Gerencia de seguridad corporativa y seguridad personal

La seguridad personal la asumimos como un derecho humano fundamental que implica la posibilidad de disfrutar todos los otros derechos y como tal requiere que se den las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales requeridas para que sea efectivo. Es el derecho de las personas de recibir la protección de su integridad física, de sus bienes personales y del entorno en que vive y desarrolla sus actividades.
Existen muchos estudios y análisis donde podemos apreciar desde el punto de vista perceptivo, qué opinan los venezolanos sobre el problema de la seguridad. Cubriendo desde el año 2000 hasta el 2003, comparando la «inseguridad» con el «desempleo», se observa cómo desde el año 2000 la relación «desempleo»/»inseguridad» pasa de 49% / 40% para 2000; 27,68% / 43,56%
para 2001; hasta llegar a 10% /56% para 2002. No dudamos que al cierre de 2003, esa tendencia a priorizar la «inseguridad» como principal problema se mantendrá o incrementará.
Siendo así podemos concluir que los venezolanos ven la delincuencia como una amenaza cada vez más grave, que interfiere en la realización de sus actividades cotidianas atentando contra su vida y sus bienes.
Si nos vamos a cifras formales vemos claro en la estadística, la cual se anexa, desde 1982 a 2002 existen dos factores importantísimos de análisis que son los siguientes: en el 91-92 se dispara el homicidio por cada 100 mil habitantes en el país a 21 justamente con una coincidencia política que fue la intentona golpista y el enjuiciamiento y destitución del Presidente Pérez como crisis política institucional. Y también en 1998 podemos ver como se dispara a 30 el homicidio por cada 100 mil habitantes, justamente coincidiendo también con una crisis política institucional, donde hay impunidad, se desarticulan las policías, los civiles están armados y surge una violencia política hasta el 2002 y evidentemente con una proyección eventual para cualquier venezolano que lo pueda y quiera interpretar hacia el 2003.
Esto arroja el alarmante indicador que en los últimos cinco años (1998 – 2002) los
delitos se han incrementado, en su totalidad, en un 91% Si proyectamos estas cifras para 2003, para 2003 tendremos que enfrentar 270 mil casos delitos.
No podemos tampoco pasar por alto lo que tradicionalmente se ha manejado como una cifra negra, que obedece a muchos motivos, entre los cuales destacamos, sin que su enumeración establezca orden jerárquico alguno, la falta de coordinación entre las policías, perdida de confianza en las autoridades, temor a retaliaciones después de la denuncia, las incomodidades para comenzar todo el proceso de denuncia, lo largo y dispendioso del tramite y su excesiva acumulación, las presiones, sobornos y maniobras a que son sometidos funcionarios del área de parte de quienes tienen intereses en las decisiones directa o indirectamente y, naturalmente, los delitos que cuya exposición avergüenza a la victima.
En 2002, hubo cerca de 9.000 homicidios; 30.000 casos de lesiones personales; la sorprende cifra de cerca de 10.000 secuestros (considerando todas las modalidades); cerca de 50.000 hurtos y 40.000 robos.
Cuando las autoridades, ante su impotencia para enfrentar la situación, le responde a cuantos manejamos los problemas de seguridad que ésta no reviste gravedad alguna, semeja al pacienta a quien su médico le diagnostica un cáncer y se niega aceptar que tiene una enfermedad terminal. Mientras no se reconozca con honestidad profesional la magnitud de este mal, tampoco será posible que exista la necesaria voluntad para corregirlo y el deterioro es tan grande y los daños son tan cuantiosos, que se requiere una ingente voluntad para frenar la tendencia delictiva. Pienso que no es necesario ser experto en la materia para concluir, con o sin cifras, que lo que falta es esa voluntad.
El cuestionamiento constante a las policías, potencia la delincuencia y confunde a la colectividad. Poco a poco se va desvaneciendo la frontera que preserva a las organizaciones para combatir el delito, que les mantiene la autoridad necesaria para disuadir y reprimir. Cada vez se confunde más a una policía cuestionada con una organización delictiva. Pareciera que día a día se disminuyera el riesgo al delincuente, al punto que hoy, seguramente podríamos establecer, si fueran variables mesurables, que la impunidad sobrepasó los límites institucionales para que el marco legal pueda ejercer sus naturales funciones disuasivas. El único freno es la moral personal de cada quien.
¿Cómo hacer para que quienes ostentan el poder entiendan que el objetivo principal, antes inclusive que preservar su propio gobierno, es resolver el problema de la inseguridad, que no sólo corroe a éste, sino a cualquier gobierno?
