Terrorismo y guerra (3 al 10 de diciembre 2004)

En su obra Cómo construir una bomba nuclear Frank Barnaby observa la existencia de dos grandes clases de respuesta al hecho terrorista: la que impone el modelo de justicia penal y la que deriva de ver el terrorismo como un acto de guerra.
En una sociedad abierta y democrática, es posible que ambas concepciones formen parte, por decirlo así, del “menú de respuestas” que el Estado tiene frente a los hechos terroristas.
El “modelo de guerra”, indica Barnaby citando a Peter Chalk, ve al terrorismo como una manifestación del conflicto armado revolucionario o de guerrillas, “y en el que la responsabilidad de la respuesta está ubicada en lo militar y en el uso, por ejemplo, de fuerzas especiales, ataques de represalia, campañas de castigo y el despliegue de tropas”.
En el otro caso, el hecho terrorista es visto como un crimen. Por lo tanto, la respuesta del Estado queda restringida a los límites de la aplicación del derecho penal: los responsables deben ser llevados a los tribunales y enjuiciados como si se tratase de delincuentes.
Tradicionalmente, la respuesta de los estados occidentales se inscribía dentro de los supuestos del segundo modelo, sin importar si se trataba de actos terorristas de origen interno o externo. En este sentido, por ejemplo, un Timothy Mc Veigh (responsable de la voladura del edificio Federal de Oklahoma) era tratado de la misma forma que los seguidores del jefe Omar Abdul Rahman (señalados de la voladura del Centro Mundial del Comercio en 1993). La excepción a esta norma tradicionalmente ha sido Israel, que ve los actos de terrorismo de origen foráneo como amenazas contra la estabilidad del propio Estado, y por lo tanto suele dar respuestas militares. Esto explica por qué las fuerzas de defensa de ese país utiliza armamento pesado contra emplazamientos civiles, a pesar de la crítica internacional.
Estados Unidos fue asumiendo progresivamente el “modelo de guerra”. Lo sucedido en este siglo en Afganistán y en Irak tuvo dos precedentes importantes en los 20 años anteriores. El primero fue en 1986, durante el gobierno de Ronald Reagan, quien ordenó el bombardeo de Trípoli (Libia) como consecuencia del atentado contra el vuelo 103 de Pan Am, sobre la ciudad escocesa de Lockerbie. El otro antecedente fue la respuesta dada el 20 de agosto de 1998 a las explosiones contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania. El presidente de ese momento, Bill Clinton, autorizó el bombardeo con misiles a los campamentos de Khowst, Afganistán, donde supuestamente permanecía el líder del grupo que había orquestado los ataques contra las representaciones diplomáticas, Osama bin Laden.
Fueron dos presidentes afiliados a partidos distintos. Pero sus respuestas frente a los atentados terroristas fueron similares. Y en ambos casos, fracasaron en su objetivo inmediato: Muammar Gadhafi y bin Laden sobrevivieron a las bombas. Del segundo se afirmó incluso que abandonó esa localidad dos días antes del ataque misilístico, lo cual revelaría además una severa falla de inteligencia.
Aunque parezca perogrullo, el problema con el modelo de guerra es que aparentemente se ha convertido en “el modelo” a seguir por las potencias. Por supuesto, las guerras las declara quien puede, no quien quiere. Pero no necesariamente todo el que puede hacerlo está obligado a enviar sus tropas en reacción a un ataque terrorista.
El problema de fondo, entonces, no pareciera ser la justicia sino la efectividad de la respuesta. Efectividad en doble sentido: para llegar a los responsables de los ataques, y para disuadirlos de ejecutar nuevas arremetidas. El modelo de justicia penal ha demostrado su eficacia para individualizar responsabilidades, pero no por eso ha parado los bombazos. En cuando al segundo modelo, pareciera muy temprano para emitir un veredicto. Pero diera la impresión de que es un absoluto fracaso. Bin Laden está libre, y continúa su jihad contra el mundo occidental.

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