I. La realidad policial
Identificamos y proponemos a continuación una serie de presupuestos que básicamente representan los más importantes y necesariamente deben ser analizados en su conjunto.
· Conflictos con la comunidad. Distanciamiento.
· Inadecuada estructura institucional. Disfuncionamiento.
· Desempeño exclusivo de tareas operativas. Eliminación de oportunidades y otras supletorias.
· Descontrol del accionar de la delincuencia. Desprotección.
· Casos de violaciones a los derechos humanos y de corrupción.
· Precaria e inadecuada capacitación profesional.
· Pérdida de identidad.
· Influencia política.
· Influencia de los medios masivos de comunicación social.
· Falta de recursos financieros para atender debidamente a los funcionarios policiales en sus necesidades y decoro personales.
· Falta de sistemas y medios logísticos para cumplir acabadamente su misión específica.
Conflictos con la comunidad
La policía tiene conflictos con su comunidad desde el preciso instante de su creación. Esto tiene mucho que ver con los aspectos y características de la misión a cumplir como de la metodología tradicionalmente empleada para llevarla a cabo, aunque más adelante veremos la existencia de componentes más fuertes y profundos. Estos conflictos, se traducen preponderantemente en actos de violencia, corrupción, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, descontrol del accionar de la delincuencia y aún su aislamiento institucional; todo lo cual converge en la desprotección ciudadana, en su distanciamiento y alto grado de cuestionamiento social.
En la generalidad, todas las formaciones policiales se dedican por imperio de la Ley al mantenimiento del orden público y la seguridad pública para la protección de su comunidad contra el accionar de la delincuencia. Por supuesto que ningún habitante cuestionaría a priori todos o alguno de estos propósitos superiores aunque sí reprocharía –y lo hace- sobre la forma o manera que la Policía los cumple. Y sobre este aspecto debemos agregar algo muy importante para dejar bien en claro que la policía no hace lo que quiere, sino aquello que le es ordenado. Sería entonces mediatizar nuestro estudio, si nos cerráramos y consideramos que la problemática referida a su cuestionamiento o mal funcionamiento, nace y muere con ella.
Con respecto a sus actividades en procura del orden público y la seguridad pública como razón de Estado para el bien común, fueron históricas y sistemáticamente tergiversadas por los diferentes gobiernos; orientándolas hacia un fuerte control y disciplinamiento social a la vez que enmascarando detrás de la agencia policial, no solamente un marcado absolutismo, sino la realización de intereses ideológicos y político-partidistas.
Efectivamente, sus potencialidades jurídicas y corporativas ya sean humanas, de recursos logísticos y financieros fueron distraídos para la contención y/o resolución de conflictos emergentes del campo social, donde la represión policial se observó como la repuesta oficial y de primerísima línea; en lugar de destinarlas a la protección de la ciudadanía y el desarrollo comunitario.
Inadecuada estructura institucional
Para el cumplimiento de su misión, particularmente en las acciones contra la delincuencia, se dispone de una estructura organizativa y funcional rígida, obsoleta y preponderantemente negada hacia todo avance tecnológico, producto de un marco legal inadecuado y tendencioso.
La lectura de estas estructuras a través de sus organigramas por ejemplo, demuestra en la generalidad un macro despliegue con innecesarias dependencias, repetición de funciones, confusas y tediosas líneas de comunicación a la vez que un difícil acceso del público a la institución policial.
Este macro despliegue vulnera toda posibilidad de lograr un servicio de acción rápida a la comunidad orientado principalmente a la prevención y en su defecto a la represión.
Al decir rígida y obsoleta, es porque se advierte como los cambios operados en los últimos años en el mundo y sus sociedades han dejado en el camino a la institución policial y develado su incapacidad de absorción y adaptación.
Por otra parte el concepto de preponderantemente negada hacia todo avance tecnológico se puede comprender a partir de un ejemplo: una oficina cualesquiera de una institución policial en cuyo interior se haya instalado un sistema de computación con conexión permanente a Internet no significa un avance hacia un proceso de informatización. Si a ello le sumamos un empleado que no sabe usar el sistema o a medias aprende primero juegos informáticos y luego a buscar recursos en línea, aún no logramos ningún cambio. Más allá de una falta de conducción por permitir estas situaciones, se devela que si la tecnología no está acompañada por un verdadero cambio cultural que por otra parte revertiría lo de rígida y obsoleta, toda estructura organizativa y funcional de la policía con la cual se pretenda proteger a la comunidad será utópica y fallida.
Desempeño exclusivo de tareas operativas
Como ya dijimos, una estructura organizativa y funcional inadecuada, producto de una legislación también inadecuada han conminado tradicionalmente a la policía a impulsar y mantener un esquema de prevención basado exclusivamente en la eliminación de oportunidades, preponderando una saturación de objetivos en forma indiscriminada y eventual como de precarias técnicas de investigación, requiriendo además grandes aportes económicos por parte de la comunidad, habida cuenta de alimentarse permanentemente de personal policial, de recursos materiales y financieros.
La falta de actividades relacionadas a la conformación de una cartografía del delito con su correspondiente informe científico, permitiendo así la identificación y el conocimiento de las causales del delito con el propósito de colaborar en el desarrollo social; la ubican en desventaja y le impiden un trabajo efectivo y eficaz en los niveles pertinentes de la prevención. Es decir, además de evitar que el delincuente delinca, se pretende lograr que el delincuente no sea tal y la víctima no llegue a serlo; lo cual requiere de una planificación policial que incluya y permita una coordinación multisectorial e interdisciplinaria orientada a la elaboración de un diagnóstico criminológico del territorio donde ejerce su función con todos los operadores del sistema.
