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MARBELLA.- El ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, y la ex primer teniente de alcalde Isabel García Marcos han salido de la cárcel para prestar declaración en los juzgados de Marbella por dos procesos judiciales distintos.
Juan Antonio Roca. (Foto: JAVI MARTÍN)
Roca, presunto «cerebro» de la trama de corrupción urbanística descubierta en la ‘operación Malaya’, y García Marcos, ambos internados en la prisión provincial de Alhaurín de la Torre (Málaga), llegaron a las dependencias judiciales a las 8:50 horas en furgones separados y custodiados por la Guardia Civil.
Esta es la segunda vez que el juez instructor de la ‘operación Malaya’, Miguel Ángel Torres, cita a declarar a Roca, y según su abogado, José Aníbal Álvarez, se presume que podría realizarse un nuevo registro en la vivienda, ya que las fuerzas de seguridad han advertido a la esposa del ex asesor de Urbanismo que permanezca en su domicilio.
Juan Antonio Roca se encuentra en prisión incondicional desde el pasado 29 de marzo, al existir riesgo de fuga según el juez instructor y por concurrir la reincidencia al tener otras causas pendientes.
El magistrado imputa a Roca los presuntos delitos de blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación como inductor, alteración de precios en concursos y subastas públicas, malversación de caudales y contra la flora y fauna, entre otros.
La defensa del ex asesor urbanístico tiene presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial para la puesta en libertad provisional de su cliente, aunque todavía no se ha resuelto.
El juez Torres mantiene que Roca es dueño de inmensas fincas, un palacio, dos hoteles, un aparcamiento y un helicóptero y que controlaba y dirigía las decisiones municipales por encima de la que fuera alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe.
Por su parte, García Marcos ha sido citada a declarar en calidad de imputada junto a otros ediles de la Corporación municipal que presidía la ex alcaldesa Marisol Yagüe ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3, Gonzalo Dívar, por un presunto delito de prevaricación relativo a la aprobación de un proyecto de ejecución de obras, contrario al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente y que fueron llevadas a cabo por constructoras como Turasa, Construcciones Salamanca y Obarinsa.
Su abogado defensor, José Carlos Aguilera, había solicitado el aplazamiento de esta citación.
Ante este el juez Dívar deberán prestar declaración también Tomás Reñones, que debe comparecer, además, por el ‘caso Magenta’ ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4, Antonio Jesús Jiménez, y que se encuentra en las dependencias judiciales; Pedro Pérez; Carlos Fernández; Carmen Revilla y José Jaén.
‘Operación Malaya’
La ‘operación Malaya’, que dirigen el titular del Juzgado de Instrucción nº5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, y la Fiscalía Anticorrupción, se ha saldado con la detención de 27 personas y la incautación de efectos por valor de 2.600 millones de euros (según la última actualización) entre los que hay obras de arte, caballos de pura raza, armas, importantes cantidades de dinero, vehículos de lujo y un helicóptero.
El juez ha ordenado prisión incondicional para 12 personas: la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe; la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos; el asesor municipal de Urbanismo y presunto ‘cerebro’ de la trama, Juan Antonio Roca; el concejal de Tráfico y Transportes, Victoriano Rodríguez; el empresario detenido en Madrid Ismael Pérez Peña; el empresario Óscar Benavente Pérez; la presunta testaferro, Montserrat Corulla, cuatro abogados del bufete madrileño Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor (Francisco Soriano Pastor, Juan Luis Soriano Pastor, Manuel Sánchez Martín y Manuel Juan Sánchez Zubizarreta) y el empresario Rafael Llopis.
Además, el magistrado decretó libertad bajo fianza para otros dos abogados del citado bufete (Francisco Soriano Zurita -90.000 euros- y Miguel Pérez Camino -30.000 euros-); para el concejal de Cultura del Ayuntamiento marbellí, José Jaén (30.000 euros; pesan sobre él cargos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y maquinación para alterar el precio de las cosas), para los empresarios José Luis Alonso Boyer (20.000 euros) y Julio de Marco (12.000 euros; acusado de cohecho) y para el jefe de la Policía Local marbellí, Rafael del Pozo (20.000 euros).
Asimismo, el juez Miguel Ángel Torres decretó libertad sin fianza pero con cargos de cohecho y tráfico de influencias contra el empresario Juan Miguel Saavedra, el secretario municipal del Consistorio marbellí, Leopoldo Barrantes y Julio Blasco Bazo-Garrido, imputado este último por blanqueo de capitales como presunto testaferro de Juan Antonio Roca.
Con cargos de blanqueo, fueron puestos en libertad los presuntos testaferros Jaime Hachuel, José Luis Benavente Pérez, Salvador Gardoqui, María Úrsula Q.L. y Ernesto Ramón Celdrán.
Los directivos de la empresa de autobuses Portillo, Joaquín Martínez Vilanova y José María Pérez Lozano, fueron puestos en libertad con cargos de cohecho.
