El espía es el jefe (14 al 21 de enero 2004)

Un programa que se comercializa a través de internet y en locales especializados bajo el nombre de Sherlocksoft ofrece “la oportunidad de controlar con certeza las actividades en la PC de su pareja, sus hijos o la de sus empleados”. Por menos de 50 dólares, el poseedor de este producto puede guardar copias secretas de todos los correos electrónicos enviados y recibidos por la (s) computadora (s) deseada (s), así como también obtener la información precisa sobre los sitios de internet visitados por los usuarios, la hora en que lo hicieron y por cuánto tiempo. Este programa, en fin, reproduce toda la información enviada y recibida desde o hacia el ordenador, considerado individualmente o como parte de una red.
Sherlocksoft, por supuesto, tiene competidores. Un reportaje publicado en VSAntivirus.com a finales de 2003 destacaba las virtudes de eBlaster y Spector. Son esencialmente las mismas que las del primero. Eblaster, incluso, puede ser instalado en forma remota, por lo que el interesado no necesita ni siquiera tocar la computadora que desea “monitorear”. Otras variantes de este software son conocidas con los nombres comerciales El Espía, Investigator, WinSniffer, Websense, WinWhatWhere y por lo menos otros 20.
El mercado de estos programas tiene esencialmente dos segmentos. Por un lado están los dueños de empresas cuyas operaciones dependen de plataformas informáticas. Por el otro están todas aquellas personas que obtengan algún beneficio, económico o político, a través del espionaje de las comunicaciones.
En el caso de los dueños de empresas, la creciente difusión de los “correos-basura” (spam), virus y troyanos, así como las acechanzas representadas por los competidores desleales y empleados corruptos les obliga a tomar medidas preventivas tales como bloquear el acceso de sus trabajadores a determinados sitios de internet considerados “peligrosos”, instaurar sistemas de códigos de acceso personalizados e instalar programas que aseguren la operatividad de tales sistemas (antivirus, filtros o “firewalls”, etc.).
Algunos han ido un poco más allá en su afán por proteger su capital, y han instalado en forma sigilosa estos programas de espionaje a la actividad de las redes conocidos con el término genérico “spyware”.
Antes de la explosión de las comunicaciones mediante sistemas informáticos, las “manzanas podridas” de las grandes empresas eran detectadas por los grupos de seguridad interna, conformados a menudo por policías retirados especialistas en la vigilancia y seguimiento de personas, intervenciones telefónicas y, en casos extremos, la aplicación de pruebas de polígrafo o detector de mentiras. Ahora, lo más probable es que la prueba de la deslealtad corra desde el terminal del individuo por todo el cyberespacio. Esto explica los resultados de una encuesta realizada por la Universidad de Navarra y la firma Price Waterhouse, según la cual 4 de cada 10 dueños de compañías en Europa y Estados Unidos admitieron que vigilan las informaciones entrantes y salientes de las computadoras de sus redes.
Aunque esta sea la realidad, el monitoreo no consentido de las comunicaciones de los empleados es una violación a un derecho fundamental y posiblemente un delito tipificado en las legislaciones locales. La Unión Europea estudió el tema en 2002, y en un pronunciamiento recordó que «los trabajadores no dejan su derecho a la vida privada y a la protección de datos cada mañana a la puerta de su lugar de trabajo. Esperan legítimamente encontrar allí un grado de privacidad, ya que en él desarrollan una parte importante de sus relaciones con los demás”.
Los dueños de corporaciones, por lo tanto, están en la obligación de advertir a sus empleados sobre la posibilidad de que sus comunicaciones estén siendo vigiladas en un momento determinado. Cuando el trabajador consiente en ello –y no antes- el empleador le puede entregar el código de acceso a las redes. Este convenio debería quedar reflejado en algún documento escrito en los términos más amplios posibles, que le permita al empresario librarse de responsabilidades civiles, administrativas o penales.
Las encuestas divulgadas hasta ahora indican que esta previsión no es frecuente en el sector privado. Pero eso no quiere decir que no esté presente el riesgo de un litigio por parte de algún empleado que legítimamente considere vulnerados sus derechos. Un juicio de esta naturaleza puede ser tan nocivo para la compañía como las pérdidas generadas por el espionaje industrial.

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