El diccionario define el vocablo “política”, como aquellosasuntos que interesan al Estado, mientras que “criminal”, es aquello relativoal crimen, al delito. Si conjugamos estas palabras, encontramos entonces quepolítica criminal tiene que ver con aquellos asuntos que en relación al delitointeresan y en este caso interesan al Estado.
El ciudadano, por lo general, discute poco con el Estadoacerca del cómo. Más bien, su interés se dirige al qué. El ciudadano aspira yespera recibir de los servicios que el Estado está obligado a prestarle. Elprincipio se distorsiona cuando el Estado, mediante sus gobiernos, se vuelveintervencionista, participa activamente en todo el quehacer nacional, lo cualconduce a la disgregación de sus tareas y ocupaciones produciendo en últimainstancia ineficiencia para esa obligación de servicios.
Junto con otros asuntos deinterés gubernamental, como la salud, la educación, la vivienda, otros, losproblemas de criminalidad deben constituir el ser del Estado. Evaluar, planificary administrar tales asuntos configuran en esencia lo que los ilustradosllamaron “ el bien común”.
Evidentemente los estilos paraabordar estos problemas varían de acuerdo al modelo orgánico de la sociedad. Elobjetivo en sí es igual: sólo varían las estrategias. En el aspecto deseguridad, el Estado deberá realizar los esfuerzos necesarios para producirefectos positivos en la ciudadanía, mejorando la calidad de vida y permitiendorescatar la confianza, materializada a través de desarrollo de una políticacriminal de carácter específico y consecutivo.
La tendencia es confundirprevención con represión. La praxis social conduce a pensar que los resultadosde la represión son más efectivos, cuando lo cierto es que son solo másefectistas. Hacer prevención es un esfuerzo mayor, es definir los lineamientosa seguir, es pautar las estrategias, es conceptuar las políticas. Sin embargode toda esta realidad no es culpable la policía como han querido informaralgunos, pues no corresponde a esta “remover la causa de la perturbación” queen últimas tiene el denominador común en el profundo desnivel económico en quese encuentra nuestra sociedad y que no puede ser ajustado mediante medidaspolicivas, ni con el estado de sitio. En consecuencia, mientras que a la policíacompete prevenir, por ejemplo, desórdenes durante una manifestación por lacarestía, sería obligación del Estado transformar la organización económica ysocial con reformas y controles capaces de suprimir los desniveles que originanesa carestía, mas no aupar esos desniveles.
La prevención es la etapainicial, donde se generan los modelos a seguir, se evalúa el posible resultadoy en definitiva se gestan las políticas, que surgen del estudio y el análisisde las estadísticas de la criminogénesis; se apoya permanentemente en losplanes de la nación y orienta al Estado en la metodología para abordar elproblema, definiendo las responsabilidades de las policías uniformadas y lasjudiciales o instructoras, contribuyendo a aclarar la confusión que existe a lahora de definir los campos de actuación.
Las policías uniformadas nacencon la idea fundamental de la protección abierta a personas y bienes, medianteplanes y programas de patrullaje y apoyo al ciudadano. Definidasapriorísticamente en la etapa de la prevención, realizan control solamentecuando el delito es manifiesto. El orden público constituye una tareapreponderante de la actuación de las policías uniformadas, que deben de contarcon una logística suficiente para tal fin, como pieza fundamental en laejecución de los planes y políticas de prevención en la sociedad.
Por contrapartida, las policíasjudiciales o instructoras son el elemento de control. Aun con las políticas deprevención y su aplicación en la protección del ciudadano y los bienes, lacomisión del delito puede y de hecho se produce. En ese momento, el colectivosocial exige y reclama que se establezca el responsable o responsables, lo querequiere del esfuerzo de policías técnicamente equipadas con recursoscriminalísticos, a veces conjugados a las tareas de inteligencia.
Resaltando que a pesar de laimportancia geopolítica del país, el interés táctico que despierta en materiapetrolera y minera y los inevitables conflictos fronterizos vecinales, hahabido escaso desarrollo de la inteligencia policial. La que existe encuentrasus orígenes en un estadio dictatorial donde los recursos de la información sedestinaban, principalmente, a detectar subversión y complots contra elgobierno. Ya en la era democrática, en sus primeros años, los servicios deinteligencia estaban sumamente abstraídos con los movimientos guerrilleros.Consecuencialmente, hoy las policías de inteligencia se desviaron también atareas no de seguridad de Estado sino más bien a seguridad de Gobierno. Estacarencia de perspectivas ha distraído las oportunidades de actuación en casoscomo los extranjeros ilegales, guerrilla, narcotráfico, secuestros, corruptos,venta de armas y los procesos de integración regionales, entre otros; Hubieranservido para orientar al Gobierno a tomar decisiones en pro de la seguridad delEstado, afianzándose así un marco de seguridad jurídica y social.
Contar con defensa en caso deproblemas judiciales en razón a la actuación policial, disponer de programas desalud, educación y vivienda que garantice al funcionario y a su familia notener que compartir o convivir con la marginalidad y no verse obligado ahumillarse ante el abuso de poder es la razón. Obviamente lleva intrínseco,además de una profesionalización constante, la voluntad política de dotar delos recursos necesarios para disponer de una seguridad jurídica y social, tantoa la policía como a la ciudadanía.
Todo lo anterior se afianzaríacon la existencia de un régimen de sanciones orientadas a resarcir al colectivosocial más que al castigo corporal, de la mera privación de la libertad queconlleva a dos factores concominantes, el hacinamiento del sistemapenitenciario y en segundo termino a la mezcla de delincuentes primarios conotros de larga trayectoria criminal. En este esquema el costo de la punición esaltísimo para el Estado. Por tales motivos se debe pensar en un sistema quecontenga un proceso productivo en sí mismo, a través de trabajos comunitariosque por un lado, descargarían el costo del Estado, evitaría el contagio y mantendríaal penado dentro de la sociedad, de manera productiva.
Todo lo expuesto carecería devalidez si adolece de otro conjunto mayor de políticas de Estado, como acentuarel proceso de descentralización de hábitat urbano con eficientes programas deurbanismo que racionalicen la utilización de las actuales zonas marginales ocordones de miseria que circundan las ciudades. Un control eficiente, conpolíticas claras que definan nuestra voluntad a recibir extranjeros pero quenos obligue a impedir la estadía en el país de aquellos q
ue carecen dedocumentación legal.
Programas educativos que informeny ayuden a las nuevas generaciones de manera integral formando ciudadanos noenciclopedias humanas. En materia sanitaria convendría establecer estrictoscontroles de nacimientos, que aunque impopulares a corto plazo, permitirían unamejor planificación a futuro. Dichos controles deben contar con una asesoriaeficiente a través de programas especiales.
Este conjunto de ideas constituyesolo un acercamiento primario para la ejecución de una política criminalmoderna, concebida como parte de los planes de la Nación y naturales a todoproceso político que nos permita entender el fracaso en materia criminal, asícomo porque el Estado ha sido ajeno a los asuntos que le dan razón de ser y quehan conducido a una situación donde el ciudadano ha perdido perspectivas desolución.
Gerenciar la política criminaldebe ser el esfuerzo mayor, alejándose de las ideas incrementalistas con maspolicías, mas patrullas, mas, mas. Calidad en vez de cantidad es lo requerido,tanto en el análisis, como en la metodología para abordar el problema.
Diario Economía Hoy– 07/Julio/ 1992