Para el momento en que este editorial sale al aire, han transcurrido apenas horas desde que se hace efectivo el anuncio de “cese al fuego” de la organización separatista vasca ETA (Euskadi ta Askatasuna, o Patria Vasca y Libertad), señalado por el Departamento de Estado estadounidense y la comunidad europea como uno de los grupos terroristas más activos de la actualidad.
En este momento, se impone la cautela para emitir una valoración en torno a este hecho importantísimo, no sólo para la vida de España sino para todas las naciones latinoamericanas, cuyos nexos históricos y demográficos con ese país son innegables.
Suscita por lo menos desconfianza que a estas alturas, cuando se está proclamando la entrada en un proceso de paz, los tres individuos que salieron en una estación vasca de televisión tuviesen las caras tapadas con pañuelos, como si se tratase de un grupo de forajidos asaltabancos. Algo tan importante como esta declaración, que pone un alto a 47 años de violencia, ameritaría por lo menos un rostro al aire.
Más allá de las consideraciones estéticas, el hecho es que la organización ha emitido dos comunicados para expresar su voluntad. Analistas españoles han destacado el detalle de que no se habló de “tregua”, como usualmente ocurría para designar breves lapsos de paz, sino de un “alto al fuego permanente”. Los comandos policiales podrían estar pensando que se trata de una jugada táctica, cuyo fin primordial sería ganar tiempo para reunir fuerzas y preparar una escalada de violencia sin parangón. Por esto es necesario que, cuando cesen la sorpresa y la euforia (totalmente explicables, por demás) el liderazgo político español exija a los “etarras” hechos concretos que reflejen la intención anunciada. Por ejemplo, la entrega formal de todas las armas y el sometimiento a la justicia de aquellos individuos que estén solicitados.
Debemos destacar que ETA ha sido señalada por más de un millar de homicidios, y que el estado español tiene el deber de llegar a los responsables de estos crímenes, al margen de todo cálculo político. De allí que el llamado de la organización separatista para que los gobiernos de España y Francia dejen “a un lado la represión” no pueda ser interpretado como una exhortación a la impunidad por los delitos cometidos, sino a la distensión. Los juzgados, además, pueden enviar alguna señal de lo que se desea, dentro de los límites que impone la Ley. “La justicia se mueve por el principio de legalidad y no por el de oportunidad. Pero como legalidad no es automatismo, algún margen existe”, explicó el profesor Joan Queralt, en torno a la situación planteada.
En España todavía están digiriendo el anuncio de los separatistas vascos. Falta información que permita comprender por qué un grupo que hasta el mes de febrero desarrolló una campaña de extorsión contra los empresarios del país vasco (rechazada públicamente por el Príncipe Felipe) ahora da este aparente salto hacia la paz. ¿Qué ocurrió en el camino? ¿Será que este comunicado no refleja la posición de toda la organización, es decir, que existen profundas divisiones internas? Eso lo sabremos con seguridad en los próximos días. Por lo pronto, da la impresión que la cúpula de este grupo, incluso algunos dirigentes encarcelados, llevaban a cabo negociaciones con el gobierno de José Antonio Rodríguez Zapatero. Si esto es así, habría que preguntarse a cambio de qué.
Es sabido que los gobiernos del Partido Socialista Obrero Español mantuvieron importantes ciclos de diálogo con ETA. En la época de Felipe González, por ejemplo, las conversaciones desarrolladas en Argelia determinaron la salida de contingentes etarras hacia países latinoamericanos como Nicaragua, México y Venezuela.
En cambio, los períodos de Aznar fueron de auténtica guerra contra los separatistas. La dirigencia del Partido Popular nunca creyó en una salida al problema etarra que no pasase por la vía policial y judicial. Esta actitud tuvo terribles consecuencias políticas, cuando todo su Gobierno se precipitó a culpar a los vascos por los ataques contra el sistema de transporte madrileño.
Sin duda que ETA había pasado de ser un grupo nacionalista, con importante respaldo en la región vasca, a convertirse en una banda criminal cada día más rechazada. Las ideas para el logro de la autonomía cedieron ante el pragmatismo requerido para mantener una organización clandestina dedicada al terrorismo. Un proceso similar al padecido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sólo que esta última ha contado con un importante caudal de dólares procedentes de la industria de las drogas y del secuestro. Sin esta fortuna, y con un rechazo creciente entre su “mercado” político, ETA se vio condenada a declarar este alto al fuego.
