Aporte y crítica al plan general de coordinación y cooperación recíproca para la seguridad regional

La cooperación bilateral, interregional e internacional, en sus diversas metodologías y dimensiones, así como la cooperación técnica cuidadosamente formulada y llevada a cabo en la realidad, constituyen a mi entender una presencia que crece aceleradamente en el nuevo milenio y que sin duda alguna resultara una constante en materia de política criminal.
Uno de los mayores aportes del convenio en cuestión ha sido sin duda reconocer a nivel regional que determinados delitos adquieren dimensiones no solo nacionales sino además regionales, con efectos que se extienden más allá de las fronteras, dañando el desarrollo social, cultural y amenazando la calidad de vida. En el análisis de los factores de amenaza que afectan no solo el perfil de gobernabilidad de un país sino también al relativo a la seguridad de las inversiones, esta presente indudablemente el crimen organizado en cuanto actividad delictual de mayor envergadura a la usualmente conocida como delincuencia común. La industria del secuestro que afecta el ámbito empresarial de la región del MERCOSUR se inserta en lo que enunciamos.
Genéricamente su mayor defecto a mi modo de ver radica en que queda tan solo en acciones declarativas que no devienen en un resultado de operaciones conjuntas en la lucha contra el crimen organizado, de buenos resultados en otros continentes verbigracia en Europa estas operaciones han llevado a operativos exitosos en la lucha contra el terrorismo.
Debemos recordar en este sentido que el Plan de Acción de Milán adoptado unánimemente por el VII. Congreso de las Naciones Unidas y ratificado por la Asamblea General, reconoció ampliamente el aumento significativo del delito en varias partes del mundo y pidió una acción integrada en el área de prevención del delito y justicia penal tanto a nivel Nacional como Internacional.
El crimen organizado
Conforme los lineamientos antes expuestos vivimos en un mundo que experimenta tendencias crecientes hacia la liberalización de las normas, fronteras abiertas y el movimiento intensificado de personas, bienes dinero y servicios. En este mundo en esta aldea Global el Mercado común del Sur no constituye una exacción.
El crimen organizado opera en el MERCOSUR, con mayor facilidad que en otros lugares del mundo, veamos brevemente la situación:
En Brasil operan el comando bermejo que actúa fundamentalmente en Río de Janeiro y los llamados Bicheros que controla las apuestas clandestinas en todo el país. El comando Bermejo cuenta aproximadamente con 2.500 miembros con excelente armamento.
Trabajan fundamentalmente con el narcotráfico, el lavado de dinero y contrabando de armas.
En Bolivia la situación resulta prácticamente incontrolable, en lo que hace a la producción de cocaína, el narcotráfico el tráfico de menores y la corrupción generalizada, el robo de automotores desde Paraguay constituye un modo de canje por drogas – marihuana y cocaína-. La impunidad de fronteras tan extendidas se refleja también en la situación de paraguay, desde donde el narcotráfico tiene una de sus rutas preferidas.
Excelente resulto ser la decisión de la Republica Oriental del Uruguay que con fecha 7 de setiembre de 1994 incorporo a su derecho interno la Convención sobre tráfico ilícito de estupefacientes de Viena de 1988.
En cuanto al lavado de dinero si bien es cierto que se ha avanzado en materia de cooperación entre los países miembros del MERCOSUR para combatir este flagelo considero que aun queda mucho por hacer.
Obviamente se trata de una cuestión particularmente importante en función que el lavado de dinero producto del delito ataca el corazón de las economías de los países del MERCOSUR ya de por si empobrecidos produciendo efectos devastadores.
Así el dinero se saca de contrabando de Estados Unidos de Norteamérica en grandes cantidades para llevarlo a países latinoamericanos que tienen o leyes poco estrictas, o bien fuerzas de seguridad sin capacidad técnica suficiente para combatir este flagelo.
Intentos de parte de organizaciones delincuenciales con buenos recursos económicos para transformar e inhabilitar los sistemas de justicia penal, frecuentemente frágiles, en el plano local y nacional, por medio de una red de corrupción respaldada por la violencia, los analistas hablaban de una colombianización de México, hoy prefieren hablar de una mexicanización del hemisferio.
En rigor y a fuerza de la realidad advierto que este plan de cooperación para la seguridad regional coordina textos empero no puso tal vez sobre la mesa de discusión los diferente paisajes de la realidad social y política donde este plexo normativo se aplica.
Asimismo debo hacer notar el hecho que resulta de todo proceso de armonización o convergencia legislativa debe necesariamente plasmar en una concientización de cultura de cumplimento de la ley.
De la ley, con dignidad igualdad y justicia para todos
Debo insistir en la necesidad de terminar con las denominadas áreas sin ley o con ley meramente formal, es indudable en estas áreas tomar en cuenta en primer lugar el factor geográfico, que si bien no resulta determinante por si solo posibilita el proceso.
Las áreas sin ley aparecen generalmente en regiones de difícil acceso y mal integradas al resto del territorio del Estado, desventaja que facilita el desarrollo y crecimiento de actividades clandestinas que allí tienen lugar.
Otro factor no menos importante son las actitudes del Estado que puede adoptar una posición de complicidad pasiva o activa, según se omitan los contraes o se protejan los ilícitos – en aquellos casos en los que se extrae un beneficio económico de las actividades que allí se realizan. Queda abierto al debate hasta que punto Estados como Paraguay podría encasillarse en esta categoría.
Otro supuesto resulta el de los Estados débiles o fallidos – el caso argentino- que según la doctrina Bush “donde el Estado carece de recursos o de la capacidad política para controlar el territorio. Estas situaciones se mezclan y retroalimentan con los casos de corrupción extendida.
Recomendaciones para avanzar en la armonización legislativa
La armonización de políticas, técnicas y estrategias debe excede la dimensión puramente normativa y debe ineludiblemente referirse a sus otras dimensiones axiológicas y fácticas.
En este sentido resulta imperioso apuntar a la necesidad de realizar estudios previos en todas las áreas encargados a expertos en cada una de ellas, encaminadas fundamentalmente al análisis sobre el modo en que la norma jurídica vive en nuestra realidad sociopolítica y cultural.
Por último estimo la imperiosa necesidad de plasmar un serio compromiso de parte de los países miembros del MERCOSUR de aplicar la Convención contra la corrupción de Naciones Unidas. En particular las medidas para frenar el flujo externo de bienes robados por las elites corruptas hacia cuentas en Bancos extranjeros.
El pago de los sobornos es un delito contra la humanidad, un hecho demostrado por el legado de pobreza desazón y desconfianza que dejan los políticos corruptos, que dejan sin futuro ni esperanza a un pueblo que día a día lucha honestamente por un mejor porvenir.

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