Esta semana será celebrado en México D.F. el segundo congreso de la Federación Panamericana de Seguridad Privada, con la participación de expertos provenientes más de 15 países de toda la región.
El tema del terrorismo, como es de esperarse, ocupará una porción importante de la agenda en las deliberaciones. Pero las preocupaciones de los latinoamericanos se acercan más a las distintas manifestaciones de la delincuencia y su impacto sobre la calidad de vida de los pobladores. En la última jornada el presidente de Segured, ingeniero Samuel Yecutieli, hará una ponencia sobre el costo de la inseguridad en Venezuela.
En Segured, sin embargo, hemos decidido hacer un enfoque más preciso del problema, orientando la lupa hacia el análisis del impacto económico de los delitos que tienen mayor importancia en el país.
¿Qué es un delito? En términos latos, es toda acción que contraviene una norma penal previamente establecida. El delito es la expresión de una voluntad de delinquir, que es conocida como dolo. En algunas legislaciones el dolo también es penado, más allá de la acción concreta y mensurable. Los estadounidenses, por ejemplo, hablan de la conspiración para delinquir como un delito en sí mismo. Esta escuela, por así decirlo, ha permeado en los últimos años en las legislaciones penales de inspiración decimonónica.
Establecer un «costo económico del delito», en términos genéricos, es prácticamente imposible. Podemos hablar del costo económico de ciertas manifestaciones delictivas durante determinados tiempo y espacio. Para ello, debemos desarrollar modelos que nos permitan abstraer transformar en números hechos que generalmente son abordados desde una perspectiva meramente legal.
Otra dificultad para abordar este tema viene de las fuentes de información. En Venezuela, la delincuencia ha sido un problema que más ha preocupado a los venezolanos durante los últimos 15 años, de acuerdo con las encuestas de opinión. No hay sondeo en este país en el que la delincuencia no figure entre las 3 primeras preocupaciones. Algo similar sucede en Colombia y en las grandes ciudades de México, Argentina y Brasil.
Para los políticos, este ha sido un asunto irresuelto, que periódicamente genera presiones sobre el medio policial para impedir la divulgación de las estadísticas sobre criminalidad, en el entendido de que más allá del delito lo que importa es la percepción que al respecto tenga la gente.
Vamos a tratar el tema del delito por excelencia, que es el homicidio. Según la Organización Panamericana de la Salud, a partir de 1992 este delito pasó a ser la segunda causa de muerte para la población ubicada entre los 15 y 19 años, y la primera causa para los varones de ese grupo etáreo.
Lo importante del homicidio es que la “cifra negra” es prácticamente nula. Esto quiere decir que, salvo manipulación oficial, los registros son exactos. En delitos de otro género como la violación es muy difícil calcular el costo económico precisamente debido a que buena parte de los casos no son notificados a las autoridades.
¿Cómo medir el costo económico de una muerte? Este tema para algunas personas puede resultar chocante. Por esto hay que aclarar que no se pretende establecer un precio por los seres humanos que se han ido sino expresar en números el impacto social que tienen los homicidios. De esta forma, las instancias destinadas al diseño de políticas públicas contarán con una herramienta para la toma de decisiones que, quizá, contribuirá a disminuir el dolor que significa la pérdida de un amigo o pariente a manos de terceros.
Cuando una persona mata a otra no sólo genera posibles huérfanos y ausencias para los seres queridos de la víctima. La sociedad también pierde una fuente de producción. Un ser en el cual la familia, el Estado o ambos han invertido con la finalidad de formarlo, robustecer su salud y evitar que muera de enfermedades e incorporarlo en algún área de producción como un ser útil.
Este puede ser un punto de partida. En Venezuela hubo, según cifras del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, 11 mil 300 homicidios en 2003. No vamos a valorar si estas personas eran antisociales, policías, ciudadanos de bien, etc. Son, en principio, personas que dejaron de producir. Pero, ¿por cuánto tiempo?
Aquí podemos continuar la construcción del modelo tomando la cifra sobre expectativa de vida señalada por la Organización Panamericana de la Salud para el país, que es de 73 años.
A las víctimas de estos homicidios hay que asignarles una edad promedio. Las estadísticas de la policía judicial indican que el 90 % de estos muertos tienen edades comprendidas entre los 15 y los 35 años. La media es, salvo mejor propuesta 35-15 / 2=10 + 15=25 años. De manera que el país, por así decirlo, perdió 11 mil 300 veces 48 años de producción (73-25=48). Esto nos da 542.400 años.
El producto per cápita del venezolano, según la Comisión Económica para América Latina (Cepal) para el año en cuestión fue de 2491,5 dólares anuales. Entonces, la pérdida para el país por homicidios cometidos durante el 2003 fue de 1,35 millardos de dólares. Este resultado surge de la multiplicación de los años perdidos de producción como consecuencia de las muertes por el producto per cápita para el año sobre el que se está haciendo el cálculo.
Aunque parezca elevado, este es un resultado conservador. Esto hay que subrayarlo pues resulta frecuente que el homicidio se concreta luego de cierto tiempo de agonía, en el que las instituciones públicas y privadas, los familiares, amigos, etc., hacen esfuerzos y gastan mucho dinero para impedir que la víctima muera.
Hay además un costo asociado a cada homicidio que tampoco estamos tomando en cuenta. Tiene que ver con los gastos por psicólogos, abogados y otros profesionales destinados a atender a los deudos.
Es necesario señalar que el costo de los homicidios, visto en términos individuales, varía según sean los vaivenes del producto per cápita. Este modelo que proponemos, por lo tanto, es imperfecto pues está sujeto a las variaciones económicas.
