Un viajero embriagado sacó una hojilla portátil en pleno vuelo y estuvo a punto de ocasionar una tragedia de marca mayor. El sujeto, un cubano de origen español, había sido deportado en silencio por las autoridades mexicanas, y retornaba a Madrid. Tenía antecedentes por delitos de drogas.
No estaba en sus planes estrellar el DC-10 de Avianca contra alguno de los símbolos de la civilización occidental, sino expresar su ira por el obligado retorno a tierras europeas. No obstante, y como es lógico pensarlo, el pánico se apoderó de los pasajeros y parte de la tripulación. Otros ciudadanos, de acuerdo con las crónicas periodísticas, hicieron una barrera que impidió al enajenado acceder a la cabina del piloto. A la postre, lograron que el individuo depusiera su actitud.
Afuera, este incidente -pequeño, si lo vemos en perspectiva- activaba procesos que demuestran hasta dónde ha llegado la paranoia desatada en el mundo tras el 11 de septiembre. Dos cazabombarderos F-18, pertenecientes a la Aviación del Ejército español, enfilaron hacia la aeronave de uso civil y la obligaron a descender en una base militar cercana a Madrid.
Los voceros gubernamentales explicaron que esta medida (la intercepción de un vuelo comercial) forma parte de un plan de seguridad diseñado para impedir la repetición en España de los hechos presenciados en las Torres Gemelas de Nueva York, el Pentágono y Pennsilvania.
Esto revela cierta similitud entre la guerra al terrorismo y otra guerra, igualmente difusa y de alcances insospechados, como fue la declarada contra las drogas hace 20 años. Desde entonces, algunos países como Perú y Colombia se han tomado la libertad de derribar a las aeronaves civiles cuyos vuelos consideren «sospechosos».
La amenaza a la seguridad nacional que representaban –y todavía representan- el tráfico y consumo de drogas no ha tenido una expresión tan gráfica como la que tuvo el terrorismo en septiembre del 2001. Esto hace que la opinión pública sea proclive a apoyar medidas de fuerza que en otras coyunturas no respaldaría. El uso de una nave de combate contra un vuelo comercial comporta enormes riesgos. En el caso del vuelo de Avianca las cosas salieron bien. Fue el mejor escenario. ¿Qué hubiese pasado si, por ejemplo, se corta la comunicación entre el DC-10 y la torre de control? ¿Qué hubiese pasado si, aún estando comunicados, los pilotos no comprendiesen las órdenes que les impartía el dispositivo militar? Si este pobre hombre hubiese tomado el control del vuelo, ¿se justificaba derribarlo con un misil, disponiendo de las vidas de seres inocentes, en una medida netamente preventiva preventiva?
Al momento de analizar estos temas, debemos plantearnos el peor escenario. Así lo hacen en los estados mayores de los ejércitos. Los civiles, sin embargo, somos poco dados a este tipo de consideraciones. Llama la atención que las preguntas del párrafo anterior no hayan sido tratadas en los debates públicos y editoriales de la gran prensa española, en ese momento más pendiente del conflicto con Marruecos a cuenta de un islote ubicado al norte de Africa. Las discusiones, en cambio, se orientaron hacia temas algo más cosméticos, como el de quién debería costear el combustible utilizado por los F-18. Resulta absurdo pensar que el uso de un componente militar pueda ser financiado por factores distintos al propio Estado, para el cual esa institución ejerce el monopolio de la fuerza. Pero así vamos.
A pesar de las colosales pifias, seguimos teniendo una excesiva confianza en los dispositivos militares, rebosantes de tecnología pero todavía incapaces de amoldarse a las exigencias de los conflictos asimétricos. No olvidemos los civiles que errare humanum est. Hasta en las fuerzas armadas.
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