Aseveramos que no tenemos una real política criminal moderna. En una forma muy sucinta podemos dentro de este escrito separar en tres áreas lo que implica esta ausencia de política criminal:
1) Prevención: deficiencia en políticas de control, la familia, la escuela, la alimentación, la salud, un crecimiento urbanístico descontrolado, sobretodo en las áreas marginales y un control de la natalidad mal llevado en el ámbito nacional, todo lo cual no nos permite nutrirnos de formación suficiente para proyectar beneficios en el corto, mediano y largo plazo.
2) Represión: realizar lo que se ha considerado la Ley de Desarme, la parte de policía represiva y preventiva prácticamente desviaron su razón de origen, para lo cual nacieron; la institucionalidad reposa en una fiscalía con una exagerada deficiencia de fiscales, algunos con casi 2 mil casos acumulados; existen jueces también que mantienen un represamiento de casos y ausencia en la toma de decisiones, muchos de ellos temporales.
3) La reeducación: ahí entramos entonces a una política carcelaria totalmente desvinculada con los problemas que nos aqueja el país; carecemos de un régimen donde hagamos una fuerza penitenciaria productiva, una escuela para darle la oportunidad a las personas y no, como es ahora, simplemente segregarlos de la sociedad, apiñados y en condiciones infrahumanas, potenciando sus males y desdeñando los valores ciudadanos.
En todo esto tenemos algunas soluciones, nuestra Constitución actual en su articulo 55 establece que corresponde al Estado garantizar el derecho a la protección y para ello tendrá primero que realizar un esfuerzo altísimo en la represión del delito y segundo, paralelamente, gestar de una vez por todas las políticas de prevención coherentes, integrales, que permita que
descienda la represión del delito. Eso nos daría, evidentemente, una tranquilidad, una paz, una proyección, un equilibrio hasta familiar, laboral, en todo sentido.
Simultáneamente debe seguirse trabajando en crear las condiciones socioeconómicas y políticas que hagan posible la convivencia y mejorar la calidad de vida de todos los venezolanos. No seguir presionando a una confrontación de clases sociales, que alimenta la impunidad. Detener inmediatamente el cuestionamiento político de nuestras policías, sean municipales, estadales o nacionales, porque como ya dijimos, eso lo que hace es potenciar la delincuencia; antes al contrario debemos elevar la actual relación de 1 policía cada 2.500 habitantes, que es contraria a los esquemas rectores mundiales de países inclusive desarrollados o recomendaciones de organizaciones como las Naciones Unidas.
Debemos hacer un esfuerzo enorme en la reconstrucción de nuestro tejido social, de manera que el riesgo de delinquir no sea cero, reforzando nuestro nuevo Código Orgánico Procesal Penal, con miras a que el delincuente realmente se sienta atrapado una vez detenido. En este sentido es como cercar, acorralar la delincuencia. No puede ser que Venezuela con más
de 23 millones de habitantes, esté acorralada, constantemente en jaque, por un grupo muy reducido de delincuentes organizados o no organizados.
Es necesario automatizar el manejo de la información delictiva, para mejorar las posibilidades de prevención, de la niñez abandonada, recobrar principios tan básicos en nuestro pensum de estudios como fue «moral y luces», o como es la «ética»; tener la capacidad de modelaje hacia las generaciones de relevo donde recobremos no sólo estos principios, sino muchas otros y lograr de esta manera una credibilidad, un norte, un rayo de esperanza en materia de soluciones.
Tenemos que desacostumbrarnos totalmente de seguir queriendo manejar políticas con visión de túnel, tenemos que manejar un problema tan grave como el que tiene Venezuela con una visión integral. No se pueden solucionar los problemas con la perspectiva de que si surge un
incendio, yo lo apago. La idea es que no darle cabida a que haya un incendio.
Todos estos aspectos de seguridad personal le ha traído una incertidumbre, desequilibrio, ansias, perdida de perspectiva de solución al venezolano, por muchos motivos y voy a tratar ahora no de cuantificar, pero de mencionar diferentes rubros que evidentemente cada lector ponderará según su mejor parecer.
Vamos al más básico: cuando recorremos cualquier calle y observamos las casas, ¿no debemos preguntarnos cuánto hemos gastado simplemente en enrejar nuestras viviendas y nuestros negocios, cuánto vale un metro cuadrado de reja? Estamos hablando de kilómetros, pero de miles de rejas en toda Venezuela.
¿Cuánto vale cada metro cuadrado y cuál es la inversión que los venezolanos se han visto obligados a realizar en rejas para poder dormir cada noche?
