Cacería de consumidores
Mientras el escritor mexicano Carlos Fuentes planteaba en Cartagena la necesidad de legalizar universalmente la droga, el gobierno colombiano presentaba al Congreso un proyecto de acto legislativo que incorpora en la Constitución la posibilidad de castigar a los consumidores con penas no privativas de la libertad.
La idea es una vieja obsesión del presidente Álvaro Uribe. Ya la había incluido en el referendo del 2003 y había sido derrotada. Ahora vuelve al ataque, aunque excluye la cárcel como castigo para los consumidores y exceptúa a quienes ‘metan’ droga en sitios privados. Lo punible será el consumo o porte «en lugares públicos». En su apoyo, el Gobierno ofrece estadísticas según las cuales, entre 1992 y 1996, subió en 0,6 (de 5,9 a 6,5) el porcentaje de quienes aceptan haber tenido contacto con sustancias ilegales alguna vez en la vida. Cita también un estudio del 2004 entre escolares que revela mayor consumo de tranquilizantes (9,9 por ciento) que de marihuana u otras drogas.
De allí, el Gobierno deduce la importancia de prohibir la dosis personal, que despenalizó en 1994 una sentencia de la Corte Constitucional.
Compartimos la inquietud por el aumento (afortunadamente no excesivo) del uso de drogas, pero el remedio no es convertir en contraventores a quienes las consumen, ni para ello introducir otro remiendo a la Carta.
Estamos ante un caso parecido al del médico que diagnostica con acierto una enfermedad, pero luego ordena la terapia equivocada. La política prohibicionista ha producido en el mundo el auge de las mafias. Al ilegalizar las drogas y recibir estas tratamiento de caso de policía y no de salud pública, nacieron los poderosos grupos criminales que viven del tráfico y de la violencia y corrupción que rodean el pingüe negocio. Esquema prohibicionista que fracasó estrepitosamente en Estados Unidos, cuando se ilegalizó el alcohol en la primera mitad del siglo XX: tras unos años, durante los cuales siguió bebiéndose trago de contrabando o de fabricación casera controlado por el hampa, fue preciso aceptar de nuevo la venta legal de alcohol.
Alega el proyecto que perseguir a los consumidores dará autoridad moral a Colombia. No. Aparte de que lo que nos da autoridad moral es perseguir a los narcotraficantes, la penalización generaría no pocos líos.
Convertir a los consumidores en violadores de la ley multiplicará el trabajo ya agobiante de la Policía y los jueces, creará nuevas tentaciones de corrupción y favorecerá abusos represivos. Un exceso de celo en la interpretación de la frase de nuestra Carta según la cual «toda persona está en el deber de procurar el cuidado integral de su salud» podría llevar a castigar la ingesta excesiva de grasas o imponer la gimnasia obligatoria para prevenir el infarto. ¿Habrá que reformar la Constitución para sancionar también al 75 por ciento de los adolescentes que ha probado el alcohol y casi la mitad que lo ha hecho con el cigarrillo?
No deja de ser sintomático que un uribista tan notorio como el senador Armando Benedetti se haya pronunciado en contra del proyecto. Y hasta paradójico que el Presidente esté buscando echar atrás una decisión tomada hace 13 años por la Corte Constitucional con la activa participación de un ilustre magistrado que hoy lidera la oposición: Carlos Gaviria.
Sería mejor que el Gobierno dedicara a campañas educativas y preventivas el derroche de esfuerzos y dineros que demanda la ilegalización del consumidor público. Sin buscar autorizaciones constitucionales como la que necesita para convertir la lucha contra los criminales en una cacería de brujas entre los consumidores.
Redactor de EL TIEMPO.
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