Seguridad: la gran prioridad

La extensión de la violencia en nuestro país no excluye anadie. Todos, absolutamente todos somos víctimas de la inseguridad. Es lainocencia abaleada, ante el asesinato de muchos niños. Son las relaciones socialesafectadas, por cuanto vivimos como rehenes, encerrados entre rejas, en nuestraspropias casas. Es la vulneración delderecho a la educación, a la recreación, al libre desplazamiento. Es salir atrabajar con el miedo como acompañante.

En la práctica estamos padeciendo las terribles consecuenciade una guerra entre bandas delictivas que se disputan un mercado que movilizadiariamente cantidades multimillonarias de dinero de origen ilícito.

Un primer elemento que debemos tomar en cuenta es laseguridad social integral, el respeto a los derechos humanos en sentidoplenario, vale decir, alimentación, vivienda, salud, empleo. Entre los agentesprovocadores de la inseguridad se encuentra la descomposición social, queincluye la descomposición familiar. Los cambios negativos en los roles depadres y madres, de la autoridad familiar también inciden sobre el crecimiento de la violencia.

El Estado, indiscutiblemente, tiene responsabilidad en estasituación. Los Poderes Públicos deben actuar con prontitud, con urgencia, concarácter de emergencia. Y no se trata sólo del ámbito nacional, sino también delas regiones y municipios. La práctica de “lanzar el judas prendido” debedesaparecer, y cada cual asumir las funciones que les fueron confiadas por elpueblo.

Si bien los programas sociales no tienen el tamaño de losgrandes edificios ni el kilometraje de las grandes avenidas – no desconocemossu necesidad- si tienen grandes alcances sobre la seguridad ciudadana. Estiempo para que los gobernadores y alcaldes, las comisiones legislativas y losconcejos municipales discutan, aprueben y ejecuten una política social integraldirigida al mejoramiento de la calidad de vida de las familias.

No nos cansaremos de insistir en la necesidad de consolidary profundizar los servicios sociales. Pero no sólo es la función de protección– como tampoco políticas populistas y clientelares- sino que debe iniciarse enlas regiones y municipios una jornada de promoción social, mejorando la calidadde los servicios y facilitando la integración de la mayoría de ciudadanos yciudadanas. Los servicios socialesdeben dejar de ser templetes electorales, que alegran por pocos días y seolvidan por largos años.

La inseguridad igualmente está vinculada al problema deltráfico y consumo de drogas, llámense lícitas o ilícitas. Socialmente esaceptado el consumo de cigarrillos y bebidas alcohólicas e ignoramos quetambién causan problemas de salud y de violencia. La combinación nociva debebidas alcohólicas (consideradas los tóxicos de inicio) con drogas como la marihuana, la cocaína o la heroína, está presente ensituaciones violentas.

La familia juega un rol de primera instancia en el problemade las drogas. Hemos escuchados a muchos padres alegrarse porque sus hijos noson consumidores, y no es para menos. Pero hay que estar también alerta con elnarcotráfico, capaz de reclutar jóvenes ansiosos del éxito fácil, de estar a lamoda en ropa y calzado, de viajar, de tener un carro o una moto. Corresponde ala familia resaltar y demostrar el valor de la educación, del esfuerzo y deltrabajo.

En este tema debemos reiterar la exigencia de la acciónpreventiva coordinada. Los gobiernos regionales y municipales, lamentablemente,no han colocado entre sus prioridades presupuestarias a las instituciones oficialesy sociales en materia de prevención contra las drogas. Ni siquiera un simplefolleto, una elemental cartilla llega a las Escuelas. En Aragua, no sabemos queha ocurrido como El Servicio “Aragua, Territorio Antidrogas” (ATAD), comotampoco con la Comisión Regional contra el Uso Ilícito de las Drogas.

Si bien lacoordinación de los esfuerzos de los Órganos de Seguridad es absolutamentenecesaria, es prioritario desarrollar una política social preventiva, con rangoen el orden de acciones gubernamentales básicas. Nos alegra el anuncio delMinistro del Interior y Justicia sobre el aumento de las partidaspresupuestarias para prevenir el delito.

Con relación a los medios de comunicación social,fundamentalmente la televisión, sin que ello implique una censura o unaautocensura, es conveniente revisar el contenido de la programación, muchasveces cargada de acontecimientos violentos. Experiencia como los concursos deconocimientos, demuestran que siempre para éstos hay un alto encendido deaparatos. Tendría una gran repercusión, si los empresarios de la TV se unencontra la violencia.

Creemos que la Seguridad debe ser declarada en emergencia,con el fin de facilitar o agilizar las decisiones que permitan disminuir elíndice delictivo en nuestro país, es decir, buscar las vías idóneas paraenaltecer la cultura de la vida.

La Asamblea Nacional, por su parte, debe agilizar ladiscusión del Código Penal, dado que el actual mantiene vigencia desde 1915. Nohay que hacer mucho esfuerzo mental para entender que muchos de los delitos quehoy sacuden a la sociedad no aparecen en las amarillentas página de estaoctogenaria ley.

Otra ley que requiere ser derogada y sustituida por una másmoderna. Adaptada a las exigencias actuales es la correspondiente a la tenenciay porte de armas. Es imperioso ejecutar el contenido del artículo 324 de laConstitución Bolivariana y en tal sentido la Fuerza Armada Nacional debepresentar una propuesta de ley sobre la materia, por cuanto el porte ilícito,el tráfico y la venta ilegal de armas, constituyen factores que se mueven en elperverso mundo de la violencia.

Del mismo modo, la Asamblea Nacional debe realizar algunosajustes en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), con el fin de mejorar lacapacidad de investigación de los cuerpos de investigación penal.

Un tema sobre el cual se ha insistido mucho y se ha avanzadomuy poco, por no decir nada, es con relación a la Policía Uniformada. Aunquelas palabras depuración, reestructuración y reorganización han sidopronunciadas, aún se escuchan reiterados relatos sobre abusos o mal uso de laautoridad policial.

Lamentablemente, la poca valoración que la ciudadanía tienesobre esta fundamental carrera, ha hecho de los ingresos, una especie detécnica de “agarrar al primero que sepresente”, soslayando los mecanismos de selección y evaluación que debenimperar en la captación de los funcionarios de seguridad.

Con la creación del Cuerpo Uniformado de Policía Nacional,cuya ley deberá discutir y aprobar la Asamblea Nacional, lo que se pretende escorregir todos los vicios e irregularidades existentes y establecer lascoordinaciones necesarias, que permitan el trazado de estrategias y eldesarrollo de tácticas, para alcanzar el éxito de la cultura de la vida.

Esta ley tendrá que establecer como operará la competenciaconcurrente con los estados y municipios. En todo caso, la única salida es uniresfuerzos. No se trata de un juego ni de una competencia deportiva. Si bajamosel ímpetu de la delincuencia, todos seremos ganadores.

La única parcela que debemos defender es la vida.

tablante@telcel.net.ve

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