A modo de ejemplo, una tradicional medida fue siempre estructurar grandes despliegues de policías y patrulleros en su ámbito de responsabilidad como mega operativos puntuales y coyunturales. Pero si bien eliminaron muchas posibilidades de delinquir en los lugares donde fueron fijados sus asientos; no le han asegurado el control de la delincuencia; es más, le producen el desconcierto de comprobar su aumento, muchas veces tildándolo de inexplicable, derivando en su fracaso institucional. Esta clase de esquemas preventivos, en el mejor de los casos reacciona positivamente después de la comisión del delito y trabajando en sus efectos, pero con poca incidencia para evitarlo, aunque la realidad también nos demuestra que ni aún después, cumple acabadamente con su misión por la carencia de planeamiento e inteligencia como de personal, de medios y sistemas logísticos con los cuales responder, degenerando así en impunidad, desconcierto, reproche y desprotección social.
Descontrol del accionar de la delincuencia
Y en este punto nos apartamos de la doctrina del derecho. El concepto de impunidad desde la óptica del ciudadano común, quien paga sus impuestos para sostener un sistema que no le sirve es absolutamente diferente, habida cuenta de que no lo está asegurando ni le brinda protección. La impunidad, entonces, comprendida desde esta ventana comunitaria, es también la falta de calidad y cantidad de funcionarios, recursos y métodos para responder ante el delito, procurando la contención pública ante situaciones de victimización. Esta pasividad o actividad ineficaz contra el delito que implica no haber llegado a tiempo y dejar que las personas sean víctimas, es de inequívoca responsabilidad del gobierno y principalmente de la policía.
Esta situación se agudiza al absorber funciones supletorias que importan tareas que no le corresponde hacer y que se encuentran tipificadas en otras normas jurídicas pero convenientemente incorporadas por ley como cuestiones de auxiliaridad para con diferentes organismos. Esto demuestra una clara falencia del Estado en su organización y funcionalidad a la vez que provoca una sensible pero notable pérdida de identidad de los funcionarios policiales, quienes constantemente se preguntan si en realidad están trabajando para una institución policial o son custodios de detenidos, vigilantes privados, guardadores de automotores secuestrados o empleados a pleno de los otros poderes del Estado.
Efectivamente, los detenidos en dependencias policiales como la custodia de secuestros producto de ilícitos, las notificaciones judiciales y otros trámites de efecto privado, son en realidad una deliberada y perversa delegación de funciones enmascarada en la auxiliaridad, distorsionando la misión policial y haciendo peligrar la seguridad ciudadana.
La comunidad entonces, se siente desprotegida y enfadada principalmente con la Policía pues la obligan a ubicarse en primera fila de una obra de teatro en la cual observan el triunfo de la delincuencia. Por su parte, el funcionario de policía se siente también defraudado por el Estado al observar y protagonizar a diario, cuánto se dedica en recursos y esfuerzos a tareas distintas a la policial, en desmedro de aquélla que le corresponde hacer por mandato de la gente y por su propia elección en oportunidad de elegir ingresar a la Fuerza Policial.
Violaciones a los derechos humanos y corrupción
Con todo el dolor de alguien que es policía, me veo en la obligación de comenzar este segmento con la siguiente frase:
«Los policías son lo más barato que la plata puede comprar».
Sea como sea, está en el imaginario social que la policía es una Institución corrupta y violenta, creada para hacerle la vida más difícil al ciudadano y por ende, es mejor no involucrarse o como decía mi abuelita «mejor perderla que encontrarla».
Este imaginario colectivo está cada vez más fuerte y mejor sustentado por el notorio compromiso judicial que en mayor grado vienen teniendo los funcionarios encargados de cumplir la ley a quienes se le imputa la comisión de delitos en situaciones relacionadas o no con el cumplimiento de su misión. Algunos de ellos tienen que ver con apremios ilegales, exacciones ilegales, cohecho, abuso de autoridad entre otras figuras de responsabilidad penal, en ejercicio o fuera del servicio.
Estas situaciones se ven preponderantemente impulsadas por los medios masivos de comunicación social y organizaciones no gubernamentales, los cuales a su manera realizan investigaciones de control de gestión sobre las fuerzas policiales. En segundo término es el ciudadano común que cada vez más está llegando a la Justicia a denunciar hechos delitos que involucran a la policía. Muy de lejos, lamentablemente, se advierte la detección y neutralización por la propia policía sobre hechos de corrupción cuando tendría que ser a la inversa.
Cierto es que la gente siente (subjetividad) a priori desconfianza en la policía pues ante un potencial contacto con ella, tiene la certeza que no le solucionará la situación que padece y además será víctima de malos tratos, apremios o exacciones ilegales. Situaciones éstas cada vez más y mejor comprobadas en procesos judiciales (objetividad).
Corresponde analizar si estamos en presencia de actos individuales o sistemáticos. Volveremos sobre este tema en el siguiente capítulo.
Precaria e inadecuada capacitación profesional
Advertimos en la generalidad la mala formación de nuestros funcionarios policiales. Se denota un marcado desconocimiento de la labor profesional que deben cumplir, lo cual se traduce desde la demora hasta la impericia en el cumplimiento de su deber en determinadas situaciones del quehacer policial. Y esto ha merecido el reproche comunitario, el alto cuestionamiento a través de los medios periodísticos, llegando inclusive a responsabilidades de índole penal ante la justicia.
Una vez más recurrimos al imaginario colectivo para decir que está instalada en la gente la certeza que el funcionario policial es de malos modales y por ende ante cualquier requisitoria lo tratará mal y sumado a ello no solucionará su problema por desconocimiento del procedimiento. Esto se refuerza por la acción de los medios periodísticos, organizaciones no gubernamentales o la misma justicia que advierten, denuncian o inician procesos sobre actos de impericia en circunstancias de actuación policial.
