La prensa venezolana reportó el desmantelamiento parcial de una red que se dedicaba al tráfico de inmigrantes chinos. Las mal llamadas “víctimas”, indica la información aportada por un portavoz de la policía judicial, eran traídas de Cantón y luego de una breve estadía en un inmueble de la capital eran distribuidas en diversos locales comerciales de todo el país. Parte del dinero devengado por el trabajo de estos inmigrantes va a los dueños de la organización como parte de pago por el “servicio” que representa el traslado desde territorio chino hasta Suramérica.
El caso, sin embargo, no es nada nuevo. La prensa mundial con frecuencia reporta sobre las actividades de estas organizaciones en Estados Unidos y México (donde son famosos los “coyotes” que trasladan grandes contingentes por el desierto de Arizona), España, Italia, Brasil y Colombia. Pero no por eso se puede voltear la mirada ante la terrible tragedia humana que hay detrás de cada una de estas personas, que de un día para otro es llevada a un territorio a menudo extraño y hostil, donde pretende encontrar mejores condiciones de vida que en su país de origen.
A veces, los países donde son descubiertas estas redes son meros puentes o pasadizos hacia otros destinos. En el caso venezolano, por ejemplo, hay la posibilidad de acceder al resto de las naciones del área andina, gracias a los convenios de libre tránsito y “cielos abiertos”. La acción de las mafias se facilita por la corrupción de los funcionarios que operan en las oficinas de Identificación y Extranjería.
En el tráfico de inmigrantes es difícil precisar dónde están las víctimas. Uno podría suponer que todas las personas que aparecen en un contenedor en Nuevo México han sido llevadas contra su voluntad. Pero en realidad eso no es así. Muchos, de hecho, escogen esa vía para llegar al territorio deseado, conscientes de que no podrían hacerlo a través de los mecanismos legales. En estos casos, el riesgo físico, el trabajo de meses en condiciones precarias y el dinero para los jefes de la organización forman parte del costo total a cancelar por el “servicio”. Se trata, por lo tanto, de uno de los llamados delitos “consensuales” por el mismo estilo que la prostitución y el tráfico de drogas. Son delitos porque el Estado, a través de sus legisladores, ha decidido que esas son conductas merecedoras de reproche y perseguibles desde el punto de vista penal. En otras palabras, los habitantes de tales países no desean que sus calles estén llenas de vendedores de drogas, lupanares e inmigrantes ilegales.
No es casualidad que todos estos “delitos consensuales”, así como las diversas modalidades del juego de azar, sean explotadas por estructuras de delincuencia organizada. Esto permite a tales grupos una interacción entre todas estas actividades. Por ejemplo, algunos inmigrantes ilegales convienen en llevar alijos de drogas a su destino final como parte del pago por el servicio. En España, la Guardia Civil reportó en 2004 que las organizaciones de tráfico de drogas se estaban “reconvirtiendo” hacia el transporte ilegal de inmigrantes. En realidad, lo que sucedía era una suerte de integración de actividades delictivas.
Después de los ataques terroristas de septiembre de 2001, Estados Unidos inició una reestructuración de sus servicios de Naturalización e Inmigración. Actualmente, esta oficina está integrada al departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés). El temor de los gobernantes estadounidenses se refiere a la consolidación de células “durmientes” de individuos que pudieran atentar contra ese país, tal y como lo hizo el grupo liderado por Mohammed Atta en aquella oportunidad. No se puede olvidar el bochorno sufrido por el Gobierno meses después de los atentados, cuando llegó a la escuela de pilotos en Hollywood (Florida) un correo para informar sobre la aprobación de la visa para Atta. Algo insólito.
Se ha señalado que el número de inmigrantes ilegales transportados por estas organizaciones es de 900 mil por año. Pero esto no es más que una especulación. Podrían ser menos o más. En fin de cuentas, lo que caracteriza a esta actividad es que transcurre bajo las sombras, con sigilo y mucha corrupción de funcionarios. Por lo tanto, estamos hablando de cifras negras. Solamente podremos lograr una aproximación al tema mediante ejercicios deductivos y comprobaciones in situ. Lo importante para cada Estado es que la inmigración ilegal pone en peligro su propia estabilidad, así como la calidad de vida de los ciudadanos, cuyos trabajos y servicios públicos de la noche a la mañana deben ser compartidos con individuos cuya presencia no era prevista.
