La fuente del crimen

Una de las características esenciales de toda democracia (aún aquellas que solamente están en el papel, pero no en los hechos) es el respeto al derecho a la información. No obstante, muchas personas que se dicen demócratas promueven actos y legislaciones que buscan restringir ese derecho, amparados en consideraciones relativas a la «salud del colectivo» y el resguardo de la «moral y buenas costumbres», cualesquiera que éstas sean.
Tal actitud responde a una vieja creencia según la cual los mensajes de divulgación masiva ejercen una extraña fascinación sobre el público, que lleva a un sector de él a reproducir ciertos tipos de conductas, eventualmente antisociales. Sobre esta premisa se ha erigido toda una escuela de la teoría de la comunicación denominada mímesis, término de origen griego equivalente a «imitación».
La noción de la mímesis sirvió de inspiración a Cervantes para describir el proceso psicológico sufrido por su Quijote después de leer bajo un sol inclemente de La Mancha una buena dosis de novelas de caballería. Quizá la sociedad occidental se tomó muy en serio lo que no era más que una magistral ridiculización de una tesis que ya existía para ese momento.
La teoría de la imitación, también conocida como «aprendizaje por observación» fue desarrollada por Albert Bandura y Richard Walters, en un avance de lo que ya había sugerido Gabriel Tarde a finales del siglo 19, en cuanto a que «somos más sociales en la medida en que intentemos lo inventado por un modelo prestigioso».
Hay otros desarrollos teóricos en torno al efecto de los medios: refuerzo, cultivo, catársis e indicios agresivos. Ninguna ha logrado tanta aceptación como la descrita anteriormente y, lo que es más importante, ninguna ha tenido una comprobación fehaciente y universal, basada en la aplicación de métodos científicos debidamente validados. Sin embargo, gobernantes y legisladores eventualmente apoyan restricciones a la emisión de mensajes, convencidos de que con ello contribuyen en la prevención de cierto tipo de conductas. Un caso típico es la prohibición a la difusión de películas o textos donde se refiera el consumo de drogas, lícitas o ilícitas.
Mucho se ha señalado que los delincuentes aprenden sus conductas antisociales de los mensajes de difusión masiva, especialmente los de televisión. Para decirlo de una vez, esta teoría no solo constituye una simplificación «quijotesca» del hecho delictivo, sino que también comporta peligros para la vida en una democracia donde se respeta el derecho a la libre expresión y acceso a la información. Por esta vía, además, el criminal en cierta forma se convierte en víctima de los estímulos mediáticos a los que ha sido expuesto durante el desarrollo de su personalidad.
En su obra Inside the criminal mind (Dentro de la mente criminal), el psiquiatra Stanton Samenow advierte que «al tomar la posición de que el criminal es una víctima, la sociedad lo provee de excusas para el crimen, y por ende apoya su argumento de que no debe ser culpado». Desgraciadamente, la tesis de Samenow no goza de mayor popularidad en los estratos decisorios, pues deposita demasiado peso en la responsabilidad personal y en la esencial racionalidad del hecho delictivo, y dejaría como meros adornos a buena parte de la burocracia estatal así como a organizaciones no gubernamentales de asistencia al delincuente.

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