Una base doctrinaria precaria con escasa teoría y práctica, importa su incapacidad para resolver situaciones urgentes y aún emergentes de su función. Y esto se comprueba en muchísimas ocasiones, algunas de las cuales es el mismo funcionario policial que dice no conocer bien sobre algún tema como tampoco el o los motivos por los cuales fue asignado a la cobertura de tal o cual objetivo de seguridad.
Contactos llevados a cabo con funcionarios policiales, han develado que ni siquiera conocen correctamente sus derechos, deberes y prohibiciones como tampoco su régimen disciplinario interno.
Pérdida de identidad
La multiplicidad de tareas que se le piden a diario a los funcionarios policiales, muchas de ellas no policiales con el pretexto de su auxiliaridad para con otros organismos del estado, le hacen pensar seriamente en su condición de tal.
Esto genera situaciones de shock entre el personal policial, quien comprueba en la labor cotidiana como sus esfuerzos extraordinarios contra el delito y el debido cumplimiento del deber, fueron y son en vano.
En este desaliento por el resultado de su trabajo policial, mucho tienen que ver las demás instituciones involucradas en la resolución del conflicto social violento, asumiendo responsabilidades directas las autoridades judiciales y legislativas que ofrecen una labor lenta, ineficaz, improvisada, precaria y con claro desconocimiento funcional que hace peligrar a la Comunidad.
Un ejemplo válido es la prolongada custodia de detenidos, situación irregular e ilegítima pues viola los derechos humanos de ambas partes en nombre y pretexto de esa citada auxiliaridad para con el Poder Judicial.
En suma, se vulnera los derechos de los policías como trabajadores dado que están haciendo algo para lo cual no fueron capacitados pero aunque sean capacitados no se respeta las expectativas de vida que sustentaron al ingresar a la Fuerza policial y no menos importante, los derechos de las personas detenidas al tergiversarse la labor penitenciaria, normada por instrumentos legales especiales y diferentes con respecto a los policiales.
Por otra parte, son notables los comentarios de los agentes policiales, quienes no encuentran en la mayoría de sus superiores, al funcionario referente y líder que los conduzca con profesionalismo, honestidad y respeto.
Desde sus cómodos despachos estatales, están más preocupadas en la opinión publicada de la prensa o de los sectores de oposición política que de la opinión pública de la gente o del esfuerzo y la vida de los agentes policiales.
Influencia política
El poder político se manifiesta en general con notable influencia perjudicial, avanzando sobre la institución policial con designios ideológicos, partidistas y coyunturales como en términos electoralistas que nada tiene que ver con su misión, o teniéndola la obligan a cumplirla obedeciendo estrictamente sus órdenes sin posibilidad de revisión e inspección pero en cambio sí, a hacerse cargo de las responsabilidades emergentes de los futuros fracasos o responsabilidades penales.
Esto produce un condicionamiento que vulnera muy fuertemente su normal desempeño, pues el pretendido es un poder político consecuente con sus relaciones interinstitucionales y referidas estrictamente a la dependencia estructural, fijando los lineamientos gubernamentales para la seguridad ciudadana como de los sistemas de verificación o control. Evitará extralimitarse en sus atribuciones e incidir negativamente en la labor cotidiana de los cuerpos policiales, aunque lamentablemente se ha comprobado que en muchas ocasiones, su perjudicial influencia ha llegado hasta niveles mínimos y primarios de neto corte policial, tales como ordenar traslados y designaciones de personal, servicios policiales, ubicación de patrulleros, formas de llevar a cabo procedimientos, custodias o paradas policiales, entre otros supuestos, desestimando la autoridad y disciplina internas, sin el pleno y necesario conocimiento profesional para ello.
En este mismo contexto y primando la necesidad de satisfacer meros intereses particulares y/o partidistas, se han generado megas estructuras organizativas y se han elegido funcionarios en algunas agencias policiales con anterioridad a la creación de los cargos para ejercerlos, en contradicción con la doctrina más elemental y tradicional del derecho como de la organización, o caracterizándose por la falta de idoneidad y capacidad para asumirlos. Esto ha conducido a un generalizado disfuncionamiento y falta de control institucional que en lo interno convergen en burocracia y en el relajamiento integral de la administración, y en lo externo, posibilitando diferentes situaciones que incluyen sistemáticas violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción y de libre albedrío, incluyéndose el desamparo del trabajador policial y la negación y/o incumplimiento de sus derechos.
Volveremos sobre este tema en oportunidad del capítulo siguiente.
Influencia de los medios masivos de comunicación social
La influencia de los medios masivos de comunicación social es fundamental para cualquier sistema de seguridad dentro del cual la policía desarrolla su esquema operativo.
Si la actuación de los medios de comunicación se ubica como reaseguro del buen desempeño integral de este sistema, evitando con ello situaciones indeseables e ilícitas que pueden ir desde modificar los programas en todo o en parte, hasta acompañar y alentar las medidas cuando demuestran ser positivas, llegando inclusive a denunciar actos de corrupción; su influencia será positiva y estará contribuyendo no solamente a la eficacia y eficiencia del mismo, sino al saneamiento de las instituciones. En este caso, encontramos en la prensa a través de todas sus posibles formas y manifestaciones un instrumento válido de control institucional externo en la vida democrática porque todos los actos policiales son públicos en extremo, salvo que con ello se entorpezca el debido proceso judicial.
Si por el contrario, su actuación se orienta a la mera comercialización de resultados o provocar la alarma social ante inexistentes situaciones o maximizar otras innecesariamente, estamos en presencia de una influencia nociva y perversa.
