Nuevo Código Penal y la seguridad jurídica

Uno de los valores supremos del Estado de Derecho es la seguridad jurídica. Ella es clave para que los ciudadanos puedan predecir las consecuencias legales de sus actos. Asimismo, para conocer anticipadamente el tipo de decisiones que puede tomar el Estado y lo que éste y sus funcionarios están impedidos de hacer. Es obvio que las normas penales deben ser conocidas por todos: es principio democrático, civilizatorio y un derecho humano.
Cuando un Estado cualquiera posee un ordenamiento jurídico predecible y unas instituciones que funcionan, la sociedad y las personas pueden desarrollarse plenamente. Por el contrario, cuando se carece de ello la sociedad funciona mal, con alto grado de malestar social y personal, además de los costos económicos que puede suponer.
La legislación penal debe ser coherente, sistemática y conocida por todos. El proceso de descodificación penal en Venezuela, por otro lado, ha destruido cualquier posibilidad de predictibilidad de parte del ciudadano. Tenemos 68 leyes con delitos que contienen casi mil hechos prohibidos y castigados con cárcel, los que han sido publicados en Gaceta Oficial, no todos vigentes, por cierto. En consecuencia, la descodificación penal es una de las fuentes mayores de inseguridad jurídica.
Si los venezolanos deseamos que el país avance, debemos poner en la lista de prioridades de las reformas el que se dicte un Código Penal nuevo, coherente, sistemático, lógico, único, sencillo, exclusivo, proporcionado, realista, eficaz y posible de cumplir. De nada sirven leyes penales con supercastigos, fetichizadas e imbuidas de “poderes mágicos” para combatir la delincuencia. Así, nadie las acata, cumple ni respeta: es la anomia.

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