Legalidad y justicia

Nos hemos acostumbrado a vivir dentro de un clima de inseguridad. Sobrevivimos pensando “no pasa nada”, como una forma de autoprotección, para poder seguir adaptándonos al mundo de la inseguridad, pero no es la realidad.
En los negocios lo más importante no es la seguridad, pero sin seguridad no hay buenos negocios. Los empresarios deben fortalecer sus economías mientras mantienen sus operaciones activas, pero sólo pueden lograrlo en un entorno seguro. Ningún empresario se atrevería a invertir en un lugar donde la delincuencia es impune. Por más promesas que escuche de mejoras, el proyecto siempre se evaluará bajo las condiciones existentes.
¿Con qué argumento podemos convencer a los inversionistas extranjeros a invertir en México, cuando somos incapaces de salvaguardar el patrimonio que ya se encuentra operando en nuestro país? Somos incapaces de crecer con lo que tenemos, y recurrimos a una reforma fiscal para poder solventar el gasto gubernamental y la impunidad criminal? Todo toma un cariz absurdo.
México está alcanzando la democracia. Lamentablemente el concepto, es utilizado por los políticos para alcanzar las mejores posiciones en el país y seguir financiando su fiesta, a un alto costo: hambre en el pueblo, falta de conducta legislativa, falta de crecimiento del país, desocupación, crisis económica y empresarial, e incremento en los impuestos. Y no pasa nada. Es un precio que probablemente los mexicanos –el pueblo y los generadores de productividad, que son los que hacen crecer el país– no quieran pagar. Es necesario que cada político y el gobierno nos de una explicación a los mexicanos.
Todo lo anterior se basa en principios de legalidad, pero se perdió el principio de justicia y equidad, y no hay que olvidar que: cuando la legalidad se opone a la justicia no se tiene ni legalidad ni justicia.

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