Cyberterrorismo (1 al 8 de octubre 2004)

Hablar de cyberterrorismo es entrar en el mundo de lo posible.
En una obra de reciente traducción al español, el periodista Dan Verton lo definió como “la ejecución de un ataque sorpresa por parte de un grupo (o persona) terrorista extranjero subnacional con objetivo político utilizando tecnología informática e Internet para paralizar o desactivar las infraestructuras electrónicas y físicas de una nación, provocando de este modo la pérdida de servicios críticos”.
Más adelante, el mismo autor señaló que un ataque de esta naturaleza puede intentar “amplificar los efectos” de uno “tradicional, provocando confusión y pánico adicionales en la población en general”.
El tema a veces raya en la ciencia ficción. Uno no puede más que ver con escepticismo todas estas consideraciones sobre el uso de los sistemas de computación como herramienta de la denominada “infoguerra”.
La definición de Verton refleja el enorme temor generado en Estados Unidos luego de las arremetidas del 11 de septiembre de 2001. En su mente, los únicos cyberterroristas pertenencen a un grupo “extranjero subnacional”. La paradoja está en que las grandes convenciones de hackers o piratas informáticos, principales ejecutores de un eventual ataque de esta categoría, se celebran todos los años en Las Vegas, con participación mayoritaria de estadounidenses.
Frente a las prédicas sobre el cyberterrorismo es necesario marcar una saludable distancia. Aún autores como Verton han tenido que reconocer que hasta el momento no ha sido reportado ningún caso que pueda ser catalogado de tal, a pesar de la amplitud que tiene la definición elaborada por él mismo. Por supuesto, eso no quiere decir que en algún momento del futuro no vaya a suceder. Eso está en el plano hipotético.
Los hechos, en cambio, demuestran que los gobiernos ya han asumido legislaciones que, bajo la prédica de la prevención al cyberterrorismo, están orientadas a controlar el uso de Internet por parte de los ciudadanos, limitando de esa forma su derecho a la información. Durante los últimos dos años en Sudáfrica e Inglaterra han instituido normativas que prohiben el uso de la web cuando se considera que puede prevenirse un eventual ataque de grupos radicales. De esta forma, las razones de los gobernantes se mimetizan con las de Estado para restringir las libertades individuales.
Aún si aceptáramos la definición propuesta por Verton, el cyberterrorismo no debe ser confundido con el hecho de que Internet sea usado para la divulgación de consignas por parte de grupos señalados de terroristas. Como medio de comunicación que es, la red global no está exenta de ser usada como canal por las organizaciones que buscan cambios políticos por vías violentas. Grupos como las FARC, ETA, el IRA o Al Qaeda tienen a la web para dar a conocer sus ideas e incluso para transmitir mensajes a sus copartidarios. Una posibilidad que también está abierta para sus opositores.
Es por eso que Walter Laqueur apuntó con tino en su tratado sobre las nuevas formas de terrorismo que “ninguna cantidad de correos electrónicos enviados desde el Valle del Bekaa hasta Tel Aviv, del Kurdistan a Turkía, de la Península de Jaffna a Colombo o de la India a Pakistán tendrá el más leve efecto político. Tampoco puede uno visualizar cómo en estas condiciones el poder virtual podrá traducirse en poder político”.
Pero en esta hora menguada para los derechos individuales, pareciera que el hegemón está más dispuesto a creer en la ciencia ficción que a poner los pies sobre la tierra. Prevenir siempre es adecuado, pero sin histerias.

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