La inteligencia y la ley
A raíz de un reciente debate en el Congreso sobre el episodio de las interceptaciones ilegales de políticos y periodistas, la Policía aseguró que las Farc estarían dedicadas a preparar atentados en centros urbanos. El director de la institución, general Óscar Naranjo, habló, además, de posibles atentados y secuestros en el Eje Cafetero. Por otra parte, el Ministerio de Defensa presentará muy pronto al Congreso un proyecto de ley que busca definir el marco legal de las actividades de inteligencia y contrainteligencia del Estado. Todo lo cual le da renovado interés a una vieja discusión sobre los fines y límites que debe tener el uso de la inteligencia en una sociedad como la colombiana.
En esto se camina entre dos extremos. Por una parte, las labores de interceptación y monitoreo de comunicaciones evitan la concreción de secuestros y actos terroristas; de otra, un abuso de las mismas apunta al peligro que representa una aplicación sin control de esas técnicas, como las interceptaciones ilegales o los ‘falsos positivos’. De ahí la importancia de una reflexión serena sobre los alcances que deben tener las facultades de las agencias de seguridad.
En varias ocasiones hemos rechazado aquí la utilización del aparato investigativo del Gobierno para realizar seguimientos de líderes opositores, periodistas, dirigentes sindicales o voceros de las ONG. Nada hace más daño a la democracia y a la Fuerza Pública que ser utilizada ilegalmente contra la oposición y los críticos. A la vez, la sociedad no puede maniatar a los organismos de inteligencia, al punto de que les impida hacer monitoreos e interceptación de comunicaciones de los grupos armados ilegales. Cabe anotar que recientes golpes exitosos de la fuerza pública (contra el ‘negro Acacio’ y ‘don Diego’, entre otros) se deben en un 90 por ciento a este tipo de labores. Una cosa es que el aparato de inteligencia, con toda su moderna tecnología de rastreo de comunicaciones, no pueda, bajo circunstancia alguna, ser utilizado para espiar a personas que actúan dentro de la legalidad, y otra muy distinta que esas limitaciones, contempladas en la Constitución, impidan vigilar a quienes planifican secuestros y atentados.
El problema es que muchos de estos no están identificados y ocultan sus actividades delictivas tras fachadas legales. En las democracias, la norma general es que, sin orden de un juez -es decir, sin evidencia suficiente-, no se puedan interceptar teléfonos fijos, móviles y comunicaciones electrónicas (correos electrónicos, chat, etc.) de cualquier ciudadano. Como esto no siempre es posible o a veces toma tanto tiempo que no permite una prevención efectiva de la acción criminal, se ha planteado la necesidad de expedir una ley de inteligencia que -además de propuestas en varias otras áreas- contemple la posibilidad de hacer rastreos generales del espectro radioeléctrico. Su texto aún no se conoce, pero es clave que se haga el debate público sobre las potestades que tendrían los organismos de seguridad y sobre las garantías y límites legales para no afectar al ciudadano respetuoso de la ley. Lo cierto es que, pese a la compleja situación de seguridad que vive Colombia, la inteligencia no tiene aquí un marco jurídico que regule una actividad que se mueve necesariamente en una zona gris entre la legalidad y la ilegalidad.
Esta es una discusión que se ha intensificado en el mundo desde los atentados del 11 de septiembre, particularmente en Estados Unidos, donde el programa de vigilancia electrónica de su gobierno fue objeto de reciente y encendido debate. Colombia enfrenta a organizaciones criminales con enormes recursos, que no conocen escrúpulo alguno para violar el derecho humanitario. Y lo hace con un aparato de seguridad con recursos limitados y obligado a respetar los derechos fundamentales de las personas. Encontrar el balance en el que la Fuerza Pública tenga las herramientas para prevenir la acción de esos grupos sin que abuse de ellas contra opositores legales y ciudadanos inocentes, es uno de los grandes retos presentes de la democracia colombiana. La nueva ley de inteligencia que presentará el Gobierno debe encontrar ese difícil equilibrio entre las libertades públicas y la seguridad.
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Redactor de EL TIEMPO.
