El concepto de cédula de identidad seguramente resulta familiar para muchos latinoamericanos. En los países de esta área, las instituciones educativas llevan a los pequeños a los despachos de identificación, donde los registran y emiten los documentos. Desde entonces, todos los individuos deben portarlo pues de lo contrario pueden pasar malos ratos ante las autoridades.
Pero esto no es así en todas partes. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha establecido que la obligatoriedad de sacarse una cédula de identidad es violatoria de la Constitución, y que el documento mismo contiene datos que traspasan los confines de lo público para inmiscuirse en la vida privada de las personas. Sin duda que la reivindicación de este derecho representa un problema para el Estado, pues muchas personas se amparan en el anonimato para cometer delitos de diversa índole. No obstante, esta situación se resuelve parcialmente en la medida en que el propio individuo voluntariamente aporta datos personales con la finalidad de tramitar la licencia de conducir, la tarjeta del seguro social y la credencial de funcionario, si es el caso.
En Latinoamérica, las cédulas nacieron como un mecanismo (implantado por los conquistadores europeos) para identificar a los esclavos cuando salían de sus feudos. Desde entonces y hasta el siglo XX fueron documentos manuscritos, no por el portador sino por el dueño de la tierra en la que él trabajaba, y posteriormente por las autoridades locales. Si un esclavo era hallado sin su cédula se suponía que se había fugado, y podía ser sometido a pena de muerte.
La esencia de la cédula no ha cambiado desde entonces. Sigue siendo un documento en el que un tercero supuestamente investido de alguna autoridad dice quiénes somos. En algunos estados la presentación de la cédula es requisito indispensable para el ejercicio de derechos y deberes ciudadanos tales como el voto, la obtención de constancias de estado civil y pasaportes, la apertura de cuentas bancarias, el cobro de cheques y todo tipo de negociaciones, por decir algunas.
Resulta difícil pensar en un sistema electoral que arroje resultados confiables si los votantes no están debidamente identificados. Por esta razón, por ejemplo, en Costa Rica las cédulas de identidad son emitidas por la autoridad comicial. Allí todo el que quiera ejercer su derecho a elegir y ser elegido debe registrarse y obtener este documento.
Se considera, por lo tanto, que en países como éstos la vulnerabilidad de los sistemas de identificación pone en peligro la seguridad del Estado, y si es el caso la continuidad del sistema democrático. ¿Un fraude masivo en los sistemas de identificación podría modificar el favoritismo real de los electores mediante la introducción en el padrón de personas obligadas a votar por una tendencia específica? Luce difícil, pero no imposible. En Venezuela, por ejemplo, Rafael Caldera fue electo Presidente en 1968 por una diferencia de apenas 23 mil sufragios. Todo depende, entonces, de quién monte el fraude y por cuánto tiempo.
En los últimos años Chile, Paraguay y Colombia han aprovechado el surgimiento de nuevas tecnologías para modificar sus cédulas de identidad. Estos cambios apuntan esencialmente a incluir dentro del documento elementos de seguridad que dificulten su falsificación, por una parte, y por la otra a añadirle información que antes no poseía en torno a las características del titular: datos filiatorios, grupo sanguíneo y características biométricas distintas a las huellas digitales (medidas de la cara, las manos, etc.). Según el Servicio de Registro Civil e Identificación chileno, las cédulas que son emitidas en ese país desde 2002 tienen niveles de seguridad similares a los de los billetes. En fin de cuentas, ambos son documentos que requieren de la máxima confiabilidad.
Una cosa, por lo tanto, son los datos que la cédula incorpore en torno a su titular y otra los niveles de seguridad que posea el documento. Esto no se debe confundir en la discusión pública pues puede llevar a decisiones equivocadas en torno a la fiabilidad del documento, y a la vuelta de unos años esto puede transformarse en un factor de perturbación tanto en las relaciones internas de la sociedad como en la interacción que los individuos del país tengan con las autoridades de otras naciones. La reivindicación de la privacidad es una cosa y otra es la seguridad del documento que dice quiénes somos. Ambos conceptos son complementarios, no excluyentes.
