Permiso para entrar (3 al 10 de junio 2005)

El otorgamiento de la visa –o su revocatoria- es una decisión discrecional del Estado al que le han solicitado ese documento. Como en los hoteles y restaurantes, los países también se reservan el derecho de admisión.
Hay países a los que la gran mayoría de las personas no tiene un gran interés por visitar. Entonces, vemos a sus gobiernos diseñando políticas para atraer a los turistas e inversionistas, ofreciendo entre otras cosas la facilidad en los trámites para el permiso de entrada.
Pero hay otros que sí tienen grandes atractivos: ofrecen bienestar a sus ciudadanos, seguridad, poseen bellezas y buenos servicios o, simplemente, dan al visitante la posibilidad de invertir y ahorrar sin sobresaltos. Por eso es de preocuparse cuando los gobiernos de esos países deciden revocar la visa a un eventual visitante. De alguna forma, el mensaje transmitido es que la persona es “indeseable”, y por eso no conviene que entre a su territorio.
La revocatoria del permiso de entrada a Estados Unidos para el presidente del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, abogado Omar Mora, tiene ese significado. En este caso hay que hacer la distinción –por demás obvia- de que Mora ya tenía un permiso vigente desde el año 2000, para entrar en calidad de turista. Por lo tanto, no era la primera vez que viajaba a ese país.
Cuando una persona falla en su primer intento de obtener visado estadounidense es porque la declaran “no elegible”. Esto sucede generalmente cuando el funcionario consular que la atiende determina –a veces en forma caprichosa- que el solicitante no tiene lazos suficientemente fuertes con su país de origen, y por lo tanto podría constituirse en un inmigrante.
Pero el caso de Mora es diferente, y por eso levantó tantas suspicacias. El propio magistrado se encargó de informar que había recibido un correo electrónico del representante de la Unidad de Prevención del Fraude de la embajada estadounidense en Caracas, Tesalio Martin, dirigido inicialmente a los empleados de líneas aéreas, en el que notificaban la cancelación de la visa.
El e-mail de Martin no da razones para esta decisión. Pero es evidente que en virtud del funcionario que la participa este caso es totalmente distinto a otros de reciente data, como el del máximo líder opositor salvadoreño Schafik Handal, perteneciente al grupo Farabundo Martí de Liberación Nacional, o el del general de división retirado venezolano Enrique Medina Gómez. En ambas oportunidades prevalecieron razones de orden político.
Luego de los ataques contra el Centro Mundial del Comercio en septiembre de 2001, Estados Unidos endureció su política migratoria. El Servicio de Inmigración y Nacionalización (INS) de ese país fue uno de los primeros despachos en ser reformados durante los días inmediatos a esa fecha, cuando se conoció que tres de los secuestradores de los aviones comerciales estrellados en la Torres Gemelas y en el Pentágono obtuvieron permiso para residir allá. Las notificaciones respectivas llegaron por correo a direcciones del estado de Florida luego de los atentados terroristas. Debido a esto, el presidente estadounidense George W. Bush eliminó el INS y sus funciones fueron asignadas al Departamento de Seguridad Interna.
Ahora, el visado en EE.UU. no sólo viene a ser una primera barrera para impedir la entrada de indeseables sino que también es una herramienta de la estrategia en materia criminal y antiterrorista. Esto lo reveló el embajador estadounidense en Honduras Larry Palmer cuando declaró que sería revocada la visa a los gerentes y propietarios de bancos quebrados en forma dolosa. El sentido de la medida es evidente: al no poder presentarse en los bancos se dificulta para los afectados el manejo de los fondos que tienen depositados en cuentas personales o a nombre de testaferros.
Estas medidas restrictivas generalmente van acompañadas de otras que impiden las transferencias mediante órdenes a distancia. Según Palmer, de esta forma se dificulta el lavado de dinero y el manejo de recursos obtenidos mediante actos de corrupción.
Mora tiene la potestad de apelar la revocatoria de su visado. Pero esto pondrá al presidente del Poder Judicial venezolano en el trance de acudir como un ciudadano más a las taquillas del consulado estadounidense en Caracas, y aportar allí toda la información que le sea solicitada. De lo contrario, la medida quedará firme.

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