Legislar por odio (21 al 28 de abril 2006)

El secuestro y posterior asesinato de tres jóvenes y del conductor del vehículo en el que transitaban atizó, una vez más, el debate sobre la instauración de la pena de muerte en Venezuela.
En Carolina del Sur, Estados Unidos, la divulgación de las historias relativas a un individuo señalado de violar a menores de edad hizo que el Senado instituyera la pena capital por abrumadora mayoría (38 votos contra 4). El estado de Oklahoma está considerando una medida similar.
En República Dominicana, la incapacidad de los gobernantes para establecer políticas criminales coherentes y de largo plazo ha duplicado las cifras de secuestros. La inseguridad se ha convertido en un tema para el debate político, en vísperas de elecciones legislativas. Una encuesta de la firma Gallup reveló que el 67 por ciento de la población entrevistada se muestra a favor de la reinstauración de la pena capital.
La intensidad del debate en torno a la pena de muerte va en proporción directa con los índices de criminalidad violenta. Mientras más homicidios y secuestros presencia la sociedad, mayores sectores de ella se muestran proclives a la eliminación física de los hampones. Creen que de esa forma se reduce la impunidad, y por lo tanto hay mayores probabilidades de justicia.
El problema con la pena de muerte es que, más allá de las apariencias, hasta el momento no se ha podido demostrar su eficacia como herramienta para el combate de la delincuencia. Los políticos la explotan para consolidar sus imágenes de hombres “duros” contra la inseguridad, y en ese proceso aprovechan la ignorancia generalizada de la población en estos temas. En Canadá, por ejemplo, los índices delictivos aumentaron con la instauración de la pena capital. En Texas, la pena de muerte no mitiga las estadísticas sobre violaciones y homicidios. En Trinidad, la horca para los traficantes de drogas no sustrae al país de esta poderosa industria criminal.
Se podría referir muchos más ejemplos, pero no es el caso. Desde otra perspectiva, se puede recordar que los índices de criminalidad también pueden subir o bajar en naciones donde no hay pena de muerte. Esto significa que no existe una correlación demostrada con rigor científico en cuanto a los vaivenes de la delincuencia y la institución de la pena capital. De allí que el tema sea abordado entonces desde perspectivas moralistas o legalistas, importantes pero no esenciales para la comprensión del asunto.
Las estadísticas de Amnistía Internacional indican que para 2005 había 20 mil personas sentenciadas a morir, aunque todavía no habían sido ajusticiadas. A pesar de los esfuerzos de la Organización de Naciones Unidas (abiertamente abolicionista en esta materia), la pena de muerte está instituida en 87 países, mientras que otros 108 la rechazan en sus legislaciones, aunque con matices. Esta correlación podría ser modificada si el Poder Legislativo filipino acoge la propuesta de la presidenta Gloria Macapagal Arroyo en el sentido de abolir la pena capital. La mandataria, de hecho, conmutó a cadena perpetua las sentencias a morir que tenían más de mil 200 reos.
Como se refleja en los ejemplos citados más arriba, la pena de muerte es instituida en naciones donde la opinión general ha sido conmovida por algún caso escandaloso, que suscita la ira general, unido a la sensación de que los juzgados no serán capaces de impartir justicia y resarcir los daños causados por el delincuente. Esto es legislar por odio. En estos casos, el liderazgo nacional debe poner a prueba su sentido pedagógico para dar a entender que ese no es el camino hacia la justicia. El argumento es muy sencillo: ese sistema judicial, acaso corrompido, incapaz de impartir justicia en la actualidad, será el mismo que impartirá las sentencias de muerte en el futuro. Hoy en día, estas imperfecciones se traducirían en condenas a prisión, rectificables en el curso de las apelaciones. En el mañana, los ajusticiamientos serían irreparables. La vida humana no se recupera.

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