Según la fundación Friedrich Ebert Stiftung, “la seguridad constituye un bien público que concierne a todos los países de la región. Por ello, entendemos que requiere cooperación transfronteriza, bilateral y multilateral; incluyendo a actores públicos y privados para construir una política pública transparente y continua, con el fin de lograr un ambiente de confianza mutua y facilitar una actuación regional”.
Todos tenemos derecho a vivir en un ambiente seguro. Una de las funciones primordiales de un país es velar por la seguridad de los ciudadanos pero, sobre todo, prevenir actos delictivos antes de que ocurran. Esta meta sólo puede cumplirse a través de la seguridad pública y privada. La finalidad de esta publicación es desarrollar estrategias que permitan aplicar futuras políticas y discusiones para el enlace y apoyo entre ambos sectores.
Los Estados tienen el deber de garantizar la seguridad de los individuos, lo que implica brindar las condiciones necesarias para hacer posible la convivencia. Las políticas de seguridad no pueden pensarse de una manera aislada, necesitamos implementar una seguridad basada en el diálogo y en nuevas formas de hacer cultura, donde no exista el miedo ciudadano.
El experto en seguridad y presidente de la asociación Pro Seguridad Ciudadana (APROSEC), César Ortiz Anderson, señala que se debe evitar que la seguridad ciudadana sea “tarea de todos, responsabilidad de nadie”. El nuevo entorno requiere de una seguridad que no sea tarea exclusiva de los cuerpos uniformados, sino también de otros agentes sociales, como la misma comunidad y las empresas privadas. Esto supone llevar a cabo nuevas prácticas que permitan responder a las demandas de seguridad existentes, con la participación activa de todos los actores involucrados.
El tema de la seguridad se ha constituido cada vez más en un factor determinante para las decisiones fundamentales de inversión, ubicación y permanencia de las empresas. “Además que es un tema que influye decididamente en los costos operativos de las empresas afiliadas”.
El ex Presidente del Comité de Control y Prevención de Pérdida, Franklin Chaparro Rojas, se inclina más en el plano de la cooperación entre la seguridad pública y privada y asegura que ambas fuerzas deben ser “un binomio indisoluble”. Asegura que es fundamental agregarle el aspecto de la transformación y que es necesario incorporar a la comunidad, “la cual es la mejor expresión de control social que existe”.
Chaparro reconoce que tanto el sector público como el privado tienen fortalezas y debilidades y que, por ende, deben apoyarse mutuamente ya que las metas de ambos son comunes: reducir el índice de criminalidad a través de la tecnología y organización; así como disminuir las amenazas, vulnerabilidades y riesgos para transformar la cultura de la violencia por la solidaridad y prevención.
El presidente de Fepasep, Fernando Freile, señala que la seguridad privada debe ser considerada como el complemento de la seguridad pública. También agrega que los Gobiernos deben ver a la seguridad privada como “”su aliado estratégico, como parte esencial y fundamental de una gravitante política de seguridad estatal y no como un oficio más, sino como verdaderos y dignos profesionales generadores de fuentes de trabajo y de aporte económico, en beneficio de nuestros países”.
La participación privada debe tomar en cuenta no sólo los intereses particulares de los contratantes. Para Gustavo Béliz32, debe estar orientada por las prioridades del colectivo, por el interés público.
Sobre esta base se pueden llegar a acuerdos que concilien todas las esferas de interés. ¿Qué asunto puede resultar más unificador que la lucha contra la delincuencia, el rescate de la tranquilidad y de los espacios públicos? Estos son objetivos en los que las agendas de los particulares y la pública pueden sintonizarse, especialmente en un clima político que proclama la participación y el protagonismo de la gente.
Este acercamiento, indica Béliz, debe ser orientado por varios aspectos:
Principios de la participación:
• La voluntariedad, que implica compartir responsabilidades en un esquema donde las jerarquías han sido derribadas.
• Optimización en el uso de los recursos.
• Acuerdos con propósitos y modos de acción trazados de la forma más explícita posible.
• Acción sobre la base de los riesgos compartidos, e igualmente de los beneficios.
Esquema de incentivos para todas las partes:
• Construcción de confianza y legitimidad.
• Propósito de sustentabilidad; cada sector retiene su responsabilidad, pero participa a resolver un problema común.