Lo sucedido en la torre Este de Parque Central de Caracas, el domingo 17 de octubre, permite extraer algunas lecciones sobre el inmenso valor que tiene la adopción oportuna de medidas preventivas, no sólo en el ámbito del control de incendios y otro tipo de siniestros sino en el resto de las actividades relacionadas con nuestra seguridad.
El edificio de 56 plantas era, junto a su gemela localizada en el otro extremo del mismo conjunto residencial, el principal albergue de los ministerios gubernamentales. La estructura fue construida en 1970, según el recuento del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos. Tiene aproximadamente 220 metros de altura, lo que la convierte en la más alta del país y una de las pioneras en su estilo en toda Latinoamérica.
A pesar de esto, la torre Este de Parque Central nunca contó con el permiso de habitabilidad emitido por los bomberos. Un excomandante de ese cuerpo, el ingeniero José Fernández, resumió la situación señalando que “la inauguraron mal”.
El director de Desarrollo Profesional de la Asociación Nacional para la Protección contra Incendios de Estados Unidos, ingeniero Jaime Andrés Moncada, afirmó que el sistema de rociadores instalado en ambas torres era obsoleto. Se trata de piezas conocidas como on-off que se activaban en forma gradual, en la medida en que se elevaba la temperatura. A pesar del boom que esta tecnología tuvo en esa época, 10 años después su producción había sido descontinuada, pues con el deterioro las piezas dejaban escapar el agua en forma inapropiada, ocasionando molestias a los usuarios.
En las torres de Parque Central estos aspersores nunca fueron removidos, pero sí inutilizados. Esto dejó a las edificaciones indefensas frente a una contingencia como la del domingo 17. Los bomberos llegaron con relativa rapidez al lugar del siniestro, pero no pudieron atacar el fuego sino horas después, cuando éste había cobrado magnitudes incontrolables pues las bombas ubicadas en niveles intermedios de la estructura no funcionaron adecuadamente y fue necesario extender las mangueras de 2 pulgadas y media desde la planta baja hasta el piso 34, donde supuestamente se originaron las llamas.
Para colmo, fue necesario surtir el agua mediante cisternas, lo que impedía un flujo continuo del líquido. Al momento de diseñar este conjunto se colocó un gran tanque en el tope de un cerro ubicado frente a los edificios, en un sector conocido como La Charneca. Pero el reservorio se fracturó y según los bomberos nunca fue reparado del todo.
Las puertas de las escaleras contra incendios, además, fueron “aseguradas” con candados y otros dispositivos para impedir la entrada de delincuentes. Al parecer, nadie pensó que ello dificultaría en grado sumo el trabajo de los apagafuegos.
Las llamas fueron ascendiendo hasta consumir 20 plantas, generando temperaturas superiores a los 600 grados centígrados. Los encargados de afrontar esta emergencia tenían la esperanza de que no pasarían del piso 39. Todo este nivel estaba constituido como una “macrolosa” de concreto piroretardante. Los bomberos de antaño recomendaron al gobierno central que no colocara nada en ese nivel, pero con el pasar de los años la burocracia lo ocupó. Con ella llegaron los muebles, papelería y todo tipo de material susceptible de ser encendido. Esto facilitó la propagación vertical del incendio.
Todavía se desconoce si este siniestro fue provocado por manos criminales o si se originó por negligencia, impericia o imprudencia. Pero el desconocimiento de las normas y la conjunción de diversas prácticas generaron el riesgo suficiente para que un evento, que en otra circunstancia hubiese sido poco trascendente, haya consumido todo el ministerio de Infraestructura y los institutos de Aviación Civil y de Transporte y Tránsito Terrestre.
El costo monetario de este suceso no puede ser calculado únicamente sumando los valores de los muebles consumidos. Allí permanecían archivos y documentos de valor histórico incuantificable. Más de 700 personas se han quedado sin su fuente directa de trabajo. Por último, y aunque las versiones oficiales digan lo contrario, los usuarios y contratistas de esos despachos también quedarán por un buen tiempo “en el aire”.
