Los ataques con bombas del 11 de marzo no pueden quedar impunes. Esto no necesariamente implica declararle la guerra a otro Estado, sino investigar y traer a la justicia española con prontitud a los responsables de esta masacre, que dejó según las cuentas oficiales 192 muertos y alrededor de mil heridos.
El 11 de septiembre de 2001 tuvo como consecuencia inmediata la incursión armada en Afganistán. Estados Unidos puso en práctica su derecho a la retaliación contra el régimen que había considerado como patrocinador del atentado. Pero más allá de los muertos y heridos en los combates escenificados en el Sur de Asia, la cruda realidad es que solamente una persona ha sido detenida por estar directamente vinculada a estos crímenes, Zacarías Moussaui.
En Guantánamo, por otra parte, hay más de 300 personas tras la rejas, y no sabemos exactamente por qué. Esto no contribuye a mitigar la sensación de que hasta ahora los crímenes del 11 de septiembre de 2001 han quedado impunes.
Con frecuencia se ha dicho que una de las dificultades de luchar contra el terrorismo es que las organizaciones dedicadas a esta actividad no dan la cara, es decir, no personalizan la autoría de sus ataques. ¿Cuántas personas, cuántos seres con vidas, hijos, estudios y trayectoria profesional pudieron participar en ese complot, más allá del saudí Bin Laden y de los 19 individuos que fallecieron al estrellar los vuelos comerciales? Esta es una pregunta que se deben hacer desde hace más de dos años los familiares de las víctimas. Y en este aspecto debemos reconocer que las instituciones estadounidenses no han dado una respuesta satisfactoria.
La noción de impunidad en cuanto a los hechos terroristas debe ser combatida a todo trance. Por supuesto que no sólo nos referimos a episodios como los del 11 de marzo, aparentemente atribuibles a una organización transnacional como Al Qaeda, sino también al terrorismo que puede ser impartido por los aparatos estatales contra sus súbditos. En ambos casos, la ausencia de una respuesta clara y oportuna por parte de los órganos de la justicia hace que las prácticas terroristas se perpetúen, tal y como lo ha advertido la Organización de Naciones Unidas en una resolución emitida en 1999 a través de la Comisión de Derechos Humanos.
Hemos enfatizado en la rapidez con que debe ser retomado el imperio de la ley. Ello implica que las averiguaciones deben tomarse todo el tiempo necesario, pero ni un segundo más. El caso del atentado contra el vuelo de Pan Am que estalló sobre Lockerbie, Escocia, terminó casi 20 años después con el enjuiciamiento de tan solo dos personas en un tribunal ad-hoc, a pesar de que las diligencia criminalísticas no llevaron más de un año. Más de la mitad de esas dos décadas se perdió en negociaciones para que el gobierno libio entregase a los imputados, que para el momento de la explosión se desempeñaban en altos cargos de la diplomacia y del aparato de inteligencia al servicio de Gadhafi.
Esto transmite un mensaje: a pesar de la retórica de los gobernantes, los hechos indican que lo más probable es que quienes participan en el diseño y ejecución de un acto terrorista no serán llevados ante los tribunales, y si eso ocurriese sería con tales garantías que el proceso podría finalizar como una pantomima. Allí están ejemplos más cercanos como el de los atentados contra la embajada hebrea en Buenos Aires, o el que destrozó las instalaciones de la Asociación Mutual Israelí Argentina, en la misma ciudad.
La tragedia que hoy enluta a España abre la preciosa posibilidad de transmitirle el mensaje opuesto a las organizaciones terroristas. Uno en el que entiendan claramente que, por lo menos en ese territorio, los autores, coautores, cómplices y encubridores serán perseguidos hasta ponerlos en el banquillo. Esto permitiría además ejercer un poco de pedagogía hacia otros estados que en pleno siglo XXI la primera ley que aplican es la del Talión.
