El mejor guardia (15 al 22 de abril 2005)

A finales de marzo, el ayudante de cocina de un restaurante de Caracas murió al recibir un disparo de revólver, cuando apenas se incorporaba a su faena nocturna. La víctima, de 27 años de edad, falleció dentro del propio local y a la vista de toda la clientela. Los testimonios indican que el autor de este homicidio no fue un delincuente callejero sino el vigilante de una empresa privada de seguridad, quien manipulaba en forma irresponsable el arma que minutos antes le había entregado su supervisor.
Tres meses antes, en Bogotá, los hermanos Mónica y Antonio Cruz Amado fueron sorprendidos por los empleados de una conocida corporación de telefonía celular cuando intentaban activar un teléfono que formó parte del botín sustraído por una banda durante un hurto reportado días atrás en un lujoso edificio de la capital colombiana. Según la revista Cambio este golpe multimillonario contó con la colaboración del esposo de Mónica Cruz, un vigilante privado que tenía a su cargo la custodia del inmueble.
En Venezuela, Colombia y otros países latinoamericanos la inseguridad personal es uno de los problemas que más preocupa al ciudadano común. Este sentimiento de angustia se acrecienta en las capas intermedias de la sociedad, cuyos integrantes a duras penas han logrado acumular bienes de riqueza y suelen ser las víctimas más frecuentes de los delitos contra la propiedad. El ministerio de Interior y Justicia venezolano ha reconocido que todas las semanas son denunciados más de cien hurtos o robos de vehículos en Caracas, y este sería apenas el 40 por ciento de la cifra correspondiente a toda Venezuela.
Mediante la contratación de vigilantes privados, vecinos y empresarios intentan crear zonas de seguridad, lugares que no se vean afectados por la delincuencia. En países como México, Brasil, Colombia y Venezuela la industria de la seguridad privada ha tenido crecimientos que rondan el 20 por ciento interanual. Venezuela, un mercado pequeño en comparación con los de Brasil y México, tiene más de 350 empresas legalmente constituidas en este ramo, que dan empleos directos o indirectos a más de 1 millón de personas, indican las cifras aportadas por la Cámara Nacional de Vigilancia y Protección (Canavipro).
La alta demanda de estos servicios ha generado en Latinoamérica una especie de mercado negro, conformado por compañías de dudosa legalidad (“piratas”) o cuyos empleados no reúnen los requisitos mínimos para desempeñar una labor satisfactoria, tal y como se pudo apreciar en los casos citados al principio. Solamente en México DF, y aunque parezca paradójico, se calcula que hay 70 compañías de seguridad al margen de la ley. Este problema fue atacado recientemente por los trabajadores de este ramo, quienes constituyeron un sindicato único. Su representante Pedro Haces Barba declaró que tales compañías “son un peligro, una competencia desleal, no pagan impuestos ni seguridad social a sus empleados y hay que combatirlas”.
La contratación de vigilantes negligentes y poco cuidadosos de las normas es un peligro para la comunidad y puede acarrear un gran desprestigio y pérdidas millonarias para las empresas y las personas. No existe un cuerpo homogéneo de normas internacionales que puedan ser tomadas en cuenta a la hora de decidir. En Estados Unidos, según el Reporte Lipman, 10 regiones carecían de legislación sobre la materia. Pero a finales de 2004 el Congreso aprobó el Acta para Autorización de Empleo del Oficial de Seguridad Privado, que establece la necesidad de revisar los antecedentes criminales de los aspirantes a cargos en el área de vigilancia y protección.
Pero la ausencia de un pasado criminal no puede ser el único requisito para contratar a un vigilante. De hecho, esto no garantiza la eficiencia, la destreza ni la honestidad. A menudo el proceso de contratación de los vigilantes se define por criterios estrictamente económicos. Pero el ahorro de pequeños porcentajes puede representar a la larga una pérdida enorme. Las personas interesadas en un servicio de vigilancia y protección deberían tomar en cuenta otros criterios:
*Hay que revisar la legislación local para determinar si la empresa que ofrece el servicio cumple con los requisitos para operar. Conviene además preguntarle al dueño de la empresa si está enterado de tales normas. Esto es un indicador de la confiabilidad del servicio que ofrece.
*Los vigilantes deben contar con un equipo mínimo para el desempeño de sus funciones: uniforme completo, armas (según lo permita la legislación), equipos de transporte y comunicación. Debe poseer además un certificado de suficiencia en el manejo de tales equipos.
*La empresa de seguridad debería tener asegurados a sus vigilantes contra accidentes personales y laborales, robo e incendio. Debería tener además un seguro por daños a terceros.
*El eventual cliente debería poner atención en los mecanismos de supervisión de los vigilantes. Deben seguir estrictos criterios de periodicidad y puntualidad. Los supervisores, además, deben estar atentos a todas las críticas o sugerencias formuladas por el contratante del servicio.

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