Seguridad ciudadana

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Para abordar el tema de la seguridad personal debemos partir de una premisa realista: la inseguridad ciudadana es un hecho directamente relacionado al tipo de crecimiento deforme que han tenido las sociedades, y esta abarca – como se observa en el plural – no solamente a la sociedad venezolana o latinoamericana sino que se manifiesta en naciones cuyo nivel de desarrollo podría haber minimizado el problema, pero que obviamente, a la luz de las informaciones y estadísticas que se manejan, no lo han logrado.

La visión realista de este problema nos debe llevar a la posición de enfrentarlo con actitudes que tiendan a una apropiada conducción de los factores que le conciernen, para con ello lograr, consecuencialmente, los efectos prácticos que reflejen una reducción sustancial de los hechos delictivos atinentes a la seguridad personal.

Seguridad Ciudadana, una aproximación al tema.

La seguridad es un estado de ánimo en el hombre; una necesidad primaria sicológica; es la esencia del funcionamiento del ser humano, objetivo de vivencia y supervivencia; una cualidad tangible, cambiante, mejorable o empeorable.

En las sociedades democráticas la seguridad es un derecho constitucional. Toda sociedad aspira a que el Estado le asegure la protección, el derecho a la vida, a la libertad, a la paz social, al bien común, a la seguridad.

El hombre siempre ha estado expuesto a riesgos de todo tipo: fenómenos naturales, fuego, enfermedades, accidentes, riesgos técnicos y tecnológicos, agresiones y delitos. Con el transcurrir de los años estos riesgos y amenazas van cambiando y adaptándose al medio; es por ello que los riesgos a los cuales estamos sometidos los hombres de la sociedad moderna no son los mismos de los siglos anteriores, tomando en cuenta el desarrollo de las telecomunicaciones, el manejo de las informaciones y la globalización a todos los niveles.

A lo largo de la historia siempre ha existido el delito, el cual no es un simple problema de orden público sino un fenómeno económico y social. Para contrarrestarlo se necesita de las acciones del Estado y el permanente apoyo de la ciudadanía.

En una sociedad sana, gobernantes y ciudadanos deben esforzarse por mantener núcleos familiares fuertes donde se enseñe a los hijos los valores morales, de respeto y convivencia. Este aprendizaje deberá ser reforzado en las escuelas, donde no deben limitarse a ilustrar a los alumnos sino a darles una verdadera educación. También se necesita el aporte de las comunidades y de los medios de comunicación, para crear un ambiente desprovisto de mensajes y actitudes violentas.

Todos estos factores, aunados a las políticas de prevención del delito, intervención oportuna de los cuerpos policiales, aplicación de sanciones y cumplimiento de las leyes, crean un ambiente propicio para la convivencia pacífica de los individuos dentro de la sociedad.

La seguridad es el objetivo y, la prevención y la protección, son los medios para conseguirla. Garantizarla es una de las principales responsabilidades del Estado y de los gobiernos centrales, regionales y municipales.

LA SOCIEDAD DEL RIESGO

A menudo oímos decir que el miedo nos inhabilita, ello produce cambios de conducta que son más onerosos que el riesgo, de esta manera el temor a la inseguridad puede tener efectos más importantes que el propio riesgo.

Según el catedrático Amando de Miguel, debemos diferenciar tres niveles y dos tipos de riesgos.

Los niveles son: cognitivo (riesgo que se asume), valorativo (preocupación que causa ese riesgo), y afectivo (miedo).

Y los tipos son: los de la delincuencia a otras personas o la victimización de uno mismo.

Por ello expresa que la seguridad nace derivada de la existencia del riesgo y por lo tanto, la causa que justifica su planteamiento es un objetivo y no un medio.

Constantemente los especialistas reflexionan y discuten sobre la mejor manera de controlar los ataques antisociales (agresiones, secuestros, robos, hurtos, atracos, fraudes, estafas, terrorismo y otros) y, mientras tanto, siguen ocurriendo estos hechos; por lo que hay que incorporar las más avanzadas tecnologías existentes en el mercado así como la formación de profesionales en el área y la concientización de los ciudadanos para la autoprotección.

Por eso decíamos que son medios, el desarrollo de la prevención y la protección como base de la contraposición que hay que hacer ante la existencia de amenazas y como planteamientos de protección para las personas, instalaciones y bienes.

LA VIOLENCIA

Al esquema presentado se le agrega un nuevo factor producto de una conjunción multifactorial y es el de la violencia, la cual hoy en día es catalogada por la Oficina Panamericana de la Salud como un problema endémico y de salud pública.

Los niveles de violencia en nuestras ciudades se han incrementado sostenidamente por lo que resulta impostergable su abordaje a partir de sus múltiples causas.

La situación de violencia reinante ha originado un estado de opinión, y conductas individuales y colectivas que son reforzadas por los medios de comunicación social, los cuales, en algunos c
asos, exageran y dramatizan la realidad de los hechos, bajo un criterio mercantilista y no educativo, aunado a las variables de desempleo, sub-empleo, pobreza y falta de oportunidades.

Hoy en día vivimos una “cultura de la violencia” que se ha producido por el desbordamiento de la delincuencia, la exaltación que de ella se hace y la sensación de inseguridad que se nutre no sólo de causas reales, sino también de las proyectadas. Estas últimas son el resultado, entre otras causas, de una deformación de los valores y de una programación que transmiten los medios de comunicación con escenas de violencia, sexo y promiscuidad.

