La reunión esta semana en Washington de los zares de la droga de los países del continente americano representa simplemente la última charada de la guerra contra las drogas en curso. Año tras año, década tras década, los gobiernos anuncian sus últimas estrategias para el control de drogas, firman los últimos acuerdos bilaterales y multilaterales, y proclaman que la luz al final del túnel es más resplandeciente que nunca. Los latinoamericanos siguen diciendo que van a incrementar los esfuerzos para reducir la producción y la exportación de drogas ilícitas destinadas a los consumidores de otras partes del mundo. Y los norteamericanos siguen diciendo que van a incrementar los esfuerzos para reducir la demanda de drogas ilícitas en los Estados Unidos.
¿No se está cansando ya la gente de los mismos viejos argumentos, las mismas antiguas estrategias, las mismas promesas?
¿Cuántos miles de millones de dólares más queremos verter en este sumidero? ¿Cuánta más corrupción podemos tolerar? ¿Cuánta más gente tiene que morir? ¿Quién de verdad quiere ver a los soldados estadounidenses paseándose por Latinoamérica a la caza de cualquiera que haya tenido que ver con coca, opio o marihuana?
Quizás ya llegó el momento de decir: ¡Basta! Lo que se necesita son nuevas estrategias basadas en suposiciones francas y realistas.
Comencemos por hacer a un lado la retórica y políticas de la «no tolerancia» y la meta ilusa de sociedades completamente libres de droga. Aceptemos que las drogas se van a continuar usando y que no nos queda otra alternativa que aprender a vivir con ellas de modo que causen el menor daño, así como el mayor beneficio posible.
Reconozcamos que muchos, si acaso no la mayoría, de los «problemas de drogas» en el continente son el resultado no del uso de las drogas en sí, sino de nuestras políticas prohibicionistas: la violencia, la corrupción, el enorme comercio subterráneo, la desviación de cada vez más recursos para las agencias de justicia criminal y militar, el daño ecológico que causan los programas de erradicación de cultivos y la producción no regulada de cultivos ilícitos, el enriquecimiento y poderío de criminales organizados y no organizados, etcétera. El abuso de las drogas presenta enormes desafíos a nuestras sociedades, pero nuestro enfoque prohibicionista se ha revelado como extremadamente ineficaz, costoso y contraproducente.
Debatir la «prohibición» y señalar los daños que se desprenden de nuestras políticas prohibicionistas no es lo mismo que abogar por la legalización de las drogas. Se pueden reconocer los daños que causan las leyes prohibicionistas, e identificarlos como tales, sin que por ello se esté en consecuencia proponiendo la legalización como único enfoque razonable.
El enfoque más realista y sensato es actualmente el que se basa en los principios de la «reducción de daños»: la política que se proponga reducir las consecuencias negativas tanto del uso de las drogas como de su prohibición, reconociendo que ambas probablemente van a persistir por mucho tiempo. Así como la política que dirige sus juicios morales no al uso de las drogas per se sino a cómo los individuos y los gobiernos tratan a los seres humanos, cuando ellos están o no bajo la influencia de las drogas o de la histeria de la guerra contra las drogas.
¿Qué significa en la práctica «reducción de daños»? Primero, que los adultos que consuman drogas sin poner a otros en peligro, no deben ser objeto de persecución del gobierno, aunque las drogas sean marihuana, coca, heroína, ayahuasca, tabaco o alcohol. Segundo, que se trate con compasión y se les dé tratamiento médico a los adictos a las drogas, y no se les anatematice ni encarcele, independientemente de que la droga sea el alcohol o la cocaína. Tercero, que los recursos de nuestra justicia penal no se dirijan a los drogadictos y negociantes no violentos sino a los violentos y otros criminales peligrosos.
«Reducción de daños» significa el diseño de políticas planeadas para hacer más el bien que el mal, políticas que traten de anticipar las consecuencias de nuevas iniciativas políticas. De haber sido más previsores, los guerreros antidrogas de la década de los ochenta pudieron haberse dado cuenta de que el notorio escalamiento en los esfuerzos de interdicción reduciría las exportaciones de marihuana de Latinoamérica y el Caribe hacia Norteamérica pero a la vez le abriría campo al tráfico de cocaína, un producto que no sólo es mucho más compacto y por ello más fácil de introducir de contrabando, sino más lucrativo. Con un poco de previsión, hoy los actuales encargados de las políticas para las drogas podrían finalmente comprender que sus implacables esfuerzos para erradicar los cultivos de coca no tienen ningún impacto en los precios de la cocaína ni en el abuso de ésta en ninguna parte del mundo, y en cambio sí sirve para perpetuar un ciclo destructivo, perjudicial para el medio ambiente. Mejor sería, quizás, reconocer el papel especial que tiene la coca en algunos países de América Latina, y desarrollar políticas y mercados basados en el gran potencial de la coca como sustancia relativamente benigna.
La «reducción de daños» requiere que los gobiernos mantengan en sus políticas de control de drogas sus preceptos y objetivos de salud pública como aspectos centrales, y que se destierren los impulsos racistas o xenofóbicos que fomentaron leyes y sentimientos prohibicionistas a comienzos de este siglo. La prohibición de drogas en los países de América fue motivada tanto por un desprecio elitista hacia los indios en América Latina, como por sentimientos comparables hacia inmigrantes y ciudadanos de piel oscura en Norteamérica. Este tipo de sentimientos se puede apreciar todavía en el fondo de las guerras antidrogas contemporáneas. Estas no son, pues, una base legítima de política pública.
«Reducción de daños» significa mantener nuestras prioridades en orden: el «combate a las drogas» no justifica que se transforme a las sociedades civiles en zonas de guerra, o que se les dé más poder a las fuerzas militares y a los escuadrones paramilitares, o que se pongan los derechos humanos en segundo plano y el Estado de derecho en el armario. Las cruzadas no tienen sitio en las sociedades democráticas, no obstante en esto se ha convertido la guerra contra las drogas.
Es así que, nuestra sugerencia a los zares de la droga reunidos en Washington esta semana es: franqueza y objetividad en las discusiones. No se trata de legalización, sino de no dejar de considerar las opciones para reducir el daño que causan tanto el uso de las drogas como su prohibición. Y si el emperador de la guerra contra las drogas dice que no quiere saber nada al respecto, que alguien, por favor, se atreva a señalar que el emperador está desnudo.