Empero, estamos asistiendo a diario, tal es el caso de la república Argentina como ejemplo, a espectáculos periodísticos de neto corte amarillo y que bajo el pretexto de la libertad de prensa y el derecho de la gente a estar informada, instalan y mantienen en la misma un profundo sentimiento de inseguridad. Este sentimiento (factor subjetivo) se suma a la realidad criminal de cada comunidad representada por su índice del delito (factor objetivo), derivando en reacciones negativas.
Esto no quiere decir bajo ningún concepto que se pretende una población complaciente que absorba obedientemente toda clase de situaciones, es más, la exteriorización de los sentimientos comunitarios basados o no en la objetividad del accionar de la delincuencia, es absolutamente legal y legítima. La interacción permanente y cotidiana entre los vecinos y su Policía, es fundamental en todo despliegue operativo pero se han dado casos donde deliberadamente se activa a las personas en contra de las instituciones con el único propósito de atraer a una audiencia televisiva.
Así como la institución policial debe ser extremadamente profesional y conformada por personas exhaustivamente seleccionadas, capacitadas y controladas permanentemente, el periodismo policial debe estar representado igualmente por verdaderos profesionales con alto sentido de responsabilidad. Porque lamentablemente, la precaria e inadecuada capacitación profesional comprobamos tanto en el funcionario policial como en el periodista que cubre las noticias.
Falta de recursos financieros
Un tema importantísimo es el salario de los funcionarios policiales, que representa un gran problema de Estado por resolver.
¿Hasta dónde se pretende explotar la lírica de la vocación de servicio, de la integridad, de la moral y de las buenas costumbres?.
¿Cómo puede exigírseles conductas poco menos que excepcionales y anticorruptas a quienes en muchísimas ocasiones no tienen para comer o se presentan al servicio dejando a sus familias sin dinero y además, bajo condiciones laborales deplorables?.
Tengamos presente que el trabajo policial es riesgoso e insalubre por lo que una jornada de labor mínima de conformidad a los contenidos de las legislaciones nacionales en la materia y además bien paga, es la adecuada, debida y aconsejada.
Las situaciones dramáticas propias de la función y vividas a diario por los agentes policiales, importan la necesidad de un seguimiento y apoyo psicológico que en la generalidad no se cumple (por no decir que no existe), generándose una falta de contención y atención que pueden derivar en peligrosas patologías, muchas veces exteriorizadas y canalizadas a través de sí mismo, de la comunidad en general, de los imputados en particular como del grupo familiar al cual deterioran y/o destruyen.
Por otra parte, la policía es y funciona gracias al esfuerzo y patrimonio personal, tanto espiritual como pecuniario de sus trabajadores policiales; de lo cual el Estado, se beneficia continua y cotidianamente a la vez que le resulta vital para el sostenimiento del sistema imperante por cuanto funciona carente de toda clase de recursos oficiales. De igual manera y a escala institucional de las diferentes dependencias, autofinancian su misión en el mejor y lícito de los casos con la colaboración de la comunidad.
¿Cuál será entonces el peor e ilícito de los casos? Es evidente que se generan situaciones permeables a la corrupción que ampliaremos en el próximo capítulo.
Entonces, esta realidad no es peor gracias a las personas de los funcionarios policiales encargados de hacer cumplir la ley que nunca han bajado sus brazos y siempre, todos los días, se enfrentan contra el delito en defensa de la Comunidad, muy a pesar de sus vidas y de sus afectos y dentro de un esquema laboral donde sus derechos como trabajadores bajo el pretexto de la vocación de servicio, pocas veces o nunca se han tenido o se tienen en cuenta.
Falta de sistemas y medios logísticos
El tradicional esquema policial se basa fundamentalmente en agentes policiales en patrulleros. La gente advierte por no decir padece la falta de este esquema en su comunidad. No hay suficientes funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley como patrulleros para cubrir todos los potenciales objetivos de la delincuencia. Si se comete un delito, esto quiere decir que en esa oportunidad no había un policía previamente asignado para evitarlo.
Tengamos cuidado, un esquema policial ideal jamás debe basarse en que la policía debe estar las 24 horas del día en todos lados pues sabemos que el delito tiene origen multicausal de manera tal que no es rígido que si se comete un delito entonces es porque no había un agente de policía.
¿Y las otras áreas del Estado dónde están?. Refiriéndonos a salud, educación, acción social y Trabajo por ejemplo y entre otras. Esto nos lleva a concluir que la policía debe desplegarse virtud a una planificación que responda a un sistema integrado de seguridad pues por sí sola, las posibilidades de neutralizar la actividad criminal serán limitadas o inútiles.
También hemos dicho que aún después de la comisión del delito se advierte la falencia de la policía en cuanto a su misión de hacer cesar el mismo y proceder a la detención de sus autores pues se comprueba la falta de personal policial y medios logísticos y financieros para atender esta etapa. El vecino llama a la policía y está, lamentablemente concurre cuando puede. A veces pronto pero otras con mucho retrazo pues no tienen capacidad operativa y logística de respuesta.
II. Modelo policial hegemónico (MPH)
Como hemos visto, surge de la realidad policial una serie de presupuestos que interactúan entre sí y dentro de un círculo vicioso, retroalimentado y conformando una problemática estructural y sistemática como de carácter histórico.
Veamos a continuación, sus aspectos constructivos y de sostenimiento, que se corresponden con:
• Relación Estado-Policía.
• Respeto y acatamiento irrestricto -y hasta ciego- para con el Estado.
• Marco jurídico inadecuado y tendencioso. Legislaciones convenientemente orientadas hacia un fuerte control y disciplinamiento social.
• Metodología. Corte represivo. Efectos del delito.
• Estructura organizativa y funcional. Militarismo.
• Corrupción.
