Examen anual (16 al 23 de septiembre 2005)

La certificación antidrogas que anualmente emite Estados Unidos en cuanto a los países con los que adelanta programas de cooperación –de todo tipo- ha sido criticada con razón por constituir un mecanismo de intervención indirecto en los asuntos internos de estas naciones. Incluso desde el punto de vista del gobierno estadounidense es contraproducente porque genera distorsiones que pueden perturbar el buen desenvolvimiento de las relaciones bilaterales en los otros ámbitos, como por ejemplo en el comercio de bienes y servicios.
El debate sobre esta materia no es nuevo. Durante la gestión presidencial de Hill Clinton, el llamado “zar antidrogas” Barry Mc Caffrey declaró en más de una oportunidad la disposición del gobierno estadounidense de reemplazar la evaluación unilateral por un mecanismo en el que participen grupos de países sobre la base de un conjunto de reglas comúnmente aceptadas. Este procedimiento fue adoptado desde la década pasada por la Comisión Interamericana contra el Uso Ilícito de Drogas (Cicad), una dependencia de la Organización de Estados Americanos.
A pesar de esto, Washington continúa emitiendo su certificación anual en materia de lucha contra el tráfico de drogas, y con seguridad seguirá haciéndolo en el futuro inmediato. Varias razones explican esta situación:
*La Ley de Ayuda Exterior fue enmendada en 1986 para incluir una disposición que obligara al Ejecutivo a certificar si los países receptores de esa ayuda realmente cumplen con los objetivos propuestos. Esa normativa sigue vigente, y es poco probable que sea reformada de nuevo, pues de hecho instituye ciertos mecanismos de control para prevenir el uso indiscriminado de los fondos y reducir al mínimo los riesgos de corrupción.
*El sistema de evaluación implantado por la Cicad ciertamente podrá ser más “justo”, en el sentido de que los países son evaluados por comisiones integradas por representantes de otros países del sistema interamericano, sobre la base del cumplimiento de 60 criterios. Pero este examen generalmente se lleva a cabo en medio de la tradicional discreción diplomática, y los gobiernos reprobados no se ven sometidos a los aprietos que tradicionalmente pasan los que resultan “descertificados” por Washington, no sólo por aparecer ante el resto de la comunidad internacional como entidades que no hacen lo debido para impedir el tráfico de drogas, sino también porque se imponen trabas a la hora de obtener financiamiento de organismos multilaterales en los que Estados Unidos tiene derecho a veto, como son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo.
*Durante el gobierno de Clinton había una clara disposición en el ejecutivo estadounidense para promover una reforma a la legislación vigente desde 1986 en materia de certificación antidrogas. Pero los atentados del 11 de septiembre de 2001 cambiaron todo el panorama. Desde entonces, Estados Unidos se reserva toda potestad de controlar, aunque sea en forma indirecta, todo lo relacionado con las políticas antidrogas de los países vecinos, siguiendo la convicción de que los dineros producidos por el comercio de psicotrópicos pueden ser utilizados para el financiamiento de actividades terroristas. El Acta Patriota, así como otras disposiciones legales establecen relaciones de cooperación internacional en las que los países de la periferia quedan en clara desventaja.
Luego de 2001 una descertificación en materia de drogas tiene consecuencias mucho más profundas que las que pudo tener antes de ese año. Los paraísos de los traficantes son generalmente regímenes con instituciones frágiles y sistemas de justicia inoperantes, en los que la corrupción prevalece. Ambientes como éstos llaman la atención de los grupos terroristas, pues allí pueden constituir bases para proyectar sus operaciones hacia el exterior, sin ser molestados por las autoridades locales.
La comunidad de naciones desarrolladas tiene una actitud paradójica con relación a esta evaluación anual. Por una parte la critica, pero por la otra sabe que es necesaria pues resulta indispensable ejercer mecanismos de control en cuanto al destino de los fondos otorgados. En fin de cuentas, nadie da nada sin esperar algo a cambio, y mucho menos en el ámbito de las relaciones entre Estados. El mecanismo de examen multilateral viene a ser apenas una solución intermedia.

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