La desmovilización del Bloque Cacique Nutibara, perteneciente a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) es un importante paso en el camino empedrado hacia la paz en el territorio neogranadino. Pero este hecho debe ser colocado en su justa dimensión para prevenir vanas ilusiones.
La prensa de ese país calculó en 800 el número de paramilitares pertenecientes al referido bloque que depusieron sus armas en noviembre. Notable gesto este de la unidad a las órdenes de Giovanni Marín, alias Comandante R, un estudiante de derecho incorporado a la lucha armada. Quizá sea casual que esto suceda en Antioquia, la región donde el actual presidente colombiano Alvaro Uribe dio sus primeros pasos en el arte de gobernar hace tres lustros. Quizá no. Las relaciones entre éste y los paramilitares han sido señaladas -aunque no admitidas públicamente- por los periodistas Fernando Garavito y Joseph Contreras en una biografía no autorizada del mandatario.
Días después vino la pacificación de las Autodefensas Campesinas de Ortega, grupo que actuaba en la región del Cauca. Los recuentos periodísticos señalan que en total se han acogido al plan 2 mil 500 personas. Esto es aproximadamente el 20 por ciento del pie de fuerza de la organización comandada por Carlos Castaño y Salvatore Mancuso.
La consultora Stratfor señala de manera acertada que a pesar de tales hechos es poco probable que las AUC depongan sus armas por completo en el futuro cercano. Varios factores se juntan para inclinar la balanza hacia esta alternativa.
El desarrollo del Plan Colombia ha hecho de las fuerzas armadas neogranadinas las más poderosas de la región. Bajo el gobierno de Uribe ese país sudamericano ha sido el segundo receptor mundial de ayuda militar de Estados Unidos. Las tropas colombianas -aproximadamente 220 mil- son las más entrenadas y activas de todo el continente, en una movilización perenne debido al conflicto con los llamados “factores de violencia”. El crecimiento cualitativo que allí ha tenido el sector castrense ha dejado paulatinamente sin espacio a los paramilitares. Castaño dijo alguna vez que ellos habían salido a dar la batalla debido a la ausencia de las autoridades en buena parte del territorio colombiano. Ahora, con unas fuerzas regulares en expansión numérica y con recursos logísticos nunca antes disponibles, las AUC pierden su razón de ser.
Pero Washington también tranca el juego cuando incluye a los paramilitares en la lista de organizaciones terroristas y, lo que es peor, inicia juicios por tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos contra la cúpula de las AUC. El fundamento de estos procesos penales puede ser cierto, pero desde el punto de vista político es un error pues impide a los “paras” acogerse por completo a la pacificación. Despojado de sus armas, este grupo quedaría sin ningún elemento para negociar con Bogotá. Esta situación no será aceptable para los seguidores de Castaño, quienes -dicho sea de paso- no están convencidos del todo sobre la conveniencia del sendero escogido por su dirigencia.
Uribe tiene en sus manos una oportunidad preciosa para avanzar aún más hacia el logro de la paz en Colombia. Pero un movimiento en falso echaría a perder años de esfuerzo. Tendrá que negociar no solamente con los paramilitares sino también con otro radical: el inquilino de la Casa Blanca.