Relación Estado-policía
La problemática policial en la república Argentina como en toda América Latina, tiene que ver con la respuesta histórica de la Institución Policial a un modelo utilitarista y hegemónico que no es fortuito o espontáneo, sino deliberado y cuya génesis se pierde con los años.
Con esto no estamos afirmando ni descartando que fueran los conquistadores, quienes nos regalaran un modelo policial, de ninguna manera, aunque muchas características clásicas en materia de doctrina y practica policial de los tiempos coloniales, aún persisten en la actualidad.
El modelo policial hegemónico ya tiene más de cien años y aún se sostiene, pese a las fuertes seudo reformas de corte gatopardiano que se le han practicado.
Un punto de partida posible para nuestro análisis, será la conformación de los estados en América Latina que en la generalidad y respetando las particularidades tempo-espaciales de los diferentes países involucrados, se producen a fines del siglo XIX con características muy similares.
No es el pretendido definir una plantilla rígida que involucre a todas las fuerzas policiales de la región, muchas de las cuales pueden haber tenido un devenir histórico-institucional distinto; pero sí responde a una generalidad muy aproximada.
La policía en el Estado nacional
Entonces, recordemos en principio la constitución de los estados nacionales, emparentados con las creaciones e institucionalizaciones de los ejércitos nacionales, habida cuenta de la necesidad, además de limitar sus fronteras, de impartir orden y poseer a la vez que ejercer, el poder político interno.
Pero esta necesidad, iniciada con un marcado y enmascarado absolutismo, se legitimará sobre la base de la razón del Estado para el orden y el bien común en sus relaciones con la sociedad.
En este cuadro de situación, sus primeras medidas estuvieron orientadas a su constitución y modernización, preponderando el fortalecimiento de la justicia, del ejército y de la policía e imponiéndoles, supletoriamente, una doctrina de alto potencial filosófico, donde su actuación, en pro del proceso de organización nacional, se emparentaba igualitariamente con lo ultra patriótico.
Debe quedar bien en claro, que el modelo de Estado Nacional no fue meramente un conjunto de medidas orientadas hacia una meta; representó toda una ideología que derivara en una nueva cultura impuesta por la clase dirigente, poseedora del poder político y económico hacia el resto de la población, actora pasiva de su propio devenir histórico. Se sentaron las bases jurídicas para una sociedad violenta, donde unos pocos satisfacían sus intereses a expensas del resto de la población.
El protagonismo oligárquico en este proceso, construyó primero y se valió después de una serie de estructuras, entre las que se ubicó nuestro modelo policial como también el de la instrucción pública, el modelo de salud, el de una justicia corporativa, lamentablemente aún vigentes; generando y tolerando la coexistencia de dos países en un mismo territorio, el legal y el ilegal; respetando la Ley pero con muchas excepciones. Prostitución y antiprostitución, aborto y antiaborto, matrimonio y concubinato, juego oficial versus juego clandestino, entre otros supuestos, representan las controversias más claras y demostrativas de esta construcción; pero para todo caso, países con inseguridad, sin estructuras dirigidas hacia el bienestar social y particularmente referidas a la prevención del delito a la vez que altamente permisivos al avance del Estado sobre los derechos de las personas y con los reaseguros que les brindaba un sistema jurídico corporativista, por cierto injusto, reaccionando eficazmente ante cualquier reproche individual.
En este contexto, las condiciones de exclusión social que trajeron las políticas impuestas, deliberadas por cierto y la necesidad de contención de las masas reclamantes por parte del Estado, determinaron la necesidad de constituir un verdadero sistema de dominación por encima y a expensas de la prevención en materia criminal, en el cual la policía fue siempre uno de sus soportes fundacionales y fundamentales, desarrollando notablemente un fuerte y excesivo control y disciplinamiento social y desvirtuando su razón de ser.
La soberbia de la clase dominante por creerse únicos y superiores y llamados para cumplir con los altos intereses de la nación, no les permitía ver ni aceptar ideas que no fueran las suyas y mucho menos reproches populistas, de manera tal que se está en presencia de la creación y sostenimiento por parte del Estado Nacional de un patronato de policía cuyos procedimientos y cuerpo axiológico se orientaban a prevenir, manipular y reprimir cualquier intento de reclamo social por parte de la población.
Así también se advertía la actuación de bandas delictivas que respondían a organizaciones mafiosas interrelacionadas con la política, cuyos dirigentes eran sospechados de proteger la prostitución, el juego clandestino y ciertas formas de extorsión individual y colectiva.
Ya en esta época, no le resultaba extraño a los agentes policiales recibir visitas o llamadas telefónicas de caudillos políticos, interiorizándose por algún detenido de hechos dolosos como que interrogado éste, manifieste que la recaudación ilícita se dividía en tres partes: una para el partido, otra para el caudillo y la restante para él.
La policía en el Estado benefactor
Al modelo de Estado Nacional, sostenido hasta muy avanzado el siglo XX, le siguió el Benefactor, verificado en la década del ´40 y reeditado en los años ´70, caracterizándose por orientar el ejercicio del poder político hacia el espectro social. Si bien constituyó un modelo de inclusión social que comprendió y movilizó a amplios sectores de la población, la metodología empleada lo llevó a situaciones comprometidas y reñidas con los aspectos básicos de toda democrática como la falta de representatividad de las minorías, derivando lógicamente en reiterados reclamos y conflictos sociales.
Por su parte, el aparato policial, intacto y con la doctrina del modelo anterior, paradójicamente sedujo al modelo benefactor, resultándole apto y muy conveniente para responder y aplacar estos reclamos y/o contener los conflictos suscitados, apoyándose en un vigente corporativismo jurídico dogmático también heredado y permitiéndole continuar con un fuerte control y disciplinamiento, acordes al grado de conflictividad social emergente.
