Durante la última semana de julio una comisión conjunta de los comités de inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense presentó el reporte de la investigación en torno a la actuación de las agencias de seguridad de ese país con motivo de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Según la versión desclasificada de este documento, ya disponible en Segured.com, los objetivos de la pesquisa parlamentaria fueron: pasar revista acerca de lo que la comunidad de inteligencia de ese país sabía así como también lo que debía saber antes de estos atentados, los más importantes de la historia debido al número de víctimas y las consecuencias geopolíticas inmediatas; identificar y examinar los «problemas sistémicos» que pudieron impedir a las agencias conocer y prevenir tales hechos y, por último, hacer las recomendaciones pertinentes para mejorar la capacidad de detectar estos complots.
El texto es revelador. El propio comité parlamentario reconoció que antes de esa fecha ya disponía de «considerable evidencia» sobre los planes de la organización liderada por Osama Bin Laden para llevar a cabo ataques terroristas de importancia dentro del territorio estadounidense. Luego de la campaña militar contra Irak en 1991 y el primer atentado contra el Centro Mundial del Comercio en 1993, el líder de Al Qaeda había emitido dos fatwas o decretos religiosos, que primero autorizaron avanzadas contra las instalaciones militares de EE.UU. en la península arábiga y luego contra personal civil en cualquier parte del mundo.
Si bien la autoridad de Bin Laden como líder musulmán es discutible -fue expatriado por el régimen saudí y oficialmente rechazado en Sudán-, las fatwas eran un indicador de los objetivos inmediatos del activista antiestadounidense. Tres años después de las explosiones dirigidas contra las embajadas de Washington en Kenia y Tanzania (1998), vino la arremetida suicida contra el navío USS Cole (2000). En este contexto, indica el informe parlamentario, las agencias de inteligencia (CIA, FBI y NSA, primordialmente) no habían logrado por sí mismas un panorama general de los planes concretos de Al Qaeda, pero sí disponían de «varios fragmentos y piezas de información que, por lo menos en retrospectiva, son relevantes y significativas». Por ejemplo, la Agencia Nacional de Seguridad obtuvo evidencia de al menos 33 comunicaciones que indicaban la inminencia de una acción terrorista de gran magnitud dentro del territorio estadounidense durante el año 2001. Los congresistas entrevistaron a funcionarios de inteligencia quienes señalaron entre junio 28 y julio 10 de ese año que vendría un atentado «con consecuencias dramáticas sobre gobiernos y grandes bajas», y que más adelante habían advertido que los preparativos «fueron hechos (?) El ataque ocurrirá con poca o ninguna advertencia».
Pero quizá la gran lección arrojada por este reporte se refiere a la imposibilidad de mantener el trabajo de los despachos de inteligencia como si se tratase de compartimientos estancos. Los congresistas detectaron numerosas fallas en la diseminación de la información sobre las actividades de Al Qaeda entre los componentes de la comunidad de agencias. Esto indica que el sistema en realidad no operaba como tal, sino como un conjunto de piezas sin comunicación. Un indicador al respecto es que ni las autoridades de seguridad aérea estadounidenses ni los de la Unidad de Fundamentalismo Radical del FBI estaban al tanto del reporte que la propia policía de investigación había elaborado en Phoenix, con advertencias sobre los planes de estrellar una aeronave civil en el cuartel general de la CIA.
La investigación del Comité Conjunto de Inteligencia duró aproximadamente un año. En ese lapso fueron filtradas informaciones a la prensa según las cuales las propias agencias estaban entorpeciendo el trabajo parlamentario. Es probable por lo tanto que tras la divulgación del informe surjan nuevos datos para corroborar o profundizar en las conclusiones. Ya el gobierno de Estados Unidos hizo un reacomodo burocrático: aglutinó a todos los despachos bajo la égida del Departamento de Seguridad Interna. Esta medida debe ser vista con prudencia y escepticismo. Aunque parezca perogrullo, y dada la inevitable tendencia de las burocracias a ocultar sus propias fallas, la efectividad de esta decisión dependerá de los resultados visibles que arroje en el porvenir. Mientras tanto, Bin Laden sigue operando en algún lugar del sureste asiático.
