En 1998 durante una conferencia del grupo Habitat, una dependencia de la Organización de Naciones Unidas, se estableció que al nacer el nuevo siglo la violencia tendría un carácter eminentemente urbano. Según los cálculos de esa institución, más del 60% de la población mundial tendría conocimiento directo o sería víctima de algún hecho delictivo. Y todos serían en ambiente citadino.
Han pasado 6 años desde entonces y la situación no sólo no ha cambiado sino que se ha profundizado. Esto constituye de por sí un llamado de atención en torno a la necesidad de aplicar planes consistentes de prevención del delito. Siempre es bueno recordar que las conductas delictivas, por su propia naturaleza, son factores que atentan contra la cohesión social y en la medida en que se generalizan disminuyen la calidad de vida de las comunidades.
Un enfoque, que paradójicamente podríamos llamar reactivo, intenta poner en práctica estos planes de prevención cuando ya la delincuencia se ha apoderado de las calles. En ese momento, la gente se preocupa, empieza a quejarse ante las distintas instancias gubernamentales y toma medidas para intentar que los hampones no entren en sus casas. En unas oportunidades han tenido éxito. Pero estas son pequeñas victorias en medio de una situación generalizada de inseguridad. Por ejemplo, la Coalición para Unas Comunidades más Seguras, sociedad no gubernamental creada en el distrito canadiense de Columbia señaló en su página de Internet que la prevención del delito “debe estar enfocada ante todo hacia la comunidad local o hacia el barrio”.
“La comunidad local es la unidad organizadora más eficaz, obvia y natural para la prevención del delito puesto que, debido a sus propias características, puede determinar cuáles son las principales necesidades en materia de prevención y qué puntos fuertes y débiles deben ser tenidos en cuenta para la elaboración de una respuesta a los problemas de delincuencia local. No obstante, la acción de la comunidad sólo resultará eficaz dentro de un marco más amplio de reformas de la política social y legislativa y siempre que se asuma el compromiso de dotar a la comunidad de los recursos necesarios para la prevención”, explicó un documento divulgado por la coalición.
Como señalamos, este enfoque parte de que ya el problema está planteado. Pero hay otro modo de abordar el asunto, que podríamos denominar proactivo, e intenta generar ambientes urbanos de seguridad desde el momento mismo en que están siendo erigidos. En el Condado de Miami-Dade, una oficina ligada al departamento de policía se ocupa de aconsejar a los ciudadanos en torno a cuál sería la configuración más segura para sus condominios, no sólo en términos de la protección ante eventuales ataques delictivos sino también en lo relacionado con la posibilidad de que los inmuebles sean afectados por contingencias naturales tales como huracanes e inundaciones. Se llama el Servicio de Inspección Pre-compra.
El problema con ente enfoque es que no siempre la gente está en condiciones de escoger el lugar donde van a vivir. Simplemente, los individuos llegan allí por razones diametralmente distintas a las de seguridad, como son la necesidad de tener un techo de la manera más expedita y económica. De otra forma no se explica cómo en las grandes urbes latinoamericanas hay comunas, favelas o barriadas en las condiciones de seguridad más precarias. Es por esto que Manuel Santana, de la Organización de Rescate Caracas, destaca el papel del Estado en la evaluación y posterior gestión de los riesgos para lograr el bienestar de las comunidades.
Aquí, como en otros aspectos de la vida, las soluciones intermedias pueden ser las más sabias y realmente aplicables.