Las instalaciones militares en las ciudades
Después de la explosión que se registró en el depósito de armas del Batallón de Artillería No. 4 Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez, ubicado en la ciudad de Medellín, que dejó seis muertos y puso en riesgo a los habitantes del Barrio Buenos Aires, cabe preguntarse sobre la pertinencia y permanencia de la ubicación de las instalaciones militares en el área urbana de las ciudades.
En primera instancia, hay que reconocer que muchas de las instalaciones militares, que actualmente están ubicadas al interior de algunas ciudades colombianas, fueron construidas antes de que el proceso de urbanización las absorbiera y las rodeara. En algunos otros casos, las instalaciones militares se ubicaron en esos sitios poblados porque eran los únicos terrenos o instalaciones que se le ofrecían para su funcionamiento.
Hoy estas instalaciones, además de los riesgos que generan para la población circundante por accidentes, como sucedió en Medellín, o por ataques externos a las instalaciones por grupos al margen de la ley. Desde el punto de vista militar, tienen una desventaja en la medida en que están en el corazón de las ciudades y para poder salir a las zonas de conflicto en la región tienen que traspasar áreas que generan riesgo para su movilidad, para la celeridad, para su seguridad e incluso para la misma eficiencia de la operación militar, generando una falla conocida en la estrategia militar como la sobreextensión de las líneas logísticas, como lo reseñaba el experto en defensa y seguridad John Marulanda en el caso de Bogotá.
Frente a estas ubicaciones poco estratégicas de las instalaciones militares, se pueden utilizar dos instrumentos muy importantes que permiten racionalizar su ubicación, uno, la propia Política de Seguridad Democrática, y dos, los Planes de Ordenamiento Territorial de las ciudades y municipios.
En el primer caso, a medida que la Política de Seguridad Democrática ha avanzado en el control del territorio por parte del Estado para asegurar el pleno imperio de la ley, la gobernabilidad y el consecuente fortalecimiento del Estado de Derecho, especialmente en las ciudades y sus entornos, las unidades Militares se pueden ir desplazando hacia áreas estratégicas donde presten seguridad a los territorios recuperados y un apoyo logístico y operativo importante hacia zonas donde aun persiste la presencia de grupos irregulares. En las áreas urbanas se puede pensar en la presencia de unidades de inteligencia y de policía militar que contribuyan a la seguridad interna de las ciudades.
En el segundo caso, los planes de ordenamiento territorial de las ciudades, que en la gran mayoría de los casos hoy no permiten instalaciones militares en áreas urbanas, podrían contribuir para la ubicación de estas unidades en áreas estratégicas que le den seguridad a la ciudades y a sus entornos, en la medida en que los municipios pueden asignar recursos para ello o adquirir los terrenos donde actualmente funcionan para utilizarlos en el proceso de reordenamiento urbano. Incluso, dado el valor de los terrenos y su ubicación estratégica en las ciudades, pueden destinarse para vivienda militar o para instalaciones de bienestar social de las instituciones militares.
Frente a estos planteamientos se han presentado argumentos que van desde la recurrente frase que no permite explicaciones “no se puede por motivos de Seguridad Nacional”, hasta el planteamiento de que los vecinos están contentos con la unidad militar cerca. De lo que se trata aquí es de: racionalizar el uso de los recursos frente al conflicto que ha venido evolucionando hacia afuera de las ciudades; ir asumiendo las diferentes funciones constitucionales y legales que tienen las Fuerzas Militares y la Policía; permitirle a las ciudades un ordenamiento acorde con sus necesidades y sobretodo de no lamentar hacia futuro desastres que se pueden evitar con ubicaciones estratégicas de las unidades militares.
Por: Hugo Acero Velásquez
Extraído del website https://www.convivenciayseguridadciudadana.com