El dilema del rescate
La muerte del empresario manizaleño Diego Mejía Isaza el pasado jueves, en un fallido intento de rescate militar, confirma que esta es una opción llena de riesgos. Pero es imposible no admirar la entereza y valor civil de aquellas personas que, en medio de la profunda tristeza que produce la desaparición injusta y cruel de un ser querido, asumen sus circunstancias personales de rabia o dolor con una dimensión superior.
Es el caso de la viuda del empresario Mejía, doña María Matilde Londoño, quien afirmó que, pese a que su esposo murió en el intento de rescate, es este y no el intercambio el camino que debe seguirse, y agradeció incluso a las Fuerzas Armadas por intentar liberar a su marido. Añadió algo que suena duro, pero que encierra una terrible verdad: «Me siento en ventaja frente a las familias de los diputados del Valle, que esperaron cinco años y ahora están luchando para que siquiera les devuelvan los cadáveres».
Su declaración contrasta con la posición de muchas familias de los secuestrados y con la del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, defensor del acuerdo humanitario desde que su hermano Guillermo murió a manos de las Farc en otro intento fallido de rescate, en el 2003. En una entrevista publicada en este diario el mismo día (14-07-07) de las declaraciones de la viuda de Mejía, Gaviria dijo que el rescate solo debe hacerse si existe alta probabilidad de éxito, lo cual calificó de «casi imposible» en las condiciones en que se encuentran los secuestrados de las Farc.
Ambas posiciones son respetables y comprensibles. Hay familias que prefieren no negociar y correr el riesgo, en lugar de sufrir el interminable calvario de un secuestro, el cual, aun sin rescate, muchas veces culmina con la muerte del rehén. Basta recordar la cantidad de personas asesinadas por las Farc porque se deterioró mucho su estado de salud, o porque su familia no tenía la plata exigida o se demoró demasiado en recolectarla. La crueldad de las Farc llega al extremo de cobrar por la devolución de los cadáveres, recibir la plata y no devolverlos.
Para otras familias, el rescate es una opción demasiado riesgosa. Las condiciones selváticas en las que la guerrilla mantiene a sus rehenes y la orden de matarlos al menor intento de liberación ponen sobre la cabeza de estos colombianos una espada de Damocles. De allí que una negociación de intercambio o el llamado acuerdo humanitario sea la opción que favorecen muchos. Una fórmula más compasiva con la vida de los cautivos, dificultada por la intransigencia de las Farc con su exigencia de despejar dos municipios y por la resistencia del Gobierno a concederla.
El caso es que, si bien la potestad de rescatar a ciudadanos secuestrados por fuerzas irregulares es irrenunciable en cualquier Estado de Derecho, en Colombia es una opción altamente riesgosa. No es que no se hagan, en ocasiones, rescates exitosos. Pero ni los partidarios más entusiastas de esa vía podrán alegar que es una solución para todos los secuestrados. Incluso, ¿cuántos años llevan en la selva los más prominentes, el medio centenar de ‘canjeables’, sin que ninguna operación haya conseguido arrancarlos de manos de sus captores? Con aceptación de las familias, el rescate es siempre una posibilidad.
Pero cuando un país tiene cerca de 3.000 secuestrados, que pasan años en manos de sus captores, es evidente que hay otras opciones.
Las protestas del 5 de julio pusieron las bases. Partidos gobiernistas y de oposición, empresarios, sindicatos, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil deben movilizarse más para exigir la liberación de todos los secuestrados. Y en favor de un acuerdo humanitario que contenga un tema clave: el fin del secuestro como arma en el conflicto interno. Una movilización nacional, sostenida, sobre la base de un acuerdo entre todas las fuerzas políticas y sociales, es lo que hace falta. No solo para liberar a los secuestrados, sino para extirpar para siempre este abominable crimen.
Redactor de EL TIEMPO.
editorial@eltiempo.com.co
