron entre las 2 p.m. y las 4 p.m., que son las horas del día en las que según el MRI se están produciendo la mayoría de los casos.
Sin embargo, una importante fracción de estos fallecimientos ocurre también durante las primeras tres horas de la jornada, cuando usualmente disminuye la actividad policial.
Fuente: MRI
Esto sugiere que los agentes también aprovechan las horas de la madrugada para llevar a cabo ciertas operaciones con actividad violenta. Las más conocidas son denominadas Liberación del Pueblo (OLP). Comenzaron en julio de 2005 en los sectores de Cementerio y Cota 905 de Caracas. Desde entonces hasta el 31 de octubre han ocasionado la muerte de 805 personas, según el portavoz de Provea. De ellas 560 han ocurrido este año.
Al momento de escribir este trabajo se lleva a cabo una OLP en el sector Pinto Salinas de Caracas. La actividad, como las precedentes en otras partes de la capital, comenzó en horas de la madrugada.
Las estadísticas, basadas en minutas policiales, indican que la mayoría de las muertes por enfrentamientos con policías ocurre en vías públicas, carreteras y parques (48,7 por ciento), y otra porción importante en barrios periféricos y caseríos rurales (36,4 por ciento).
Fuente: MRI
Pero las minutas policiales tienen pocos detalles sobre los lugares donde realmente ocurren las muertes. Según Rodríguez, en las investigaciones de campo se ha determinado que los agentes entran a las viviendas y ultiman a los supuestos delincuentes cuando ya los han sometido y están en custodia.
Aunque la Fiscalía suele guardar silencio en torno a estos casos, en agosto de 2015 tuvieron que pronunciarse cuando se conoció que unos agentes del estado Carabobo mataron a un joven y luego regresaron a la casa donde vivía su tío y lo mataron también, para borrar cualquier rastro.
Ese mismo mes, cinco agentes de la Policía de Aragua fueron detenidos cuando se divulgó un video en el que aparecen matando a un hombre, luego de que supuestamente hicieron lo mismo con otros tres.
Policías vs. hampones
Una de las razones que explicaría la agudización de la violencia policial sería el incremento en el número de bandas criminales así como el poder de fuego de tales grupos.
«Este exceso de bandas no lo conocíamos, y lamentablemente hay que decir que en esas bandas también hay policías,» afirmó Donnagee Sandoval, directora de la fundación Fundepro, que asiste a funcionarios en apuros.
La cifra de agentes, militares y escoltas muertos en Venezuela hasta octubre (342) sugiere que este año se llegará a un récord. También indica que no existe un equilibrio entre el número de policías y militares fallecidos y su contraparte en el mundo delictivo.
Fuentes: MRI/Fundepro
La proporción de agentes muertos con respecto a los supuestos delincuentes ultimados en enfrentamientos durante 2016 es de 1 por cada 13.
Además, según Sandoval, solamente 61 de los funcionarios estaban en tiempo de servicio cuando fueron atacados. Esto equivale al 17,4 por ciento.
Según el portavoz de Provea, durante las operaciones Liberación del Pueblo de 2016 solo han muerto un agente al recibir fuego de antisociales, y otros tres han sido heridos.
Aún así, el tema de las muertes de uniformados preocupa al gobierno, debido al incremento sostenido en las cifras de los últimos años. En una reunión con directores de cuerpos policiales de todo el país, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz mayor general Néstor Reverol señaló que las bandas criminales podían ser consideradas como «paramilitares», lo que en su criterio justificaría un uso más extendido de la fuerza letal.
Desde que este militar de la Guardia Nacional fue designado para el cargo en agosto, el promedio de muertes a manos de policías es 525 mensuales.
Según Rodríguez, el discurso de combate al “enemigo interno” ha calado de tal forma en el país que un cambio de gobierno no alteraría estas prácticas con rapidez.
«Hay un consenso que quizá impida la adopción de otras políticas. Lo más grave es que tenemos una administración de justicia partidizada y corrupta, que deja una impunidad de 98 por ciento en los delitos,» advirtió.
Fuente: es.insightcrime.org