El criterio de oportunidad definitivamente no es el más popular en estas latitudes a la hora de señalar las causas o factores que explican el origen de la criminalidad. No obstante, ha demostrado que en la práctica es uno de los más útiles a la hora de diseñar políticas o estrategias contra el delito.
La teoría de la oportunidad es de muy reciente data. Mayorca (1985), por ejemplo, no la refiere entre los llamados “factores criminogénicos” en su tratado sobre criminología. Romer (2001), sin embargo, le da gran relevancia dentro de su obra Economía del Crimen. Entre una y otra obras, por supuesto, hubo un gran avance en los estudios sobre el comportamiento de los criminales y de su contraparte, las víctimas.
Según Romer, el criterio de oportunidad se explica mediante dos proposiciones:
1.-Los delincuentes seleccionan a sus víctimas según criterios de beneficio versus esfuerzo, en un entorno con grados de impunidad o efectividad policial más o menos conocidos.
2.-“La interacción entre criminales y víctimas es similar a la que ocurre entre compradores y vendedores en un mercado, siendo para este caso los oferentes de oportunidades criminales las potenciales víctimas y los demandantes de oportunidades criminales los potenciales criminales. El equilibrio en el mercado del crimen se verá modificado por acciones de la política pública, en particular por parte del sistema de justicia”.
Estos enunciados suponen, contrario a la noción general, que la actividad hamponil se guía generalmente por ciertos patrones de racionalidad, desconocidos para la mayoría de las víctimas pero aplicados constantemente por los victimarios. Este criterio serviría para explicar, por ejemplo, la ola de asaltos a entidades bancarias de Caracas, Venezuela, según la modalidad conocida como “rapidito”, en la que los delincuentes se limitan a tomar el efectivo que hay en taquilla durante las horas de mayor afluencia de clientes. Sus incursiones en las agencias bancarias no se prolongan por más de 5 minutos. La ganancia promedio este año ha sido de 6 millones de bolívares por asalto, equivalentes a 2 mil 790 dólares, al cambio oficial.
Las agencias bancarias asaltadas están ubicadas muy cerca o frente a las calles y avenidas. Y no están en el interior de centros comerciales, donde la vigilancia privada controla las posibles vías de escape, incrementando por lo tanto el riesgo de un fracaso.
Los locales, además, tienen uno o dos vigilantes privados. Los delincuentes conocen que por regla general estos serenos se quedan en el interior de sus garitas, transmitiendo la alarma a las centrales de policía. El riesgo de un enfrentamiento armado con estos empleados, por lo tanto, es muy bajo. Más aún si se sabe que el vigilante y su empresa correrán con las consecuencias penales y civiles por las posibles lesiones o muertes de clientes.
El delincuente, además, tiene virtualmente asegurada la huida mediante la utilización de motocicletas en horas en las que generalmente el tránsito es muy duro. Si no hay funcionarios motorizados en los alrededores, la posibilidad de éxito para los asaltantes es bastante grande. Los ladrones se aseguran de ello, mediante una vigilancia previa en los alrededores de la agencia.
La utilidad de una conveniente evaluación de la incidencia delictiva según los criterios de oportunidad se evidencia en el hecho de que ciertas agencias bancarias han podido continuar sus operaciones en los mismos lugares donde estaban, simplemente con la instalación de sistemas de “doble esclusa” combinados con detectores de metales. Son, en resumen, barreras que reducen la facilidad con la que entran los delincuentes armados a las otras agencias. Esta modificación probablemente ha implicado un gasto para la entidad, pero visto en perspectiva en realidad constituye un ahorro: el robo se reduce probablemente a cero, y se refuerza la imagen de “banco seguro” ante la clientela, independientemente de la molestia que implica pasar por un detector de metales para hacer un simple depósito.
Felson y Clarke (1998), en un trabajo publicado para el gobierno inglés, concluyeron que si bien el criterio de oportunidad concentra las probabilidades de un crimen en un tiempo y un espacio específicos, la comisión de un delito sienta las bases para que ocurra otro, probablemente más grave o conectado con el primero. “El hurto tiende a sentar las condiciones para la compra y venta de bienes robados y para el fraude con tarjetas de crédito”, explicaron.
El criterio de oportunidad no sólo sirve para analizar los delitos contra la propiedad. De hecho, está siendo aplicado en los países desarrollados para prevenir atentados terroristas en medios de transporte masivo y lugares con altas concentraciones de personas.
Para que sea efectivo, es necesario asumir primero que el delito debe ser afrontado en forma proactiva. Generalmente creemos que este problema atañe directamente a los organismos de seguridad del Estado, pues la ciudadanía está desprotegida. Hay, además, la noción de que la criminalidad es una situación caótica en la que todos, tarde o temprano, podemos ser víctimas. Estas opiniones en poco o nada nos sirven para afrontar un asunto vinculado directamente con la calidad de vida de cada individuo.
El análisis según el criterio de oportunidad es ideal para diseñar estrategias de protección en el plano individual o en pequeños conglomerados. Su efecto, según Fleson y Clarke, inicialmente es un desplazamiento de la delincuencia. De manera que los índices generales de delincuencia no se reducen. El hampón simplemente busca un objetivo más sencillo de alcanzar. Sin embargo, si es aplicado en forma consistente por un período extendido puede traer una “difusión de beneficios”, y en consecuencia la modificación de la percepción generalizada de inseguridad en nuestro entorno.