Un aspecto estructural y común de ambos modelos de Estado, fue el despliegue operativo cada vez mayor de personal y medios de la policía, sobre todo en la vía pública de las ciudades, lo cual permitía la observación y control directo de la población a la vez que lo propio para con la delincuencia. Esta situación generada, muy conveniente e importante, además de neutralizar en cierta medida el accionar delictivo, disimulaba perfectamente al modelo policial hegemónico, enmascarando el seguimiento ciudadano con el pretexto de la investigación predelictual y descartando toda posibilidad de aislamiento, a la vez que aplacar considerablemente, un directo y permanente cuestionamiento a su organización.
Paradójica y felizmente, la institución policial fortaleció su condición de agencia social de referencia por cuanto al existir un contacto e interacción cotidiana entre la gente y sus funcionarios policiales, tanto en las calles como en sus dependencias, encontró su verdadera identidad a la vez que cumplir con su verdadera misión que no es otra que contener y proteger a los habitantes y colaborar denodadamente en el desarrollo social, logrando la resolución de muchos y variados problemas relacionados específicamente a la seguridad comunitaria.
La policía en el Estado burocrático-autoritario
El modelo que sigue es el denominado burocrático-autoritario que hace su aparición en las décadas de los ´60 y ´70 aproximadamente, siendo una mezcla perversa de intereses corporativistas internacionales de corte financiero e ideológico con un alto grado de intelectualidad mecanizada pero con una propuesta concreta y necesaria para su puesta en marcha y mantenimiento: la contención y la represión popular.
Para ello, una estrategia basada en llevar una voz de mando a todos los niveles de la comunidad y donde lo social responda a postulados técnicos y formulaciones matemáticas, sin posibilidad alguna de intromisión perjudicial desde las ciencias sociales; fue su característica más evidente y la ejecutará, comenzando con un potente shock social de la magnitud que únicamente lo producen los golpes de Estado y sustentándola continuadamente a través de un fuerte y excesivo control y disciplinamiento de la población, sin disimular la ilegitimidad e ilegalidad de su existencia, de su permanencia en el poder como de las medidas para destrabar los conflictos sociales emergentes.
Es conveniente hacer una importante aclaración. El modelo de Estado denominado burocrático-autoritario no estuvo disponible para toda América Latina, pues había países elegidos para su constitución como Argentina y Brasil, de manera tal de permitiera el trazado de un eje neocolonial y hegemónico con gran influencia en los países de la región. Si bien la implantación del modelo se inicia con los denominados «golpes de Estado», el fracaso de éste como ocurrió en la República Argentina, dejó en ella y en el resto de los países latinos, dictaduras militares con incapacidad manifiesta de conducción o reforma política y menos aún social que se limitaron a continuar con los parámetros del modelo de Estado Benefactor pero su una nueva versión, el Estado Inquisidor.
Entonces y lamentablemente, necesitó de una corporación que lleve a cabo estos preceptos. Qué mejor que la policía, otrora creada para fines similares y formando parte de ese mismo Estado que se pretende imponer para transformar la vida ciudadana.
Pero la realidad sociopolítica sobre todo a partir de la década de los años ´70, modificó la operatividad policial, verificándose un absoluto repliegue de personal y recursos logísticos hacia sus dependencias, provocando la pérdida del contacto diario con la gente, su aislamiento y el descontrol ciudadano a la vez que una cuota muy significativa en el fracaso de su lucha contra la delincuencia.
Sus acciones, condicionadas ideológicamente desde el gobierno que usurpaba el Estado para dar una respuesta armada hacia los movimientos terroristas –y reclamos sociales también- se hicieron cada vez más agresivas y represivas a la vez que indiscriminadas, llegando hasta niveles de crisis institucional inmanejables y con marcado desconocimiento funcional, lográndose para todo caso, la victimización de grandes y diversos sectores de la población como periódicas ocupaciones territoriales.
La policía en el Estado actual
Finalmente llegamos al actual modelo que intenta construir un nuevo Estado sobre la base de racionalizaciones y profundas transformaciones. Se advierte que pretende cumplir con la premisa democrática de la representatividad mas tiene serios inconvenientes con la participación integral de la población.
Efectivamente, los fuertes y contínuos ajustes en el plano económico, basados en la cara oscura de un neoliberalismo perverso y con influencia en todas las áreas de la vida comunitaria; construyen y sostienen un modelo de exclusión que abarca a grandes y diversos sectores de la población, derivándose inevitablemente en conflictos sociales.
Y esto lo notamos a diario con la simple lectura de un periódico o la escucha de un noticiero, reproduciendo sucesos acaecidos en cualquier parte del mundo y especialmente en Latinoamérica; comprobándose como denominador común que la respuesta primaria, dada por los gobiernos ante los diversos reclamos formulados por amplios sectores de la comunidad (estudiantiles, obreros, desocupados, jubilados, etc.), se corresponde con la acción policial, muchas veces inusual, incontrolada y brutal.
No cabe la menor duda que la orientación de este nuevo Estado es el ansiado Estado de Derecho, pero las sucesivas etapas que debe sortear para su meta, traen consigo una radicalización de la marginalidad, conformando una plataforma permeable al conflicto social violento y que conlleva al escape hacia el delito, situación que se ha verificado y es una constante en el tiempo a la vez que también lo fue y es, la utilización del aparato policial con fines de aplacar la conflictividad social pero de neto corte represivo.
Pretendemos un esquema operativo y una apertura policial hacia la Comunidad como forma de revertir lo sucedido en la etapa anterior a la vez que disminuir y controlar el accionar de la delincuencia, lo cual implica una fuerte inversión espiritual y material para su puesta en marcha y sostenimiento, donde la vigencia del modelo hegemónico es el principal factor negativo.