Se ha generado una situación en la cual el Estado y la sociedad civil actúan separadamente, descoordinadamente en la búsqueda de soluciones, ejemplo de ello lo constituyen la actuación de vecinos cerrando calles, el auge de las empresas de seguridad y el aumento de portes de armas personales.

El Estado ante esta situación reacciona mediante respuestas epilépticas y espasmódicas que pretenden generar resultados en el menor tiempo posible. No se busca neutralizar o aminorar las causas que dan lugar en estos momentos a la generación de un número creciente de delincuentes, sino se busca controlar su proporción mediante la represión demostrando que el estudio de las causas del problema no constituye una prioridad.

QUÈ HACER

En Venezuela, la inseguridad personal es un problema que nos afecta a todos por igual, y aún no se ha elaborado una política sostenida que aborde sus múltiples causas logrando una solución satisfactoria del mismo.

La inseguridad, como realidad objetiva y percepción subjetiva, constituye la mayor angustia de los venezolanos en los últimos 15 años. Los niveles de violencia en nuestras ciudades se han incrementado de manera alarmante frente a la mirada indefensa del ciudadano común.

El aumento de la delincuencia es el mayor exponente del caos social en el cual vivimos, resultado de la falta de políticas coherentes que se ocupen de aspectos como la atención a las familias y a la infancia abandonada, las fallas a nivel educativo, la falta de atención en el aspecto de la salud y seguridad social, equivocadas políticas penitenciarias, falta de sanciones y aplicación de castigo ante los hechos delictivos, reeducación y reinserción del delincuente en la sociedad.

Se han elaborado muchos planes. Los cuerpos policiales se han diversificado, se han dotado de insumos y equipos para su trabajo pero todo esto se ha hecho de una manera poco ordenada y perdurable en el tiempo, con la obtención de muy bajos resultados.

La visión realista de este problema nos debe llevar a enfrentarlo con actitudes que tiendan a una apropiada conducción de los efectos que le conciernen, para con ello lograr los efectos prácticos que reflejen una reducción sustancial de los hechos delictivos.

La democracia corre un riesgo a causa de los altos índices de inseguridad y la impunidad que sentimos los ciudadanos ante la falta de sanciones frente a los hechos delictivos. El hacer cumplir la ley se ha convertido en un ideal inalcanzable. Todo es una cadena de acontecimientos que comienzan con la deuda social acumulada que tiene el Estado frente al ciudadano, el cual ha sido estafado y está totalmente indefenso.

Frente al creciente auge de inseguridad debemos empezar a dar soluciones, entre las cuales podemos proponer principalmente:

Formulación de políticas sociales que abarquen desde la planificación familiar, la niñez abandonada y la paternidad irresponsable junto al aspecto empleo y vivienda. Formulación de políticas educacionales: mejoras en las escuelas, mejor entrenamiento de los docentes, desarrollo de centros de adiestramiento en actividades artesanales, agrícolas, pesqueras u otras, dependiendo de la zona; mayor control sobre programas de televisión en los cuales se transmiten mensajes de violencia, frivolidad y facilismo; coordinación de actividades deportivas y culturales permanentes que canalicen el ocio juvenil. Formulación de políticas policiales: en el plano de control de la marginalidad y del ingreso indiscriminado de extranjeros; desde el punto de vista operativo, en cuanto a la instalación y equipamiento material y humano de las policías que permitan las labores de represión formal y de tareas de inteligencia, así como de patrullaje de carácter preventivo. También se recomienda la creación de un teléfono o sistema único de emergencia todos los días las veinticuatro horas; así como el apoyo y estímulo de la autoprotección vecinal y descargar labores de vigilancia y prevención primaria en auxiliares de autoridad (vigilantes privados); crear un sistema nacional de información sobre robo, recuperación y desmantelamiento de vehículos; crear un Archivo Nacional Criminal, que incluya faltas y transgresiones de menores; para lograr un efecto adecuado de todas estas medidas es necesario que sean promulgadas leyes tales como: Ley Orgánica de Policía, Ley de Eximentes o libertad bajo fianza, Ley de Carrera Policial, Ley de Seguridad Rural y Ley de Peligrosidad Social, Ley sobre Armas y Explosivos. Formulación de políticas judiciales: tanto en materia procesal como penitenciaria. Promover, con apoyo de la Alianza Social por la Justicia, mecanismos alternativos de resolución pacífica de conflictos mediante campaña nacional para la implantación de la Justicia de Paz y del Arbitraje Comercial. Acordar con la Dirección Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia y con la Fiscalía la creación de un sistema de guardia permanente de servicios de justicia penal (integrado por jueces, fiscales y defensores públicos) y publicación de turnos en medios de comunicación. Realizar, con apoyo de la Alianza Social por la Justicia, un censo nacional de población penitenciaria como parte de la creación de un sistema automatizado de información en el área.

Promover experiencias pilotos con la empresa privada sobre programas de producción con la participación de penados.

Inicia
r la automatización de los procesos y bancos de datos documentales de Registros y Notarías.

Incorporar la seguridad en los Planes de la Nación, aumentando el presupuesto destinado al sector, en el año 2.002 no llegó al 2% del total nacional. Es necesario crear conciencia de la necesidad de establecer un megaproyecto de seguridad; el país político y nacional tiene que unir esfuerzos para derrotar la subversión delictiva, que actualmente adolece en Venezuela y emprender nuevos rumbos hacia una vida mejor, donde se establezca una política antidelictiva y se cumpla, porque hoy por hoy la impunidad está estimulando la delincuencia.

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