1. La desfederalización de los delitos leves vinculados con estupefacientes, en la provincia de Buenos Aires, plantea dudas sobre su aplicación. La semana pasada la provincia de Buenos Aires adhirió a la ley nacional 26.052, por la cual la justicia ordinaria de dicho distrito intervendrá en las causas vinculadas a delitos de “menor cuantía” relacionados con estupefacientes -tenencia, comercialización y distribución a pequeña escala- que antes eran competencia de la órbita federal. Pero, en lo inmediato, la norma plantea serias dudas en lo que hace a su aplicación, ya que “no especifica” las cantidades que dividen a una competencia de la otra (ordinaria o federal). De lo que se trata, entonces, es de advertir cómo puede implementarse una norma para pasar la competencia federal a la provincial frente a un delito tan complejo, cuando la misma no especifica cuál es el límite de la autoridad correspondiente. No queda así definida ni la ordinarización ni la federalización, lo que en vez de agilizar el trabajo de la justicia en la lucha contra la droga puede producir el efecto inverso.
2. Al mismo tiempo, la norma, puede acentuar el colapso en la justicia provincial. El sistema se encuentra sobrecargado –en realidad ya es insuficiente- porque no cuenta con recursos para absorver el volumen de causas que se generan a diario por posesión de droga para consumo, lo que generará una mayor congestión de la tarea judicial. Es que las causas que se desfederalizan representan casi el 80% del trabajo que tenía la justicia federal (en verdad, la mayoría de las causas que están en juzgados federales son menores, ya que las de narcotráfico son excepcionales). Así por ejemplo, un fiscal de turno en Lomas de Zamora atiende 300 causas diarias, mientras que un juzgado federal en San Isidro tiene hasta 600 sólo por tenencia de marihuana. Por esta situación, los 18 fiscales generales bonaerenses expresaron su preocupación a la procuradora, María del Carmen Falbo, donde el mayor congestionamiento de la justicia provincial va a afectar otras causas por delitos ordinarios que se cometen, sobre todo, en el conurbano y sin olvidar su impacto en el sistema penitenciario que también está saturado.
3. Y no sólo afectará la tarea de la justicia, sino también de la Policía. Es que el problema para la policía –como también para los fiscales- será definir cuáles son las investigaciones de “menor cuantía” en las que deberán intervenir, ya que la misma ley “no especifica” las cantidades que dividen a una competencia de la otra, como señalamos inicialmente. Por otra parte, la policía provincial ni siquiera cuenta con elementos suficientes para realizar pericias –tiene un solo laboratorio para ello- ni reactivos para determinar si están en presencia de droga o no cuando están investigando. Todo ello va a generar demoras ya desde el comienzo, e incrementar aún más los problemas que ya tiene la propia institución. Así, la nueva norma, complicaría la tarea de dos de las tres principales instituciones en la lucha contra el delito en general y el narcotráfico en particular, la Justicia y la Policía.
4. Además confirma la falta una visión adecuada para combatir el narcotráfico, a diferencia de lo que sucede en el mundo. En la mayoría de los países desarrollados, la tendencia apunta a concentrar la lucha contra la droga, sin importar su volumen. Se concentra el control, con autoridades unificadas, ya que mientras menor sea la cantidad de actores que intervienen es más eficaz la lucha y la prevención, tanto en tráfico como en consumo. Acá, por el contrario, se diversifica y atomiza la lucha contra la droga. Además, el peso o la cantidad de droga no da cuenta de la importancia del ilícito, porque un bajo volumen puede llevar a detectar un eslabón muy importante en una cadena de narcotráfico, y por el contrario uno mayor no signifique una detención relevante. No se comprende que detrás de un consumidor hay un narcotraficante. Las organizaciones se han atomizado, trabajan en células, con múltiples redes para el transporte y distribución, mientras que el delito también tiene estructuras más sencillas lo que le permite penetrar en cualquier ámbito. Finalmente, la falta de reglas claras en la norma deja abierta la posibilidad de “abrir un campo de corrupción mayor”, donde toda investigación ligada a drogas tiene un poder corruptor muy grande por la cantidad de dinero que se maneja, siendo probablemente el aspecto más sensible.
5. En conclusión:
a) La adhesión de la provincia de Buenos Aires a la desfederalización de los delitos leves relacionados con estupefacientes, plantea dificultades para su aplicación al no definir el límite de la autoridad judicial correspondiente.
b) Lo que además va a complicar las investigaciones de los fiscales y jueces, aumentando al mismo tiempo el congestionamiento del sistema judicial en el distrito.
c) También afectará a la función policial, generándole un problema mayor a los que ya tiene.
d) Finalmente, confirma la falta de una visión adecuada frente a la lucha contra la droga en la Argentina, a diferencia de lo que sucede en el resto del mundo.
