En esta entrega continuaremos con la propuesta de modelos para el cálculo del impacto económico que tienen algunos de los delitos más preocupantes. Trataremos ahora el caso del robo de vehículos.
En este delito un individuo se apodera en forma violenta de la totalidad de un automóvil, camión o motocicleta perteneciente a otra persona. Es importante destacar que si el hecho no está revestido de violencia, los jueces lo toman como hurto. Las denuncias sobre apoderamiento de aviones y los helicópteros son registrados aparte por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
Inicialmente, parecería que el costo económico del robo de vehículos (CRV) se reduce a la suma de las pérdidas de los dueños legítimos de cada unidad, equivalentes al precio del vehículo (P).
Pero hay una serie de costos asociados a la adquisición del bien, cuyo cálculo tiene cierta dificultad. Esto se refiere no sólo a la póliza de seguro (S) sino también a todos los sistemas de seguridad (SS) destinados a impedir el robo.
El costo promedio de cada vehículo fue estimado por la policía
judicial en 30 millones de bolívares durante la primera mitad del año 2004. Por razones de rigor mantendremos tal estimado, a pesar de que el precio de los vehículos está en permanente aumento debido a la presión inflacionaria y a las restricciones en el mercado cambiario.
Debemos aclarar que los cálculos serán hecho en dólar controlado u oricial, que es el aplicado por el Gobierno a las ensambladoras, aunque éstas vendan los carros y sus partes a los clientes finales como si fueran adquiridos a dólar libre.
En la actualidad, con un ingreso per cápita calculado por el Banco Central de Venezuela en aproximadamente 2400 dólares anuales, muy pocas personas pueden disponer de 30 millones de bolívares en efectivo para comprar un carro. Podemos inferir entonces que cada vehículo es comprado gracias a operaciones de crédito con la banca.
Esta situación implica gastos en aseguradoras y en dispositivos de seguridad. En Venezuela y en otros países latinoamericanos un crédito bancario para la adquisición de automóviles no es otorgado si antes el cliente no cancela un seguro y adquiere por lo menos 3 dispositivos de protección. El primero implica un gasto anual cercano al 10% del monto del vehículo (póliza), mientras que el otro es un sólo gasto, que oscila entre 1 millón y 1,5 millones de
bolívares, dependiendo de la calidad de los sistemas comprados. La media, 1,25 millones de bolívares equivale a 641 dólares al cambio oficial.
Por razones de comodidad y simplificación del modelo, asumiremos que los autos son robados en el primer año transcurrido desde su compra.
En 2003, indican las estadísticas, fueron robados 33.864 vehículos (VR). Nuestra fórmula va de la siguiente manera:
CRV (2003) $= (PxVR)$+ (PxVRx10/100)$ + (641xVR)$
= (15.384,6 x 33.864)$+ (15.384,6 x 33.864 x
10 / 100) + (641×33.864)$
=520.984.094,4 + 52.098.409,4 + 21.706.824
=594.789.327,4
Ahora bien, la cifra de vehículos robados implica además que las víctimas: 1) quedaron a pie, en cuyo caso tendrán que gastar por tiempo indeterminado en su transporte una cantidad que no habían previsto y que probablemente se solapa con el pago de las
mensualidades del seguro; o 2) tendrán que comprar un nuevo vehículo.
El gasto promedio en transporte público (TP) dentro de una ciudad como Caracas es de 1500 bolívares diarios (70 centavos de dólar al cambio oficial). Esto implica que durante un año la persona gastaría
(TP=0,7 x 365) 255,5 dólares.
Probablemente esta persona tendria que gastar esta cantidad o una mayor en la gasolina y el mantenimiento del vehículo, pero lo cierto es que como se lo robaron ya no lo tiene y debe gastar eso en algo distinto. Por lo tanto, creo que esto debe ser añadido como parte del costo económico del robo de vehículos en Venezuela para el año pasado.
O sea: CRV (2003) $=594.789.327,4 + (255,5 x 33864)
=603.441.579,4
Esta cifra, aunque parezca elevada debe ser tomada como un punto de partida. Como en el caso de los homicidios, este cálculo no toma en cuenta factores imponderables como las consecuencias físicas y psicológicas que tiene para la víctima el robo de un medio de transporte. Aún así, el modelo propuesto nos permite aproximarnos a una realidad que hasta el momento no habíamos cuantificado.
