El anuncio del fiscal federal de la causa AMIA, Alberto Nisman, sobre que la identidad del conductor suicida que se inmoló en el atentado a la AMIA estaría confirmada, plantea una luz de esperanza frente al atentado terrorista más grave que afrontó la Argentina.
De corroborarlo las actuaciones judiciales posteriores, será sin dudas un punto de inflexión en la investigación del atentado.
Es que durante más de once años, desde aquel 18 de julio de 1994, no hubo ningún avance concreto sobre estos hechos, que para la imagen de la Argentina ante el mundo, era una evidencia de debilidad institucional al no mostrar un funcionamiento eficaz las estructuras estatales encargadas de investigar y esclarecer el hecho.
Desde el punto de vista internacional, considerando los acontecimientos que han ocurrido en el mundo en estos años, con el terrorismo fundamentalista constituido en amenaza principal, permiten comprender que lo sucedido en la Argentina –no sólo con el atentado sufrido en 1994 contra AMIA sino también dos años antes contra la Embajada de Israel-, fue un capítulo local de un conflicto mundial que en el siglo XXI, se ha transformado en la mayor amenaza para la seguridad internacional.
A nivel político interno, varios gobiernos se sucedieron sin mostrar avances concretos en materia judicial. Durante el de Menem, si bien inicialmente hubo una cooperación con los servicios de inteligencia de los países occidentales tendiente a esclarecer los atentados, las investigaciones y actuaciones judiciales se prolongaron con marchas y contramarchas, generándose gran confusión y denuncias sobre supuesto encubrimiento. En el de la Alianza hubo más una expresión de voluntad y compromiso político que avances concretos, mientras que al finalizar la gestión de Duhalde, los servicios de inteligencia lograron la identificación del conductor suicida que ahora, más de dos años más tarde, confirma el fiscal de la causa.
Así, durante los últimos dos años, pareciera haber un cambio.
Se redobla y profundiza el compromiso de esclarecer los atentados, se decide que los agentes de inteligencia argentinos que participaron en la investigación inicial declaren ante la justicia sin reparar en el secreto profesional, se adoptan medidas para avanzar sobre la pista internacional, y finalmente el fiscal afirma identificar la identidad y origen del conductor suicida que se inmoló en el atentado a la AMIA.
Es un importante avance en la causa, porque la afirmación del fiscal sobre la identidad del terrorista suicida otorga el sustento que requiere la Justicia para darle estado judicial a las informes de inteligencia nacionales y del exterior que desde hace dos años tenían esa información, confirmando al mismo tiempo la conexión internacional que sostuvo siempre el gobierno de Israel, y dando una pista inicial en búsqueda de la conexión local.
En definitiva, el anuncio del fiscal federal de la causa AMIA, Alberto Nisman, sobre que la identidad del conductor suicida que se inmoló en el atentado a la AMIA está confirmada, plantea una luz de esperanza frente al atentado terrorista más grave que afrontó la Argentina.
Pero hacia delante el principal desafío será cómo avance la justicia, en un contexto donde las afirmaciones del fiscal se basan en relatos, fotos y un identikit, no existiendo aún pruebas que demuestren que el autor material estuvo en Argentina.
