Panorama de seguridad pública al 2 de enero 2006

1. Al finalizar 2005 el desafío central que enfrenta la situación de seguridad pública, es la falta de una política de estado en la materia. Sólo el 6 por mil de los delitos reciben una sentencia de cumplimiento de condena, por lo que el costo de delinquir es prácticamente nulo, siendo el dato más elocuente sobre el bajo desempeño del Sistema de Seguridad y Justicia. Es necesaria una política de estado, orientada en tres ejes centrales -preventivo, legal e institucional- y con un marco político adecuado. El preventivo, que comprenda un accionar coordinado de las fuerzas policiales con políticas complementarias orientadas desde otras áreas del estado, como trabajo, educación, salud, acción social y obras públicas. Hay que facilitar salidas laborales a los jóvenes, reforzar el rol del deporte y de la escuela como factor de contención y socialización, y atender los vastos territorios donde no hay presencia del Estado, como en los asentamientos precarios y villas de emergencia. El legal, colocando el peso en los delitos más graves y complejos -sin desatender los de menor cuantía- y contemplando la mayor presencia de menores en hechos de gravedad, ya que la delincuencia juvenil cada día crece más, sino queremos tener en el futuro el fenómeno de las maras. El institucional, en el que funcionen apropiadamente las fuerzas policiales, la Justicia y el sistema penitenciario. Pero lo más decisivo es que haya una clara decisión política desde los máximos órganos de conducción, porque de lo contrario nada funciona, se implementa, ni se gestiona. Es vital la necesidad de una conducción política cohesionada, capaz de dirigir, de coordinar y supervisar el sistema de seguridad en su conjunto a partir de una política de estado.
2. Pero para lograrlo es necesario mejorar la calidad institucional, apuntando fundamentalmente a la corrupción, la segunda gran cuestión pendiente. Tenemos un problema de corrupción que impide que las instituciones centrales responsables en la lucha contra el delito tengan la transparencia y eficacia necesarias. El último informe de Latinobarómetro nos muestra cuán generalizado es el mismo en el ámbito institucional, ya que si bien la probabilidad de sobornar a un policía es del 57% (el tercer país de América Latina con mayor probabilidad), la de sobornar a un juez es del 46% (el cuarto país de la región), y la de sobornar a alguien de un “ministerio” del 50% (estamos terceros, debajo de México y Paraguay, y 13 puntos por encima del promedio regional). A ello se agrega que nos ubicamos entre los 6 países de América Latina donde el estado menos logra que se cumplan las leyes según la misma fuente. En una calificación de 1 a 10, donde 1 es que no se cumpla ninguna ley y 10 que se cumplan todas, la Argentina registra un puntaje de 4, ubicándose en un nivel similar al de países como Perú (que en 2004 registró el récord de linchamientos en la región frente a delincuentes, con 2.000 casos), y de Guatemala (donde el fenómeno de las maras no se puede controlar, y en 2005 han comenzando a actuar en narcotráfico y secuestros). Hay dos razones por las cuales un estado no logra que las leyes se cumplan. La falta de presencia en ciertos espacios geográficos (como en la provincia de Buenos Aires y Santa Fe a nivel de distrito y en las zonas rurales y menos urbanizadas en el marco nacional), y la percepción de que el país no está gobernado para el bien del pueblo sino para el de intereses poderosos. Y en el ámbito mundial, de acuerdo a Transparency International, la Argentina está ubicada entre los países con mayor nivel, que no llegan a los 3 puntos sobre 10, con una calificación de 2,5 puntos, que comparte por ejemplo con Libia y Palestina.
3. El otro gran desafío es el debate ideológico, entre el mal denominado garantismo y la mano dura. El primero sostiene que sin remover las causas que supuestamente generan el delito resulta inútil sancionarlo, ya que se seguirá reproduciendo, por eso se centra más en la prevención. El segundo, plantea que la sensación de impunidad que tiene el delincuente al no ser sancionado multiplica el delito, por lo que se enfoca más en la pena. Pero es una falsa opción y una política para enfrentar la inseguridad, debe contemplar, por un lado medidas tendientes a prevenir los delitos actuando con anticipación sobre situaciones potenciales, pero también una aplicación efectiva de la ley, disminuyendo la sensación del delincuente de que la posibilidad de ser sancionado es mínima o nula. Ambas posturas tienen una visión extrema y al mismo tiempo parcial ya que sólo enfocan una parte del problema y se centran exclusivamente en ella. De lo que se trata es de lograr prevención sobre potenciales delincuentes o eventuales situaciones de riesgo -actuando proactiva y no reactivamente como sucede en la actualidad- pero paralelamente de que haya un efectivo cumplimiento de la ley.
4. La cuarta cuestión, es la inconsistencia que muestra la información criminal oficial. Es un elemento clave, ya que sin datos consolidados sobre delincuencia, violencia y sus factores condicionantes -desigualdad social, uso y abuso de drogas y alcohol, acceso a armas entre otros- no podremos elaborar un adecuado diagnóstico para enfrentar la criminalidad, tampoco monitorear y reformular si es necesario las políticas en curso, y menos aún lograr que el estado de una respuesta adecuada a los principales grupos de riesgo para evitar que en el futuro se involucren en el mundo del delito. Es que la falta de consolidación que muestra la información oficial que se difunde en la Argentina, es una de las principales dificultades, lo que también tiene lugar en la mayoría de los países de Latinoamérica. Dos ejemplos muy claros –entre muchos otros- son los homicidios y los secuestros, indicadores que, al mismo tiempo, los organismos oficiales usan frecuentemente al momento de informar sobre su tarea en la lucha contra la delincuencia. En el caso de los homicidios, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, el distrito más relevante en materia de inseguridad, solo considerando entre 1999 y 2005, comparando la información difundida por el Ministerio de Seguridad Bonaerense y la Dirección Nacional de Política Criminal se advierte que en ninguno de los siete años las dos fuentes coinciden en la cantidad de homicidios. Una cifra que debería caracterizarse por el bajo o nulo nivel de registro, porque no tendría que existir falta de denuncia. En materia de secuestros, se da una situación similar, existiendo gran disparidad entre las cifras que difunde la Justicia Federal y las que suministra el Ministerio de Seguridad, lo que se evidencia en cualquier año analizado desde comienzos de la década. La cuestión es que la mayor parte de las estadísticas registran cifras muy inferiores a la realidad delictiva debido a una variedad de causas. Sistemas poco depurados de recolección, falta de medición e intercambio de información entre los distintos organismos, sub-registro, incompatibilidad de fuentes y carencias de series comparativas, por lo que puede plantearse que actualmente las cifras expresan no tanto la criminalidad real sino la capacidad de los sistemas oficiales de captar dicho dato, y ciertamente la misma parece muy limitada.
5. En conclusión:
a) La falta de una política de estado en materia de seguridad es el desafío central al finalizar el 2005.
b) La segunda cuestión es el debate ideológico, que impide el abordaje de las situaciones más urgentes y la definición e implementación de políticas públicas sostenidas.
c) Como tercera se encuentra la corrupción, que no permite que las instituciones centrales en la lucha contra el delito tengan la transparencia y eficacia que la situación demanda.
d) Finalmente la inconsistencia que muestra la información criminal oficial es el cuarto elemento, ya que sin datos consolidados difícilmente podremos elaborar un adecuado diagnóstico para enfrentar la criminalidad y menos aún monitorear y reformular si es necesario las políticas en curso.

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