El Nacional
Viernes 04 de Abril de 2008
Sucesos/10
Cuestionan omisión ante acción armada
MAOLIS CASTRO
Rocío San Miguel, de Control Ciudadano, cree que el Gobierno discrimina cuando controla protestas.
«No estoy autorizado para ofrecer declaraciones al respecto».
Esas fueron las palabras de Tareck El Aissami, viceministro de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, al interrogársele sobre la toma armada ocurrida ayer en el 23 de Enero, por parte de grupos de la parroquia que protestaban por persecuciones políticas.
Los accesos a la zona estuvieron bloqueados entre las 5:00 am y las 9:30 am. Los colectivos sociales colocaron barricadas y quemaron cauchos.
La acción se ejecutó como protesta por los allanamientos realizados por la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención en busca de Juan Montoya, a quien las autoridades vinculan con la explosión de una caja sonora en la sede de Fedecamaras, la madrugada del 23 de febrero. En el hecho falleció Héctor Serrano, vecino del 23 de Enero, mientras colocaba el artefacto.
Los líderes de la protesta dijeron que además se trataba de una demostración de fuerza ante la Disip. Todo ocurrió sin que alguna fuerza de orden público interviniera para controlar la situación. Rocío San Miguel, presidenta de la Organización No Gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, considera que la omisión gubernamental es evidencia del respaldo a presuntas organizaciones parapoliciales. «La presencia de grupos armados en el 23 de Enero es un hecho público, notorio y conocido desde el punto de vista comunicacional», dijo.
Olga Ávila Fuenmayor, coordinadora de Laboratorio de Ciencias Sociales, centro que investiga la violencia en el país, advirtió que existen contradicciones en la actuación de los grupos del 23 de Enero. «Se quejan de que le violan sus derechos al autocalificarse como perseguidos políticos y, por otra parte, ellos le violan los derechos a los vecinos que desean transitar libremente».
También reflexiona sobre el caso hipotético de que la policía hubiera reprimido a estos grupos: «Hubiese sido una `guerra’ porque se trata de agrupaciones que están mejor armadas que los cuerpos de seguridad».
Nuevamente. Antes de que la Disip se encargara del caso, las averiguaciones sobre la explosión en Fedecamaras fueron adelantadas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Los datos preliminares indicaban que ex policías estaban presuntamente vinculados con las actuaciones del llamado Frente Guerrillero Venceremos, que se atribuyó no sólo la detonación en el organismo empresarial, sino otras tres ocurridas en un mes en la Nunciatura Apostólica, en la plaza Washington, y en la sede administrativa de la Asamblea Nacional.
En el año 2006 hubo una protesta semejante en el mismo sector. Encapuchados armados tomaron la parroquia para protestar, luego de que se libró una orden de aprehensión contra Valentín Santana, miembro del colectivo La Piedrita, a quien el Ministerio Público relacionó con un homicidio cometido en El Observatorio. En aquel entonces, hubo una cadena de asesinatos que presuntamente estuvo relacionada con el enfrentamiento entre grupos rivales en la parroquia.
Entonces fue anunciado un plan desarme por quien en la época estaba al frente del Ministerio del Interior y Justicia: Jesse Chacón. Santana, que estaba entre los líderes de la protesta de ayer, declaró que no tenía que ver con el homicidio que los investigadores le atribuyen.
Discriminación. San Miguel considera que la falta de actuación del Estado demuestra que hay discriminación política, porque no se aplica la Ley para todos. «En algunos casos se observa cómo estos grupos irregulares están protegidos por los cuerpos de seguridad estadales y por el Ministerio Público, lo cual afianza un patrón de conducta que se caracteriza por la violación de los Derechos Humanos. Pero hay ocasiones en las que sí se reprime».
La directiva de Control Ciudadano opina que al Gobierno le conviene la presencia de estos grupos armados porque así el territorio queda resguardado, el territorio aledaño al Palacio de Miraflores. Los colectivos del 23 de Enero se declaran precisamente seguidores del proyecto político del presidente Hugo Chávez.
Hermann Escarrá, abogado constitucionalista opositor al Gobierno, señala que los sucesos obedecen a un patrón de institucionalización de la violencia.