Aparte de eso, algunos podrán otros, no depende de los sectores de la sociedad a que nos
refiramos, hay que contabilizar el costo de la vigilancia privada, que es muy alto. Escoltas armados, carros blindados, cercas eléctricas (hilos), puertas de seguridad, concertinas que son esas con hojillas como de campo de concentración, alarmas electrónicas. La seguridad en una vivienda convencional de un venezolano, no baja de 4 millones de bolívares, sin contar el alquiler de una caja de seguridad en un Banco para meter las prendas de la familia, comprar un arma, las pólizas de seguro contra robo que valen un dineral, pago de impuestos municipales, estatales y nacionales, supuestamente para que nos protejan, cursos de seguridad personal, asesorías y el perro. Hay que ver el esfuerzo que se realiza en defensa comunitaria, con agrupaciones por
calles, por sectores, para defenderse de la criminalidad, garitas de controles de accesos en las calles, vigilantes.
Aparte de este costo, vamos a tocar el costo moral, que seguramente ha alcanzado a todos los venezolanos de una u otra manera, bien sea personalmente, o a través de personas allegadas: el post trauma de sentirse humillado, amenazado, vejado y sin siquiera la posibilidad de un reclamo formal como victima.
Entonces volvemos a lo que siempre hemos hablado: gerencial una política criminal debe ser un esfuerzo mayor, alejándose de las ideas de expansión, de presiones, de desinformaciones.
En la actualidad el venezolano vive influenciado por tal cantidad y variedad de sucesos, presiones, desinformaciones, intereses y necesidades que llegan hasta confundir su mente. Lo llevan a dudar de su capacidad para discernir, para decidir y le debilitan hasta los principios
fundamentales, los morales, entorpeciendo el desarrollo de su personalidad. Podemos ver como estas desorientadoras circunstancias aumentan cada día la cantidad de personas que podríamos calificar como estériles, carentes de rumbo definido, de honestidad, de deseos de mejoramiento y progreso. Son personas para las cuales nada significa la historia, culpan de sus males a circunstancias presentes o pasadas, ajenas a ellos; se abstienen de pensar en el futuro. Así se alimenta esa incoherencia, indisciplina, inconstancia y deslealtad, que han ido transmutando al venezolano de vivo en deshonesto, de creativo y trabajador en vividor del erario nacional; de alegre, abierto y comunicativo en cerrado, desconfiado y malo. Son condenados a un infeliz anonimato.
Qué importante sería disponer de una fuerza moderadora que pudiera servir como auténtico guardián del orden público, aceptada y honrada por la ciudadanía, moderna y democrática, que permitiera paliar esta realidad sobrecogedora, que quizás sea parecida en otros países, pero no por eso tolerable. Hablamos de organizaciones de seguridad constituidas por personas seleccionadas entre las más idóneas de la comunidad, seleccionados como si fueran jueces de paz. Bien pagadas y mejor formadas, como corresponde a quienes deben velar por la preservación de la dignidad humana.
Quienes conforman este tipo de organizaciones son individuos generalmente de naturaleza muy valerosa, tolerantes en el orden de sus ideas, origen y gustos, con pensamientos muy coincidentes respecto al compañerismo y decididos cuando actúan en el desempeño de sus labores.
Este tipo de profesión, escribí unos años atrás, exige realmente una dignidad, una firmeza, una lealtad, una reverente atención a todos los asuntos que le incumben, por eso estoy seguro que nuestros profesionales de seguridad saben y aceptan que estamos viviendo en una época que no tiene paralelo en la historia de la humanidad, que todo, incluyendo los procedimientos delictivos
cambian y avanzan con tal rapidez, que las personas, cualquiera que sea su especialidad, tienen que adoptar una permanente inclinación al estudio y mejoramiento personal para no quedarse rezagados.
Debemos pensar hacia delante, nuestro futuro es provisor, en todas sus múltiples manifestaciones pongamos de nuestra parte lo suficiente para convertirlo en realidades. Venezuela cuenta con un excelente recurso humano en el campo de la seguridad, de gente fértil y de espíritu atento realmente a nuestra realidad nacional y estamos orgullosos y satisfechos con nuestra profesión, pero también estamos dispuestos a ejercerla a cabalidad en beneficio de nuestra democracia.
Podemos afirmar como eslogan que desafiando los principios éticos, morales y humanitarios sólo se logra reforzar la acción criminal. Aun cuando el tema es inagotable, por el estado actual en que se encuentra el país, por la diversidad de las materias que concurren la formación de un estado de seguridad aceptable para la colectividad, podríamos concluir con la importancia de reforzar y acelerar el proceso de modernización que implica en cualquier policía tanto estadales, nacionales y municipales que puedan proyectar sus recursos humanos, técnicos y materiales para controlar las conductas delictivas que se generan, teniendo en cuenta el conocimiento objetivo de la realidad, fundamentado en los datos estadísticos sobre criminalidad y su interpretación científica, para tomarlas como elemento principal en la implementación de políticas sobre criminalidad y con su apoyo lograr nuevas estrategias básicas para la aplicación de la táctica adecuada en la búsqueda de la seguridad ciudadana.

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