Vemos entonces como el modelo policial hegemónico tiene su génesis en común con la formación de los primeros estados en Latinoamérica y que no precisamente respondiera exclusivamente a proteger al habitante de la delincuencia. Se construyó y sostuvo un aparato al cual le fijaron una ideología preponderantemente represiva que condicionó su práctica policial hasta nuestros días, aunque en algunos casos, notablemente modificado y disimulado. Porqué de esta manera se lograría la resolución de problemas tras la imposición de aquellas políticas oficiales que provoquen reclamos y conflictos por parte de la población; abordándolos sistemáticamente mediante la fácil y rápida aunque nada democrática solución policial.
La fuerza policial, en el marco de su modelo hegemónico fue creada para ser violenta y responder así a una también creada policía violenta; es decir, operando inmersa siempre en la violencia y con violencia.
Esta relación lograda por el Estado para con su policía y en donde la policía ocupara históricamente una posición intermedia, necesitó de un marco legal adecuado y conveniente que le fijara una organización perfectamente diseñada y una metodología funcional que respondiera con este modelo y sus fines.
La policía y un Estado Inquisidor
«La Patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes, ni le da armas para que cometa la bajeza de abusar de estas ventajas, ofendiendo a los ciudadanos con cuyos sacrificios se sostiene: la tropa debe ser tanto más virtuosa y honesta, cuanto es creada para conservar el orden de los pueblos, afianzar el poder de las leyes y dar fuerza al gobierno para ejecutarlas y hacerlas respetar de los malvados, que serían más insolentes con el mal ejemplo de los militares: (…)» San Martín, Código de Deberes Militares y Penas a sus Infractores, Introducción, 1812.
Al decir soldado, tropa y militares puede extenderse sin temor a equivocarnos: funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley.
La historia nos ofrece un ejemplo invaluable para nuestro cometido, pues además de justificar la denominación inquisidor demuestra un punto de referencia temporal para comprender hoy y en nuestro pasado inmediato de dónde vinimos, cómo fuimos, qué hicimos y adónde vamos o mejor dicho, adónde no debemos llegar.
Fray Tomás de Torquemada fue la figura representativa y emblemática de la Inquisición Española desde su inicio en 1482 en su carácter de Inquisidor General. Un personaje siniestro que se rodeó de otros también siniestros poniendo en marcha una maquinaria implacable de caza de brujas, de intolerancia y permanente sospecha, terror y delación que entorpecieron y tiñeron de negro trágico durante su mandato la vida intelectual española.
Sus acciones, pensadas fundamentalmente bajo los supuestos de preservación de la pureza de la Fe, se tradujeron en miles de ejecuciones mediante la hoguera y un número varias veces superior de encarcelamientos, confiscaciones, torturas y degradaciones públicas que si bien se pierden en el tiempo, permanecen vívidos en la memoria de los españoles en particular y la humanidad toda en general.
Torquemada -como otros- nos talló, nos marcó para siempre dándonos la impresión que su espíritu siguió vigente y sembrando el terror en nuestra América Latina.
A él fundamentalmente, le debemos la denominación de Estado Inquisidor que más que un modelo de Estado representa la otra cara de los diferentes modelos de Estado vistos hasta ahora.
Sería fácil analizar la versión violenta e inquisidora de un modelo de Estado cuando sus gobiernos han sido producto del fraude o por intromisión de las Fuerzas Armadas. Pero nuestro cometido se complica al reconocer e incorporar como situación fáctica esa misma violencia de Estado a través de gobiernos democráticos, elegidos lógicamente por la libre voluntad de los pueblos.
Efectivamente porque tanto en gobiernos de facto o producto del fraude como democráticos surgidos de la voluntad popular se manifestó una metodología que bien podría llamarse «cultura de la violencia» o «cultura de la tortura» o también «cultura de la muerte».
Persecuciones físicas e ideológicas, listas negras, cazas de brujas, despidos indiscriminados de trabajadores, exoneraciones de magistrados y funcionarios, allanamientos ilegales, privaciones ilegales de la libertad, torturas, muertes y desapariciones como detenciones a disposición de los poderes ejecutivos, han representado en la historia una amplia gama de reacciones oficiales ante cualquier posición opositora el régimen.
En gobiernos usurpadores y surgidos a espaldas de la voluntad popular, la creación y sostenimiento de grupos armados para la represión general o específica de la población formaba parte del aparato mismo del Estado, sin descartar la posibilidad de otros grupos tolerados y subvencionados oficialmente.
En aquellos que son legítimamente elegidos por los pueblos, la situación es notablemente diferente pues su actuación es inconfesable desde todo punto de vista como también son las diferentes formas de manifestarse que ya mencionáramos en párrafos anteriores.
Generalmente existe una simulación para temas inherentes al disciplinamiento social como dobles mensajes en lo relativo a temas específicos tales como la delincuencia o el accionar de grupos juveniles violentos con escape o no hacia el delito. Ningún funcionario impartirá directivas al respecto de neutralizar el accionar de bandas juveniles con métodos violatorios de los Derechos Humanos pero si es posible que imparta directivas y con fuertes presiones para que esas bandas dejen de actuar. El tema recurrente en América Latina es cómo recepta esta orden una institución policial creada violenta para actuar en una policía violenta y a la cual han responsabilizado histórica y exclusivamente de la seguridad ciudadana. Cuánto margen para lo ilícito permite los dobles mensajes como violar la ley y los derechos humanos con el pretexto de hacerla cumplir.
La situación económica desfavorable que deriva en la falta de trabajo, miseria y desesperación de la población, sumada a la defensa de algunos gobiernos para con los intereses de los más pudientes y poderosos, importan condiciones de vida que fomentan y derivan en el conflicto social violento como la delincuencia misma.
