Impunidad, delincuencia y linchamientos

A impunidad no sólo fomenta nuevos abusos, sino que también reduce la fede los ciudadanos en el Estado de derecho y contribuye a que aumenten losíndices de delincuencia y a que se produzcan linchamientos en Guatemala.Los linchamientos, que ya durante el gobierno de su predecesor habían alcan-zado niveles alarmantes, han aumentado todavía más durante el gobiernodel presidente Portillo. MINUGUAinformó de unos 347 incidentes entre 1996 y media-dos del 2001. En un 97,7 por ciento de los casos, nadie ha comparecido ante la justi-cia para responder de estos hechos.La justificación oficial es que los linchamientos son un fenómeno espontáneo quese produce cuando los ciudadanos agraviados, preocupados por los crecientes índicesde delincuencia, se toman la justicia por su mano y eliminan a presuntos malhechores.No cabe duda de que la población está muy preocupada por la incapacidad del gobier-no de controlar la delincuencia y que los linchamientos son en ocasiones actos impul-sivos, llevados a cabo por ciudadanos indignados. Sin embargo, existen indicios de quealgunos «linchamientos» aparentemente espontáneos fueron en realidad planeados e ins-tigados por grupos ajenos por sus propios intereses.Por ejemplo, los habitantes de una aldea cercana a la localidad turística de Chi-chicastenango, El Quiché, dijeron que un «linchamiento» ocurrido en julio del2000 fue en realidad una útil fachada para que ex miembros de una PACelimina-ran a ocho habitantes de la localidad que habían presentado una querella contra ellospor la masacre de sus familiares, cometida en 1993. Al parecer, los miembros dela PACactuaron con el respaldo de autoridades locales poderosas vinculadas al par-tido en el gobierno. La policía anunció que iba a pedir que se dictaran tres órde-nes de detención pero, según los informes, los cabecillas del ataque ya habíanhuido de la zona.6. La impunidad, la delincuenciacomún y loslinchamientos
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AMNISTÍA INTERNACIONAL78Igualmente, el linchamiento de un juez en Senahú, Alta Verapaz, en marzo del 2001fue descrito como una expresión espontánea del descontento local por la presunta faltade respeto de la víctima hacia las prácticas indígenas. Sin embargo, a una delegaciónde Amnistía Internacional que visitó Guatemala en junio del 2001 le dijeron que, enrealidad, aquel mortal ataque había sido motivado por los esfuerzos del juez de termi-nar con una banda de ladrones de automóviles controlada por poderosas figuras loca-les y nacionales, y también por las investigaciones del juez sobre la presunta corrup-ción de autoridades locales. Se iniciaron procedimientos legales contra tres campesinosindígenas, acusados de la muerte del juez.LA RESPUESTA DEL GOBIERNO: TOTALMENTE INADECUADAEn lugar de abordar los arraigados factores políticos, económicos y sociales que con-tribuyen a los elevados índices de delincuencia y al consiguiente aumento del númerode linchamientos, el Estado ha respondido a la preocupación de los ciudadanos con medi-das periódicas de emergencia, como una mayor presencia militar tanto en la capital comoen las zonas rurales, para «mantener el orden». Estas medidas son contrarias a la inten-ción de los acuerdos de paz, que pretendían desmilitarizar la sociedad guatemalteca.Las autoridades también han defendido la ampliación de la aplicación, imposicióny ejecución de la pena de muerte como respuesta adecuada a la preocupación públicaante los crecientes índices de delincuencia y a la pérdida de confianza en el sistema judi-cial. Esta respuesta también es totalmente inadecuada, especialmente cuando la penade muerte es impuesta por un sistema judicial tan corrupto e injusto como el guatemalteco.Incluso en los casos de pena de muerte es frecuente que a los acusados indígenas nose les proporcionen intérpretes (los procedimientos se llevan a cabo en español), y losabogados defensores han sufrido amenazas y abusos.

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