Investigación confirma abuso policial durante cumbre del Alca de 2003

HELENA POLEO
El Nuevo Herald
Las fuerzas policiales cometieron atropellos y abusos de poder en su respuesta a las manifestaciones realizadas durante la reunión ministerial en Miami del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en el 2003, según un largamente esperado informe revelado ayer por el Panel Civil de Investigaciones (CIP) de la Ciudad de Miami.
»Es la culminación de muchos, muchos meses de arduo trabajo», aseveró Larry Handfield, presidente del CIP, en la presentación del informe en la alcaldía de Miami. «El informe es beneficioso para saber cómo la policía de Miami responderá a este tipo de eventos en el futuro».
Esta investigación es la más profunda que ha elaborado el panel desde su creación en el 2001, cuando los electores de Miami votaron a favor de que se formara una entidad independiente para supervisar a la policía de Miami, luego de varios tiroteos controversiales y denuncias de maltratos por parte de agentes.
El panel investigó decenas de acusaciones contra la policía de Miami y otras 26 agencias que participaron en el control del orden en el downtown durante la reunión del ALCA. Sin embargo, la jurisdicción del panel sólo se extiende a la policía de Miami.
»La mayoría de los policías se comportaron admirablemente, profesionalmente y con disciplina», relata el documento. «Sin embargo, se observaron actos de mala conducta policial».
Dentro de los hallazgos del informe está el que los policías cachearon, detuvieron o arrestaron a manifestantes ilegalmente; utilizaron armas no letales, como pistolas eléctricas, de manera indebida; emplearon la fuerza de forma indiscriminada contra los manifestantes; y comunicaron sus órdenes por medio de un altavoz, lo que llevó a la confusión y a numerosos arrestos.
El informe agregó que, de los 219 arrestos practicados durante las protestas, sólo cuatro culminaron en un veredicto de culpabilidad.
»Esto siembra dudas sobre la legitimidad de los arrestos», señaló Handfield.
El informe incluye una lista de 21 quejas por parte de ciudadanos. Sin embargo, los casos se cerraron sin llegar a conclusiones.
»Tuvimos que cerrar los casos porque los que presentaron los reclamos no podían identificar a los policías, no comparecieron ante el comité, los testigos no corroboraron la historia, o los policías en cuestión pertenecían a otro departamento», acotó Janet McAliley, presidenta del subcomité de quejas del CIP.
Según el documento, aunque la mayoría de los policías de Miami se encontraban debidamente vestidos e identificados, policías de otras agencias no contaban con esta identificación, por lo que fue imposible continuar algunas de las investigaciones.
»Esto es frustrante porque las quejas describen situaciones indignantes en que se violaron derechos», agregó McAliley. El informe contiene 24 recomendaciones, entre ellas que la policía de Miami tome mayor liderazgo en eventos de este tipo dentro de la municipalidad, mejorar la comunicación entre las agencias y con los manifestantes, y mayor entrenamiento para los policías que van a trabajar durante los eventos.
»Tiene que haber un balance entre la protección de los derechos de los manifestantes y la protección de propiedad», afirmó Handfield.
El presidente del CIP destacó su descontento con que no les hayan dado acceso al manual de operaciones de la policía de Miami. El panel luchó por obtener el documento, pero el jefe del departamento, John Timoney, se negó a entregarlo alegando que debía permanecer secreto por razones de seguridad.
»Es una lástima que el jefe de la policía haya obstaculizado que obtuviésemos el documento, el cual el público tiene derecho a conocer», aseveró Handfield.
Angel Calzadilla, vocero de Timoney, afirmó que el jefe de la policía no ha recibido copia del informe, por lo que declinó comentar.
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