La prevención como la represión de estos conflictos sociales sea o no violentos ha demandado la atención de los gobiernos democráticos o de facto mereciendo una respuesta de carácter policial. Frases como: «O se está con nosotros o contra nosotros» o «el habitante tiene derechos pero el Estado no tiene la culpa» son en síntesis la filosofía con que se enmascara la discriminación y la intolerancia.
De manera tal que por cuestiones ideológicas, de poder económico o político, las personas son convertidas en esclavas de los más poderosos muchas veces al amparo de legislaciones injustas coartándoles su derecho a la vida, a la libertad y a su participación en la cosa pública, pues si no se está con el pensamiento y acción del gobernante de turno, es un enemigo potencial al cual hay que aplacar.
Llámense como se llamen: comandos civiles, grupos de tareas, convivir o servicios especiales de vigilancia, grupos parapoliciales o paramilitares o bien escuadrones de la muerte, de origen legal o ilegal, vistiendo ropas civiles o uniformes, a la luz o en la clandestinidad pero con objetivos inequívocamente ilícitos, estas formaciones han desarrollado una labor de limpieza humana en favor oficial y contra toda potencial o no, oposición al régimen vigente. Tenemos que recordar que hubo gobiernos democráticos en América Latina que han manifestado haber coartado algunas libertades individuales en procura de lograr objetivos.
Y el régimen vigente está conformado y representado por quienes no admiten a los que piensan diferente y consideran inconformistas, aunque estos últimos estos estén sumidos en la miseria. El que no piense igual al régimen o se manifieste opositor debe ser disciplinado de alguna manera, que puede ir desde incorporarlo a una lista negra que le reportará su fracaso y escaso progreso al menos en la esfera oficial, hasta eliminarlo o hacerlo desaparecer. Muchos representantes del régimen le han agregado al cuadro de situación una cuota personal que implica la paranoia de sentirse perseguidos, amenazados y conspirados por personas o grupos que en definitiva resultan ser nada más ni nada menos que gente peticionando por sus derechos. Son los que ven al enemigo en todos lados, comenzando por ellos mismos.
Colonialismo, liberalismo, neoliberalismo, comunismo o la misma doctrina de la seguridad nacional, como régimen colonizador o neocolonizador, de facto o democráticos, han sido directa o indirectamente autores, cómplices o encubridores de sistemáticas violaciones a los derechos humanos, perpetradas por grupos subvencionados por el Estado o pertenecientes a éste, encubiertos o no.
Esta practica cotidiana de crear y sostener elementos coercitivos con capacidad de respuesta operativa extrema como es la muerte, dentro o no del aparato estatal represor perfectamente identificado como la Policía, ha sido desterrada por los gobiernos sobretodo en la última década en virtud del reproche generalizado de la opinión pública a través de los medios periodísticos, de organizaciones no gubernamentales e incluso mismo desde las filas policiales donde se advierte un absoluto rechazo a todas aquellas acciones que importen delitos.
Realmente hoy por hoy, no creo más que como caso aislado que algún policía reciba una orden de cometer un ilícito sin que proceda a realizar la correspondiente denuncia. Tengo mis reservas en cuanto a los dobles mensajes oficiales que si bien no implican la creación y funcionamiento de grupos operativos estructurados, puede que importen la eventual conformación de los mismos para actuar puntualmente en determinadas acciones y para neutralizar alguna puntual situación inadecuada. Aún así, rescato que el sentimiento democrático que impera en las actuales instituciones policiales, hace insostenible una metodología de estás características aunque no imposible en el campo de lo puntual y eventual.
Algunas alarmas producidas en países de América Central dan cuenta de la posible actuación de grupos organizados cuyos integrantes develan un comportamiento sugestivamente similar al militar o policial que bien podría conectarlos con los organismos de seguridad estatales, pero si bien es rechazado oficialmente han dado origen a investigaciones locales e internacionales pero. Aún así, los gobiernos deben asumir una importante cuota de responsabilidad al respecto.
Denuncias en Brasil, El Salvador, Honduras, República Dominicana, Colombia, Perú y aún mismo en Argentina, por parte de la prensa y organizaciones no gubernamentales dan cuenta de acciones policiales como de individuos o grupos con practicas sospechosas en la que se coarta las libertades personales, se tortura y aún se mata a las personas bajo situaciones poco claras y altamente sospechosas.
Títulos como » La matanza de… «, » La masacre de… » o » Los mártires de… » enlutan a nuestra América Latina y tristemente nos obliga a comprobar que la persona humana –para quien escribe la imagen real de Dios en la Tierra- no es más que un medio o instrumento para demostrar el poder, la riqueza, la intolerancia, la discriminación como toda oscura manifestación de explotación del hombre por el hombre.
La realidad de cada país latinoamericano, su historia e idiosincrasia sumados a la influencia y acción de los controles internos oficiales o independientes como internacionales han neutralizado el accionar impune de grupos armados creados y sostenidos para el disciplinamiento social, generando reaseguros institucionales para que no se produzca un rebrote.
A esta altura, el lector pudo haberse preguntado en varias oportunidades cómo un policía puede hablar de la manera que habla de la institución policial. Y me parece oportuno al término de este segmento, enfatizar que el suscripto en todas sus manifestaciones reafirma la condición de inmaculada de las policías en toda Latinoamérica pero devela acciones y practicas de algunos funcionarios enquistados en sus conducciones –tácticas, estratégicas y políticas- que las han traicionado y quienes escudándose en sus uniformes –deshonrados por cierto- las utilizaron para fines e intereses meramente personales, pecuniarios y de poder, convirtiéndolas en fuerzas aisladas y temidas por su comunidad.
