Las recientes denuncias que implican al prestigioso banco Riggs en el ocultamiento de fondos acumulados por el ex dictador chileno, general Augusto Pinochet, servirán para medir la verdadera disposición del gobierno estadounidense para perseguir y procesar a los responsables por actos de corrupción en su propio país.
La tarea no será nada fácil. Esta institución financiera es la más antigua de Washington y cuenta con gran aprecio en su comunidad. Ha prestado apoyo a instituciones educativas y maneja una imagen de responsabilidad social entre la clientela estadounidense.
Pero el informe divulgado por la comisión senatorial presidida por Carl Levin revela que el banco tiene una cara oculta: la de los gerentes que con absoluto conocimiento de causa ayudan a violar las leyes nacionales y foráneas a favor de individuos que, como Pinochet, han sido procesados por delitos de lesa humanidad.
Los parlamentarios concluyeron una investigación sobre este particular con la presentación de un informe de 113 páginas. El modus operandi descrito en este documento para esconder el dinero del general no difiere en mucho del aplicado en otras épocas por terroristas y traficantes de drogas: mediante la utilización de paraísos fiscales como las Bahamas y la apertura de cuentas en filiales del propio banco en Londres y Estados Unidos, el ex gobernante pudo mover a discreción toda su fortuna, calculada entre los 50 y los 100 millones de dólares.
Pero lo más importante fue que las cuentas en todos estos lugares no fueron activadas a espaldas de la entidad financiera, sino por el contrario con la colaboración de sus agentes de cuentas. El informe revela que el primer depósito de Pinochet en Riggs se produjo luego de una entrevista con “altos responsables” del banco, quienes viajaron a Chile con ese cometido en 1994.
Cuando el general fue detenido y enjuiciado a partir de una acusación interpuesta por el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, Riggs omitió el deber de notificar la existencia de una cuenta manejada por Pinochet, establecido en la legislación interna estadounidense, sino que por el contrario la cerró y envió el dinero a otra entidad financiera de Estados Unidos.
En su obra Ojos vendados el periodista Andrés Oppenheimer plantea que una de las grandes dificultades en el ataque a la corrupción es que involucra tanto a funcionarios públicos como a gerentes y dueños de grandes empresas, entre ellas las del sector financiero. Si la corrupción es transnacional, generalmente las empresas también lo serán. Y este es el caso de Riggs.
Estados Unidos fue uno de los principales promotores de la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada durante la cumbre de la Organización de Estados Americanos celebrada en Caracas en 1996. Ese texto señala en sus primeros considerandos que la corrupción a menudo tiene “trascendencia internacional, lo cual exige una acción coordinada de los estados para combatirla eficazmente”. Su Gobierno tiene ahora la posibilidad de demostrar que esa norma, ratificada durante la administración de Bill Clinton, no es letra muerta.
