Los ministros de Defensa, Seguridad e Interior de los países centroamericanos anunciaron al final de una cumbre celebrada en Tegucigalpa (Honduras) la creación de una fuerza de tarea, cuya finalidad según el reporte divulgado por El Diario de Hoy (El Salvador) será combatir “en forma conjunta” el tráfico de drogas, el terrorismo, el tráfico de armas “y las pandillas que asolan a la región”.
Uno no sabe a ciencia cierta cuál de estas actividades ha sido percibida por los funcionarios reunidos en Honduras como una real amenaza para su seguridad. La historia reciente, sin embargo, nos indica que el tráfico de drogas, el terrorismo y la venta ilegal de armamento han sido moneda de uso común en los países centroamericanos durante los últimos 25 años. Pero no por eso los representantes de los gobiernos afectados discutieron y decidieron integrar sus fuerzas de seguridad con la urgencia demostrada en estos días.
Una pista al respecto dio el ministro de Defensa hondureño Federico Brevé al declarar que las pandillas, conocidas en la región como “maras”, constituyen una “amenaza emergente” no sólo para los estados que participaron en la cumbre sino también para México.
Hay que recordar que a finales del año pasado el gobierno de Honduras se declaró en alerta al conocerse la amenaza escrita de un conocido pandillero, nada más y nada menos que contra el presidente de ese país, Ricardo Maduro. Otros hechos a considerar son los motines carcelarios ocasionados en varios países del continente por miembros de tales grupos, las masacres de civiles y la movilidad que han demostrado los líderes de las “maras”, lo que les permite trasponer con facilidad todas las fronteras entre México y Panamá. Entonces, podemos deducir que estas agrupaciones delictivas desde hace mucho tiempo dejaron de ser meros ladrones de esquina para transformarse en una importante expresión de la delincuencia organizada.
Bien, entonces, por haber tomado esta decisión. No obstante, como dice el refrán, del dicho al hecho hay un largo trecho por recorrer. Por lo pronto, los delegados de los países interesados en el proyecto se verán las caras de nuevo el 29 de abril, para afinar los detalles técnicos que son los que en fin de cuentas marcarán la diferencia entre el éxito y el fracaso de esta iniciativa.
Quizá en esa oportunidad sea posible despejar algunas “dudas razonables”. Por ejemplo, el concepto de la acción conjunta nos remite directamente hacia una doctrina de orden militar. Sin embargo, en la declaración divulgada al finalizar la cumbre se aseguró que esta fuerza de tarea contará no sólo con la participación de los componentes castrenses del área, sino también de los organismos policiales y de los funcionarios de las fiscalías nacionales. ¿En un sistema con componentes tan dispares, quién será el llamado a ejercer las funciones de comando, especialmente en el momento de las operaciones de campo? ¿Aceptarán los militares centroamericanos un liderazgo civil?
El ministro Brevé señaló que el grupo será una “fuerza rápida”. Entonces, la movilidad será una de sus características esenciales. ¿Cuentan los gobiernos involucrados en este proyecto con los medios para generar alerta temprana en los ambientes marítimo, aéreo y terrestre?¿Poseen las herramientas de transporte para que esa alerta sea de utlidad?
La integración suele ser bienvenida en términos generales, pero en la práctica cotidiana puede generar inconvenientes. ¿Tendrán estos gobiernos los protocolos o manuales de procedimiento operativo vigente (POV) para perseguir “en caliente” a las actividades criminales que vayan de un lado de la frontera al otro?
La magnitud de estos escollos indican que la reunión de abril tendrá poca utilidad práctica, aunque ciertamente nos permitirá comprobar si realmente hay “voluntad política” entre los gobiernos del área para llegar a la meta deseada.
