Empresas de presos (3 al 10 de enero 2003)

 

La privatización pareciera serla alternativa que goza de la mayor simpatía entre los gobiernos al momento deatacar el problema del hacinamiento carcelario, así como la baja calidad de losservicios que son prestados en tales centros.

 

Ciertamente, una cárcel no esun hotel, pero tampoco debería ser el centro donde los estados aplican una penade muerte sin declararla o, como dicen en algunos países latinoamericanos, la“universidad del delito”:  los lugaresdonde el delincuente antes que regenerarse aprende nuevas técnicas paratransgredir la ley.

 

En términos teóricos, unapenitenciaría es un sitio adonde la persona que ha cometido un delito paga lapena corporal que le han impuesto en el sistema de aplicación de la ley.  En ese proceso, se supone que el reoaprehende un conjunto de valores y habilidades que le permitirán“resocializarse”, al ganar nuevamente la libertad.

 

En las cárceles tambiénpermanecen algunos individuos que están siendo procesados por delitosviolentos, quienes a criterio del juez merecen una “detención preventiva”,mientras se determina si realmente son responsables de los hechos que lesimputan.  Tanto en un caso (condenados)como en otro (procesados) tales edificaciones son utilizadas para mantenerlejos del conglomerado social a individuos considerados peligrosos.

 

En los estados democráticos yrespetuosos (real o formalmente) de los derechos, la población de los penalesrepresenta un reto.  Si bien es ciertoque el preso debe ser objeto de un tratamiento lo suficientemente riguroso comopara hacerle entender el daño que le ha causado al resto de la comunidad, supermanencia en confinamiento trae consigo la exigencia de servicios mínimoscomo pueden ser alimentación, aseo, medicinas, atención psicológica e inclusobibliotecas y educación formal, además de la vigilancia interna yperimetral.  Si tales servicios no estána la disposición;  si el reo no goza deun espacio mínimo para desenvolverse; si los ladrones de gallinas tienen queconvivir con homicidas empedernidos, las cárceles se transforman en evidenciaspalpables del menosprecio de los estados por los Derechos Humanos.

 

Desde España hasta Argentina,y salvo honrosas excepciones, las cárceles son un dolor de cabeza para losgobiernos.  Se acuerdan de ellas cuandohay motines, como los recientemente escenificados en Guatemala.  En la Venezuela de la década anterior lasnoticias sobre revueltas de presos fueron tristemente famosas. Otro tanto se havisto en Colombia, Perú, Argentina y Brasil.

 

La privatización de lascárceles no debe ser vista como un modo de escurrir el bulto ante unaproblemática tan compleja.  En EEUU haytantos detenidos como podría ser la población total de un país caribeño (2,1millones).  Existen, tanto en esta áreacomo en otras actividades del Estado, varios modos de buscar la colaboración delas empresas privadas.  En este aspecto,los países sajones (Australia, Estados Unidos y el Reino Unido) han dado unpaso adelante.  Los primeros ensayosefectuados en hace 20 años delegaban en manos privadas los controles de accesoy la vigilancia de las instalaciones. Posteriormente, la relación entre el sector público y el privado se hizomás compleja en materia carcelaria, pues los estados centrales, regionales ymunicipales contrataron otros servicios, hasta que finalmente optaron porentregar la cárcel como un todo a las corporaciones.

 

Una investigación encargada aScott Casmp y Gerald Gaes por el

Del otro lado, el estudioseñala que los correccionales privatizados son terreno fértil para innovar enla aplicación de tecnologías, especialmente destinadas al monitoreo y la vigilancia,así como en el desarrollo de esquemas para el tratamiento de los reclusos.

 

Existen varias modalidades deprivatización. Van desde la subcontratación de servicios hasta el manejocompleto de las prisiones.  Enocasiones, los gobiernos contratan no solo la operación de estas instalacionessino su construcción, previo trazado de un perfil de los reclusos que allíestarán.  En este esquema, los poderesdel Estado (contralorías, defensorías del ciudadano, etc.) deben concentrarsetanto en la supervisión del cumplimiento de las metas por parte de lascorporaciones contratadas como en el diseño del plan para el subsistemapenitenciario, una competencia exclusiva de los poderes públicos.

 

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