La privatización de la guerra (2 al 9 de diciembre 2005)

Este año la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas sobre los mercenarios, Shaista Shameen, expresó su preocupación por la proliferación de las denominadas “empresas privadas militares” en todo el mundo. Sugirió que la institución internacional debería crear un registro mundial de las corporaciones dedicadas a este negocio.
Las experiencias bélicas en Afganistán, y más recientemente en Irak demuestran que Estados Unidos y Gran Bretaña acuden cada vez con mayor frecuencia a contingentes contratados a empresas privadas, en un proceso denominado “tercerización” o outsourcing, en la jerga empresarial. Los cuatro soldados que murieron linchados en Falluhaj en 2004, cuyos cadáveres fueron colgados y filmados, en realidad no pertenecían a las tropas de ocupación estadounidenses sino a la corporación Blackwater, una beneficiaria de los jugosos contratos que actualmente otorga el Departamento de Defensa, y que en el decenio 1994-2004 implicaron un gasto de 300 millardos de dólares.
Sammi Makki, miembro del Centro Interdisciplinario de Investigación sobre la Paz y de Estudios Estratégicos con sede en París, indicó que durante la primera guerra en el Golfo Pérsico, en 1991, el 10 por ciento de las tropas emplazadas venían de “empresas militares privadas”, mientras que en la actual ocupación este número se ha multiplicado por dos. Inicialmente, las tareas encomendadas a estos grupos se limitaba a la custodia de instalaciones de importancia estratégica, lo que permitiría destinar al ejército convencional a tareas de campo. Pero con la prolongación del conflicto, y el consecuente incremento de las bajas, las fuerzas mercenarias han sido vistas en operaciones especiales, batallando en forma conjunta con las tropas de la alianza.
Es difícil imaginarse una situación como ésta, especialmente en aquellos países que todavía conservan la noción de que los estados deben poseer el monopolio de la fuerza armada. Pero desde hace más de una década los países desarrollados han fomentado la creación de ejércitos privados, a través de los cuales se pueden encomendar operaciones negras, trabajos encubiertos y actividades que, en fin de cuentas, generarían incomodidades a las fuerzas militares convencionales, sobre las cuales existe un estrecho control parlamentario. Makki citó por ejemplo cómo la firma Military Professional Resources Inc. (MPRI) entrenó a contingentes croado-musulmanes en Bosnia al mismo tiempo que Estados Unidos declaraba su neutralidad en el conflicto de los Balcanes, y apoyaba a las fuerzas de paz de la ONU.
Colombia, Chile y países centroamericanos han sido puntos de interés para las “empresas privadas militares”. En las dos primeras naciones, por ejemplo, la prensa ha reportado la apertura de oficinas destinadas al reclutamiento de efectivos recién salidos de las filas militares, las cuales a su vez son subcontratadas por empresas estadounidenses para enviar a estos grupos a zonas de conflicto como Irak, Afganistán o localidades en el cuerno de Africa.
El sistema se torna altamente atractivo para individuos tradicionalmente subpagados, aunque con un nivel razonable de entrenamiento. El jefe de las fuerzas de la coalición en Irak, general Tommy Franks, devenga un salario básico anual de 154 mil dólares. Pero según la revista Forbes, un efectivo de fuerzas especiales contratado por una firma privada puede ganar hasta 250 mil dólares, en el mismo lapso aunque sin el nivel de responsabilidad que suponemos tiene sobre sus hombros el alto oficial.
Esta situación, generada por los gobiernos de las propias fuerzas aliadas, puede ser altamente nociva en el mediano plazo. Ninguna empresa, pública o privada, da formación a sus recursos humanos para que a la vuelta de un par de años los mejores talentos se vayan a una corporación que a su vez será contratada por el propio Gobierno.
El mercenarismo ha dejado amargas experiencias en Latinoamérica. El primer instructor de sicarios en Colombia, Isaac Gutnan Estepfemberg, era un egresado de las fuerzas de defensa de Israel. David Tompkins, contratado por el cartel de Cali para bombardear la cárcel La Catedral, a la que había ido a parar el líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar, fue miembro de las fuerzas especiales de Gran Bretaña. Como estos dos casos, la prensa pudo documentar por lo menos otros 5.
Pero estos episodios en nada han frenado el auge de las “empresas privadas militares”. Solamente en Irak existirían unos 20 mil soldados pertenecientes a tales corporaciones. ¿Quién controla a estos individuos? El director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, afirmó en 2004 que «si el Pentágono planea utilizar contratistas privados para realizar misiones militares o de inteligencia, debe asegurarse de que los mismos están sujetos a restricciones y controles legales [pues permitir a esos operadores] actuar en un vacío jurídico es una invitación a los abusos».
Hasta ahora, las empresas privadas militares han salido bien paradas en Irak. No así en Sierra Leona, donde los soldados de Executive Outcomes fueron motivo de escándalos. En la medida en que se prolongue el conflicto en el país asiático, el riesgo será mayor.

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